domingo, 4 de marzo de 2018

Ahorro


A veces se nos olvida que las decisiones políticas tienen consecuencias concretas. Sin embargo, en España es relativamente normal escuchar a políticos sorprendidos (o quizá no tanto) cuando son procesados o juzgados por la opinión pública. Lo hemos visto en Cataluña, donde algunos independentistas han descubierto ahora que el Estado aplica las leyes, pero también en otras comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía y en ciudades como Granada, donde hay políticos que no sabían que la policía cuenta con una Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada para combatir la corrupción. “¿Qué coño es eso de la UDEF?”, dicen entonces. Pero es que algunos de nuestros políticos no parecen saber ni quiénes son, porque cuando les preguntas por algo en concreto sufren una amnesia repentina o te dicen sin sonrojarse que no saben nada de cuentas, aunque sean consejeros o incluso presidan una entidad financiera. Así, Narcís Serra, expresidente de Caixa Cataluña, ha defendido esta semana en el Congreso su gestión de esta entidad financiera que tuvo que ser rescatada con 12.600 millones de euros. Un tipo que, además de economista, ha sido alcalde, ministro y vicepresidente del Gobierno. Y que también ha explicado que los miembros del consejo de administración, elegidos por sorteo, empezaron a asistir a cursos de formación financiera que se impartían antes de la reunión de cada mes y donde se les explicaba las partidas claves del balance y de la cuenta de resultados. Si la misma gestión la hubiera realizado en Inglaterra, tendría que haberse exiliado, como Puigdemont. Y, si hubiera sido en Japón, para limpiar su honor se tendría que haber cortado unos cuantos dedos o practicado el harakiri. Pero, como vive en España, ha culpado del desastre a la anterior dirección de la caja, al Banco de España y al Gobierno actual, por malvenderla a Bankia. Lo peor es que así piensa buena parte de nuestra clase política, aunque malgaste el dinero público. Pero es que las cosas sólo nos preocupan cuando nos afectan personalmente. Y los políticos deberían responder de su gestión con su propio patrimonio. Lamentablemente, no es así, y la única contrapartida para los ciudadanos es el desmantelamiento de los servicios públicos (que es lo que representaban al principio las cajas de ahorro). Mientras, en Granada, el Ayuntamiento va a remodelar las líneas de autobús, y va a suprimir la LAC. La alternancia en la alcaldía se reduce a hacer y deshacer, pero ¿quién va a pagar todo esto? Lo mismo habría que ahorrarse a la clase política.
IDEAL (La Cerradura), 4/03/2018