Lo último que le faltaba al Gobierno es señalar a los medios de
comunicación y los periodistas críticos con el presidente o sus ministros, como
Óscar Puente. La publicación de listas negras nos recuerda otras prácticas
siniestras que han sido comunes en el País Vasco, donde medios afines a ETA
señalaban los objetivos a la banda terrorista. No es lo mismo, pero se parece.
Quizá ahora baste con el acoso o un escrache. Resulta deprimente comprobar cómo
la nueva política se torna bastante vieja, hasta el punto de que haya quien
diga que no le extrañaría que en España hubiera otra guerra civil. Vade retro.
Los límites de la libertad de expresión están en el delito de injuria, dice el
Tribunal Constitucional, y la libertad de crítica es más amplia cuando se trata
de responsables públicos. El problema de restar credibilidad al poder judicial
es que luego no se confía en la justicia para restaurar el honor o la dignidad
personal, si es que nos queda. Pero, puestos a otorgar confianza, mejor
depositarla en los profesionales del derecho, que conocen las libertades
fundamentales. Algo que no ocurre en el Parlamento, al parecer, pues lo
habitual es un cruce de acusaciones, reproches e insultos que a sus señorías
les molesta ver en los medios de comunicación, pero no en el hemiciclo, donde
amparados por la inviolabilidad se sienten legitimados para dar rienda suelta a
los instintos más primarios. En ese contexto, no sorprende que el insulto sea
también la práctica habitual en los campos de fútbol, que ya se parecen
bastante al Congreso. España no es un país racista, nos dicen, pero a Vinicius
le llaman “mono”, como al jugador argentino Marcos Acuña, y “gitano” a su
entrenador, Quique Sánchez Flores, y “negro de mierda” al portero Cheikh Sarr, sancionado
por encararse con el espectador que lo insultó. Y si se publica en IDEAL que la
base de Armilla podría acoger un campamento para mil inmigrantes, la noticia se
convierte en la más comentada. “¿No éramos ya muchos?”, dicen. “¿Mil personas
deambulando por Armilla, las Gabias y Alhendín?” Por si acaso, el Ayuntamiento
de Alhendín se ha apresurado a paralizar las obras. Y en los plenos de otro
Ayuntamiento, el de Maracena, eran comunes los insultos y las declaraciones
homófobas del concejal de Vox, lo que ha propiciado entre otros motivos una
moción de censura. Quizá también deambulemos, como hacen el Gobierno y parte de
nuestros políticos. En España, el insulto suele ser el objetivo de cualquier
debate. Prediquen con el ejemplo.
IDEAL (La Cerradura), 7/04/2024
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