Meritocracia

Visto lo visto, en Granada las Administraciones públicas deberían dedicarse a otra cosa o, simplemente, desaparecer. Después de los bochornos sucesivos del Centro Lorca y del Patronato de la Alhambra, las instituciones presumen de “buscar un consenso” para elegir al director/a de ambos organismos. ¿Por qué no se convoca un concurso público? ¿Qué nos importan a los ciudadanos las afinidades políticas o sentimentales de las personas a las que vamos a pagar de nuestro bolsillo por realizar un trabajo para el que, como mínimo, deben ser profesionalmente dignos? Si esa persona le cae bien a A o a B, o si le debe o le ha hecho favores a B o a A, no nos interesa. ¿Está capacitada para gestionar la Alhambra o el Centro Lorca? Teniendo en cuenta quiénes son los patronos de estas instituciones podríamos pensar que no es ésa la cuestión, pero el director debería ser un profesional, y no un político que va pasando de cargo en cargo sin haber demostrado la más mínima cualificación académica o laboral. ¿No deberíamos conocer el currículo de nuestros responsables públicos, además de su declaración de la renta? ¿No se exige en cualquier entrevista laboral? ¿Por qué soportamos a responsables públicos que no son ni licenciados en Derecho? A las personas que trabajan con los derechos y libertades de los ciudadanos habría que exigirles la máxima formación. O por los menos que conozcan las normas básicas del ordenamiento jurídico. Si hoy día no pasarían de la primera entrevista para encontrar trabajo en una empresa, ¿qué hacen encabezando una lista electoral? Los políticos deberían representar a los ciudadanos, y no los intereses de partido. Pero los partidos y las Administraciones públicas en España no se han dedicado a trabajar por los ciudadanos, sino a crear redes clientelares que pueden explicar algunos resultados electorales repetidos desde la Transición. Una práctica que fomenta la mediocridad, la discrecionalidad y las asimetrías sociales. Al contrario, la meritocracia no debería aplicarse solamente para la contratación en la función pública. ¿Sería mucho pedir que en todas las organizaciones que trabajen por el interés público se aplicasen los mismos criterios? El supuesto carisma de las caras más visibles de nuestra política se parece más al de los participantes en programas como Supervivientes o Sálvame, pero nos da la medida de las personas que los apoyan, dentro y fuera de los partidos. Tan malo como el sectarismo puede ser para la gestión pública este tipo de consenso. Actualmente, el mayor mérito de nuestros políticos es su descrédito.

IDEAL (La Cerradura), 19/07/2015