Fronteras

En las sociedades democráticas la solidaridad empieza por el cumplimiento de la ley, pues sin ley no hay sociedad ni democracia. Tampoco solidaridad, por lo que el Gobierno no puede permitir la agresión a los policías y guardias civiles que vigilan las fronteras de Ceuta y Melilla, lo que lamentablemente se ha convertido en una práctica habitual, que contribuye además a hacerles el juego a las mafias que, previo pago, transforman a los migrantes en mercenarios, cuando no en terroristas que atacan a funcionarios del Estado con cal viva, ácidos y excrementos. Así que el Gobierno ha hecho muy bien en expulsar a los 116 “sin papeles” adultos que han asaltado esta semana la valla de Ceuta, y lo mismo tendría que haber hecho con los 600 anteriores, si las autoridades marroquíes lo hubieran permitido. A todos ellos se les fichó y se les abrió expediente de expulsión con el asesoramiento de un abogado, lo mismo que le hubiera ocurrido a cualquier ciudadano español que hubiese agredido a un policía, con la diferencia de que al ciudadano español se le hubiera procesado por un delito de atentado contra la autoridad que conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses.  Quizá son cosas que haya que recordar, porque en España nos estamos acostumbrando a que, antes que las leyes, se aplique la demagogia. Pero de la aplicación de la ley –que no de un decreto-ley- resulta un mensaje mucho más claro que de cualquier twittería, y ni siquiera hace falta sacar a Pedro Sánchez en el avión presidencial tocado con unas gafas del tipo “soy el puto amo”. Y está también muy bien reforzar los lazos de cooperación con Marruecos y otros países subsaharianos para controlar los flujos migratorios, pero no estaría de más dotar de suficientes medios a los funcionarios que defienden nuestras fronteras, que es lo que actualmente hacen, aunque se defiendan de los ataques con escudos de plástico, cascos y porras. Y si no se trata de defenderlas, pues que las quiten. O hay fronteras o no las hay. Pero, si las hay, la primera obligación que tiene el Estado es la de velar por la seguridad de las personas, empezando por la de los funcionarios que las protegen. Porque también nos estamos acostumbrando a victimizar a quienes incumplen la ley, y ahí tenemos a Joaquim Torra, quejándose de “la opresión” del Estado del que cobra. Somos turistas de nosotros mismos, y extranjeros en nuestra propia casa.

IDEAL (La Cerradura), 26/08/2018