domingo, 18 de marzo de 2018

Demanda social


Resulta preocupante que los partidos políticos tomen decisiones o hagan propuestas según los resultados de las encuestas o los sondeos. El pueblo es soberano, pero ¿tiene siempre razón? La visceralidad parece haber contaminado no sólo las redes sociales y los medios de comunicación, sino la propia vida política, donde brillan actualmente por su ausencia las opiniones meditadas. Nuestros líderes políticos repiten machaconamente las mismas ideas como si fueran eslóganes electorales, aunque no se sostengan en datos y ni siquiera en convicciones políticas. Lo hemos comprobado esta semana con el debate en el Congreso sobre las pensiones, que no ha aportado nada nuevo al margen de la constatación del que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vive en el País de Nunca Jamás mientras los jubilados españoles lo hacen en la pobreza. Pero también lo hemos visto después del asesinato del niño Gabriel, que ha despertado los instintos más bajos de la audiencia, de los periodistas y de los políticos, claro, que han debatido sobre la derogación de la prisión permanente revisable, que probablemente atenta contra los valores constitucionales, como han defendido un centenar de profesores universitarios de toda España, y entre ellos ocho del Departamento de Derecho Penal y del Instituto de Criminología de la UGR, que  algo sabrán sobre el tema. Pero en la web de IDEAL los internautas los acusaban de “buenistas”, y había quien recordaba casos sangrantes y muy dolorosos, sí, ocurridos en la ciudad de Granada, como la violación y el asesinato en 1987 de la niña Aixa. "El asesino, José Fernández Pareja, fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a 85 años de prisión, pero apenas pasó 16 tras las rejas”, clamaba un internauta. Y la verdad es que es un hecho que provoca indignación, pero la Constitución Española reconoce la reinserción social y prohíbe las penas de duración indeterminada. ¿A qué debemos renunciar para asegurar el mantenimiento de una sociedad democrática? No queremos que este tipo de delincuentes estén en la calle, y la razón de esta ley, como señalaba la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, era “la demanda social”. Pero esto no debe justificar su aprobación ni su permanencia. La democracia no es sólo asegurar la voluntad de la mayoría, sino la existencia de un marco jurídico que proteja la dignidad de la persona, incluso la de los pederastas y asesinos. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, pedía después de la muerte de su hijo que no se extendiera la rabia. Eso es una lección de democracia.
IDEAL (La Cerradura), 18/03/2018