domingo, 9 de diciembre de 2018

María de la Constitución

El desacuerdo de los partidos para reformar la Constitución española ilustra su inoperancia, pues nada debería resultar más natural en un Estado democrático. Porque la Constitución no es esa grave señora algo artrítica que nos presentan a veces, sino una ley de leyes que va adquiriendo su madurez, pero todavía lozana e inexperta en algunos aspectos de su personalidad. Así, consolidar las pensiones y los derechos sociales y llevar a su máxima expresión el Estado autonómico con un nuevo sistema de financiación son tareas ineludibles, aunque la propia democracia parezca viciada por sus organizaciones políticas, que han perdido su razón de ser. No conectan con los ciudadanos porque están más preocupadas por mantener el poder, algo que resulta más evidente en aquellos candidatos que no tienen otra profesión que la política y que saben poco en realidad de la sociedad que pretenden dirigir y de los trabajadores y profesionales que dicen representar. Por eso no es de extrañar que un partido como VOX haya obtenido doce escaños en Andalucía con mensajes meridianamente claros –algunos bien lamentables- que han conectado con miles de personas hartas de programas grandilocuentes y una realidad cruda, como la que revela las estadísticas de la Agencia Tributaria, que señala que la mitad de los asalariados de Granada no ganan más de 825 euros. Una miseria. Parte de la clase política hace un discurso tan vacío de contenido que aparenta carecer incluso de ideología, como si cambiase de forma de pensar según las tendencias de las redes sociales o la evolución del cambio climático. En Podemos, por ejemplo, se ve que a pesar de tener títulos universitarios algunos carecen de una mínima educación cívica que les permita mostrar respeto en el Parlamento al Rey y a la propia Constitución, que les guste o no son las instituciones que permiten su subsistencia. Porque si no hay acuerdo en lo más básico, que son las normas de convivencia, no vamos a ninguna parte. Lo primero que debería presidir cualquier programa político son los derechos humanos, en España o en cualquier país, pero hay dictadorzuelos que creen que sólo tienen derechos los que piensan de una determinada manera, y esto vale para Gabriel Rufián, Santiago Abascal o Pablo Iglesias. Incluso vale para Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez, el presidente español que más recursos públicos utiliza para viajar y paradójicamente el de menor influencia internacional y doméstica. Por cierto, ¿no hay en España una candidata sensata a la que podamos votar? Una María de la Constitución, por ejemplo.
IDEAL (La Cerradura, 9/12/2018)