Derechos

Resulta preocupante la confusión que existe en España sobre el Estado de Derecho, y sobre todo que desconozcan su significado quienes ejercen o aspiran a ejercer un cargo público. La actuación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respecto a los incidentes en el barrio de Gracia, es un ejemplo de ello, y también la posibilidad apuntada por Pedro Sánchez de blindar algunas normas autonómicas frente a los recursos de inconstitucionalidad. Sobre la ocupación de inmuebles privados por quienes no defienden otros derechos que no sean los suyos, Colau señala que “negocien los vecinos”. Pero ¿cómo van a negociar sobre la propiedad privada y el cumplimiento de la ley? ¿Los que son despojados de sus bienes van a negociar con quienes se los roban? ¿Usted no ostenta un cargo público para, entre otras cosas, garantizar el cumplimiento de la ley? ¿Y el Tribunal Constitucional? ¿No existe precisamente para interpretar la Constitución española y resolver los conflictos que, en el ejercicio de sus competencias, se planteen entre el Estado y las Comunidades Autónomas? El problema de la demagogia es que termina confundiendo a los ciudadanos y a los responsables públicos sobre la función de las instituciones y sobre el papel que ellos juegan en ellas. Porque, ¿quieren hacernos entender que las leyes no son las mismas en su caso que en el de los ciudadanos? El ejercicio del poder suele distorsionar los puntos de vista, pero no debe distorsionar la aplicación de la ley. Conculcarla supone cometer delitos regulados en el Código Penal, desde la usurpación a la prevaricación y la malversación de caudales públicos, y en mi opinión es prevaricación utilizar los fondos públicos para pagar el alquiler de un edificio ocupado, y una estupidez ser comprensivo con quien rechaza una autoridad que no sea la suya. Pero más insultante resulta incluso la falsa ignorancia que manifiestan demasiados investigados por corrupción o por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Desde Chaves y Griñán, pasando por Torres Hurtado, la infanta Cristina o Leo Messi, aquí nadie sabe nada. “Es posible. No lo sé”. El derecho debería ser el mínimo común denominador que garantice la convivencia de los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o sus delirios de grandeza, pero en España, que carece de cultura democrática, se ha convertido en una especie de calculadora para que cada cual haga las cuentas como mejor le convenga. Somos muy sabios eso sí, una especie de filósofos socráticos cuyo lema es: “Sólo sé que no sé nada”. Pero, sin embargo, lo queremos todo.

IDEAL (La Cerradura), 5/06/2016