domingo, 18 de febrero de 2018

Lenguajes


Mientras a Almería y Motril llegan nuevas pateras con los inmigrantes que han sobrevivido a la travesía, el Gobierno quiere que la Unión Europea pague a Marruecos para que controle mejor sus fronteras. La UE ya paga a Turquía con la misma finalidad, y España hace lo propio con Mauritania y Senegal, países a los que ha destinado 135 millones de euros de los fondos de seguridad del Estado. Además, España gasta anualmente muchos recursos para devolver a los inmigrantes a sus países de origen, que es uno de los principales elementos disuasorios que utilizan los gobiernos: frustrar una aventura que ha podido durar años, jugándote la vida. Pero cualquiera que conozca a un emigrante sabe que lo volverá a intentar, pues se trata de una cuestión de supervivencia. Éste es un problema real y tangible, en el que también están implicadas muchas ONG, cuya reputación ha caído en picado al conocerse las orgías organizadas en Puerto Príncipe (Haití) por cooperantes de Oxfam Gran Bretaña. Pero que la desgracia ajena sea un negocio no es nada nuevo, y sólo hay que pensar en la prostitución, tolerada en casi todos los países presuntamente civilizados. ¿No se sabe dónde están los puticlubs donde se explota sexualmente a muchas mujeres? ¿No se hace publicidad de esos locales? ¿Cuántos políticos o empresarios a los que se les llena la boca con la igualdad y el progreso habrán alternado en Don José? Sería curioso conocer a la pandilla de hipócritas que habrá pasado por ese local tan conocido en Granada, y que no por casualidad está junto a otros centros comerciales donde todo se compra y se vende, como a las mujeres. Tal vez habría que hablar más claro y decir la verdad, sin tener que recurrir a las simplezas de Irene Montero o Adriana Lastra. Lo que termina con la desigualdad es la cultura y la educación, lo que incluye las normas de las RAE, que no es una institución retrógrada, sino la que logra que nos entendamos. Un lenguaje común, comprensible por todos, los oriundos y los que llegan, que pueden acudir a un diccionario –el de la RAE sin ir más lejos- en caso de duda. ¿Podrá explicarle algún filólogo a un estudiante de español el lenguaje que utilizan nuestros políticos? ¿Tendrán que buscar a un traductor de esa pseudolengua poniendo de ejemplo los boletines oficiales de algunas Comunidades Autónomas? La política de verdad no entiende de géneros, ni siquiera de ideologías. Inclusión, sí. E igualdad, sí. Pero sin tanta palabrería.
IDEAL (La Cerradura), 18/02/2018

