domingo, 9 de septiembre de 2018

El reparto


Además de sobre los recursos tributarios, las comunidades autónomas deben discutir ahora sobre el reparto de los menores no acompañados o MENA (menudo acrónimo) que saturan los centros de acogida de Andalucía, Ceuta y Melilla. ¿A cuánto toca la solidaridad por habitante? ¿Puede medirse como la capacidad fiscal? La llamada frontera sur de Europa –aunque cruce el estrecho y se adentre en África- está colapsada, y la firmeza de los principios democráticos de las Administraciones públicas y de la sociedad en general se está poniendo a prueba. ¿Cuántos menores acogerá España? ¿Se pueden devolver a los países de origen con sus familias? Es lo que ha pedido Andalucía para el 70% de los menores, de nacionalidad marroquí. Pide más: que los que se acojan sean repartidos entre todas las Comunidades Autónomas (sólo Andalucía tutela al 36% de los MENA que han llegado a España). Algo que parece lógico en un país que, además de reconocer la autonomía de las regiones, establece el principio de solidaridad entre todas ellas, un principio que transciende la materia tributaria. O quizá no: en el fondo se trata de prestar servicios públicos a quienes se encuentren en el territorio nacional, vengan de donde vengan. Y la ley orgánica de protección jurídica del menor establece que “los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria, y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles”. Por eso el Gobierno ha decidido destinar 40 millones de euros a las comunidades autónomas para que se repartan a los MENA, porque, siendo una cuestión social y de salvaguarda de los derechos humanos, se trata de una cuestión económica. Y, al parecer, también de una subasta. Andalucía, Cataluña, Ceuta y Melilla tutelan al 67% de estos menores, pero el resto de las comunidades se desentiende del problema. Y el problema tal vez sea que las competencias en materia de menores corresponden a las propias comunidades autónomas, que para su cumplimiento pueden tener procedimientos y estructuras administrativas diferentes. ¿No debería ser una competencia del Gobierno central? La descentralización no tiene razón de ser cuando se refiere a políticas que requieren una visión nacional, cuando no europea. Sobre todo, si en España los gobiernos central y autonómicos son incapaces de coordinar políticas comunes para que se apliquen en todo el Estado, sin que existan recelos o suspicacias. Y, en este sentido, España parece también un país adolescente, con las comunidades autónomas pidiendo, cada dos por tres, que les suban la paga.
IDEAL (La Cerradura), 9/09/2018