Partidos políticos

No es de extrañar que los ciudadanos prefieran el fútbol a la política, que se ha convertido sin embargo en un deporte nacional. Hay quien pasa de lo uno y lo otro, pero tienen cosas en común: victorias, derrotas, árbitro, goles, bochornos y ridículos absolutos. El último esperpento político lo hemos vivido esta semana a cuenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un tributo cedido a las comunidades autónomas, como la práctica totalidad de los impuestos estatales más importantes, salvo el de sociedades. Y el esperpento no lo ha protagonizado el Tribunal Supremo, sino todos los partidos políticos y el Gobierno. Si ya estaban convencidos de que no debían pagarlo los ciudadanos, ¿no han tenido tiempo de modificarlo o incluso eliminarlo desde el año 1993, que fue cuando se impuso en España? Después de la decisión del Tribunal Supremo de que debían seguir pagándolo los ciudadanos, ¿era necesario un Decreto-ley para modificarlo? ¿Cuáles son las causas “de extraordinaria y urgente necesidad” (lo que exige la Constitución) que justifican esta norma? La realidad es que, tratándose de un impuesto cedido a las comunidades autónomas, éstas tenían y tienen la capacidad para establecer deducciones y bonificaciones en la cuota, y las han aplicado para colectivos como los jóvenes o las personas discapacitadas. Pero dictar un Decreto-ley a raíz de la decisión de un tribunal, es cuestionar al poder judicial y a los jueces que, se equivoquen no, están garantizando la existencia del Estado de Derecho. Los mismos que han metido en la cárcel a Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarin y a otros personajes que han personificado la connivencia del poder político y el económico. Porque la connivencia es ésa, y no la de los jueces. ¿Ya sólo se gobierna a golpe de decreto, de encuesta o de tuit y según la opinión de los ciudadanos? ¿Alguien se ha tomado la molestia de explicarles el impuesto en cuestión –que no es ninguna tasa, no son sinónimos- y el sistema de financiación del Estado y las comunidades autónomas? La extraña unanimidad entre los partidos políticos para cuestionar las decisiones acertadas o no del Tribunal Supremo sólo revela ignorancia. Desde luego lo que habría que promover es un sistema tributario más justo, algo que le corresponde al poder político. En un sistema ideal habría quizá un único impuesto sobre la renta, modulado según la capacidad económica y las circunstancias personales de los ciudadanos. Pero para ello quizá deberían desaparecer antes la mitad de las Administraciones públicas españolas, que están sobrefinanciadas. Que ruede la pelota.

IDEAL (La Cerradura), 11/11/2018