Mientras
la subida de los precios de la energía por la invasión de Rusia a Ucrania
provoca que algunas empresas energéticas aumenten sus beneficios y el valor de
sus acciones, los hosteleros de ciudades como Granada ven cómo se triplica el
importe de sus facturas de la luz, lo que significa su ruina. “Nosotros no
podemos subir los precios”, explican, “porque los clientes dejarían de venir”. Piden
al gobierno bonos eléctricos, y que el Ayuntamiento prorrogue la bonificación
de las tasas por aprovechamiento del dominio público, no las licencias por
inicio de actividades económicas. Lo mismo que se crea un impuesto específico
para las empresas energéticas se podría bonificar la factura de la electricidad
de las empresas de hostelería. Una medida que puede parecer razonable, aunque
en la práctica suponga discriminar o privilegiar a determinadas empresas, y que
tendría más sentido quizá si atendiéramos básicamente al nivel de renta. Se
grava a las empresas que tienen beneficios extraordinarios y se baja la
tributación a las que obtienen menos y que se ven abocabas al despido de
trabajadores o al cierre. Esto, que parece de sentido común cuando hablamos de
empresas, no lo es sin embargo cuando nos referimos a personas físicas a secas,
pues chocamos con la simplificación del discurso sobre si es bueno o malo subir
los impuestos. Gravar a las grandes fortunas o los grandes patrimonios se tilda
de demagógico. ¿No resulta más bien demagógico establecer estas diferencias?
¿Quién está detrás de las empresas? La protección empresarial y la protección
social deberían ir de la mano, y para eso hay que atender a criterios de
capacidad económica: quien más gana, contribuye más; y se recibe según las
necesidades. En eso consiste la solidaridad. Y a nivel territorial implica que
las comunidades autónomas más ricas deben contribuir más a un arca común que
redistribuya la riqueza entre los territorios más pobres. Para ello,
obviamente, sería necesario que instituciones y ciudadanos acepten unos
principios básicos que, de hecho, ya están recogidos en la constitución. ¿Por
qué en España, entonces, cada comunidad va por un lado, cada partido por su
calle, y cada sector por su cuenta? ¿Qué tipo de Estado quieren, no el social y
democrático de derecho? Los que piden una bajada de impuestos argumentando que
el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos se están refiriendo a su
propio bolsillo. No creen en realidad en una administración pública que, como
su nombre indica, debe administrar lo que es de todos, a lo que contribuimos
todos.
IDEAL (La Cerradura), 23/10/2022
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