domingo, 11 de febrero de 2018

Incompetencias


La Administración pública española es como una hidra de tres cabezas que no paran de pelear entre sí. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales consumen una cantidad inaudita de recursos económicos cuya conversión en servicios públicos no siempre ve el ciudadano. Muy al contrario, los ciudadanos comprueban cómo pagan tributos a tres entes territoriales (en una clara doble e incluso triple imposición en algunos casos) que no se caracterizan precisamente por su eficiencia. Si tenemos en cuenta además que dichas administraciones están gobernadas por partidos políticos distintos, no es difícil comprender que cualquier desacuerdo entre ellas termine convirtiéndose en un lío mayúsculo. Con ese frágil equilibrio de fuerzas yuxtapuestas, ¿cómo aprobar unos simples presupuestos del Estado? Cuando el Gobierno central ya creía haber aplacado la rebelión catalana, el Partido Nacionalista Vasco –el principal apoyo a dichos presupuestos- sale con que quiere incluir el derecho de autodeterminación en el nuevo Estatuto. ¿No tienen suficiente con un régimen fiscal privilegiado y un cupo de difícil justificación? A España hace tiempo que el problema territorial se le ha ido de las manos, y es urgente reformar no sólo la Ley Electoral, como pretenden Ciudadanos y Podemos, sino también que volvamos a un Estado más centralizado en lo que se refiere a los servicios públicos fundamentales, que son la educación y la sanidad, que se han convertido en un foco de conflictos permanente entre las Comunidades Autónomas y el Estado, dando lugar a la creación de sucesivos fondos dentro de un sistema de financiación excesivamente complejo y opaco para la mayoría de los ciudadanos. Porque la pregunta importante es: ¿son mejores la educación y la sanidad que hace veinte años? Deberían serlo, si uno atiende al progreso económico de un país que presume de ser uno de los motores de la Unión Europea. Pero no lo son. Respecto a la educación, las Comunidades Autónomas se han preocupado más de adoctrinar a los ciudadanos en las cuestiones identitarias y nacionalistas –ya hemos visto el resultado en Cataluña- que de que tengan una formación básica, de la que se han eliminado el conocimiento, los cánones y la cultura clásica. Por eso ahora tenemos un montón de neoanalfabetos. Y qué decir de la sanidad, privatizada en mayor o menor medida según la comunidad en la que nos fijemos. ¿Alguien se acuerda ya de las manifestaciones en Granada? Más que un modelo federalista, haría falta que un partido político valiente planteara que dichas competencias volvieran al Estado. Lo mismo hasta ganaría las próximas elecciones.
IDEAL (La Cerradura), 11/02/2018

domingo, 4 de febrero de 2018

Distopía

Dos de los símbolos de la Granada económica, social y cultural, el Cubo y el Centro García Lorca, van a llevar las marcas comerciales de dos entidades financieras, Bankia y la Caixa. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es relativamente sencillo. Aunque a buena parte de nuestros políticos se les llene la boca con lo granadino, en realidad no sienten ningún respeto por la cultura y la historia de la ciudad, y no les importaría desmontar la Alhambra piedra a piedra si con ello satisfacen un interés personal o de su partido. Y qué decir de los trabajadores de la extinguida Caja y de la propia Bankia, zarandeados y utilizados como moneda de cambio, meros números de otra siniestra estadística. Queda la Fundación Caja Granada, llamada a sostener la obra social, y el Centro García Lorca, que quizá logre sobreponerse a la nefasta gestión de la Fundación que lleva su nombre y a un gigantesco ridículo, sólo matizado por el esfuerzo encomiable de las personas que trabajan para que el Centro tenga una programación cultural digna, como Jesús Ortega. Lo que seguro que quedarán son los logos de Bankia y la Caixa, que planearán sobre los actos sociales, culturales y políticos de la ciudad (más políticos que culturales), como si nos recordaran quiénes mandan en la realidad, convertida en unas grandes cuentas anuales. ¿Dónde está el dinero de Caja Granada? ¿Dónde fue a parar el dinero malgastado en la Fundación García Lorca, embargada porque no puede o no quiere pagar los salarios atrasados a tres extrabajadoras? Granada, esa ciudad súpercomunicada entre sus barrios pero aislada por tren de otras ciudades de España, está perdiendo hasta el nombre de sus instituciones, por lo que dentro de poco no quedará ni ese orgullo obstinado por el pasado que la caracteriza y regado con generosos tragos de malafollá. ¿Habrá que ponerle también un patrocinador al Ayuntamiento en quiebra? ¿Querrán privatizar todos los servicios que presta nuestra empresa más rentable, que es la Universidad? El empeño por desmontar el patrimonio histórico, social, cultural y económico de Granada parece una maldición bíblica, plagas que azotan las instituciones en forma de gestores egoístas e incapaces, que sin embargo pretenden que sea la capital cultural de Europa en 2031. Y quizá, cuando ya sólo quede un páramo de lo que era una ciudad milenaria construida sobre siete colinas y en la confluencia de tres ríos, lo único que se verá en un cielo vacío serán los logotipos de Bankia y la Caixa, como hologramas fantasmagóricos de esta terrible distopía.

IDEAL (La Cerradura), 4/02/2018