domingo, 11 de febrero de 2018

Incompetencias


La Administración pública española es como una hidra de tres cabezas que no paran de pelear entre sí. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales consumen una cantidad inaudita de recursos económicos cuya conversión en servicios públicos no siempre ve el ciudadano. Muy al contrario, los ciudadanos comprueban cómo pagan tributos a tres entes territoriales (en una clara doble e incluso triple imposición en algunos casos) que no se caracterizan precisamente por su eficiencia. Si tenemos en cuenta además que dichas administraciones están gobernadas por partidos políticos distintos, no es difícil comprender que cualquier desacuerdo entre ellas termine convirtiéndose en un lío mayúsculo. Con ese frágil equilibrio de fuerzas yuxtapuestas, ¿cómo aprobar unos simples presupuestos del Estado? Cuando el Gobierno central ya creía haber aplacado la rebelión catalana, el Partido Nacionalista Vasco –el principal apoyo a dichos presupuestos- sale con que quiere incluir el derecho de autodeterminación en el nuevo Estatuto. ¿No tienen suficiente con un régimen fiscal privilegiado y un cupo de difícil justificación? A España hace tiempo que el problema territorial se le ha ido de las manos, y es urgente reformar no sólo la Ley Electoral, como pretenden Ciudadanos y Podemos, sino también que volvamos a un Estado más centralizado en lo que se refiere a los servicios públicos fundamentales, que son la educación y la sanidad, que se han convertido en un foco de conflictos permanente entre las Comunidades Autónomas y el Estado, dando lugar a la creación de sucesivos fondos dentro de un sistema de financiación excesivamente complejo y opaco para la mayoría de los ciudadanos. Porque la pregunta importante es: ¿son mejores la educación y la sanidad que hace veinte años? Deberían serlo, si uno atiende al progreso económico de un país que presume de ser uno de los motores de la Unión Europea. Pero no lo son. Respecto a la educación, las Comunidades Autónomas se han preocupado más de adoctrinar a los ciudadanos en las cuestiones identitarias y nacionalistas –ya hemos visto el resultado en Cataluña- que de que tengan una formación básica, de la que se han eliminado el conocimiento, los cánones y la cultura clásica. Por eso ahora tenemos un montón de neoanalfabetos. Y qué decir de la sanidad, privatizada en mayor o menor medida según la comunidad en la que nos fijemos. ¿Alguien se acuerda ya de las manifestaciones en Granada? Más que un modelo federalista, haría falta que un partido político valiente planteara que dichas competencias volvieran al Estado. Lo mismo hasta ganaría las próximas elecciones.
IDEAL (La Cerradura), 11/02/2018