domingo, 13 de enero de 2019

Ilegales


Se ve que uno de los puntos de acuerdo entre el PP y Vox que va a propiciar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía es frenar la inmigración. O, quizá, utilizando el lenguaje voxista, proceder a la expulsión de los 52.000 “ilegales” que según este partido tiene “fichados” la administración autonómica, y a la repatriación de los menores, que propugna el PP. Resulta asombroso que parte de la clase política siga anclada en un imaginario mítico que ignora una realidad social multicultural y multiétnica. Y el desconocimiento de la legalidad de su propio país, claro, desde la Constitución española a la normativa de desarrollo que obliga a los servicios sociales a acoger a los MENA (Menores Extranjeros no Acompañados). De hecho, a pesar de las intenciones del PP y de VOX, proclamadas por Pablo Casado y compañía, la repatriación de los menores es excepcional, pues de acuerdo con el principio del interés superior del menor, esta sólo se producirá si se dan las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor o para la adecuada tutela de este por parte de los servicios de protección del país de origen. Algo bastante difícil, entre otras cosas porque estos servicios, en aquellos países, brillan por su ausencia. De hecho, transcurridos nueve meses, las autoridades tienen la obligación de otorgarles a los menores la autorización de residencia, por lo que el PP, Ciudadanos y Vox harían bien en preocuparse por desarrollar medidas para integrar a estos inmigrantes en la sociedad de una manera efectiva. Empezando por la educación, esa competencia que por lo visto quieren devolver al Estado central. Y quizá fuera lo mejor, si son retrógrados los que van a gestionar la Comunidad Autónoma de Andalucía, algo por lo que trabajaron muchos andaluces y que culminó en el referéndum del 28 de febrero de 1980, una fecha de celebración democrática, muy distinta del 2 de enero de 1492, que sin embargo sigue inflamando el espíritu nacional de una parte de la población. Pero a mí me llama la atención el uso erróneo y a propósito de los términos. Porque migrar alude a cambiar de residencia, un derecho humano sin otras consideraciones políticas, económicas y jurídicas. Y si se trata de un derecho humano no puede haber inmigrantes “ilegales”, salvo en la mente de quienes los califica de tal modo. En todo caso serán extranjeros, que sí es un término jurídico, que alude a no tener la nacionalidad española. Una condición que suelen valorar mucho más aquellos a quienes queremos expulsar.
IDEAL (La Cerradura), 13/01/2019

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