lunes, 29 de marzo de 2021

Servicios esenciales

En las circunstancias actuales debería ser un delito penal que las compañías y las administraciones que prestan o deberían prestar servicios esenciales dejen de hacerlo: sanitarios, suministros de luz, agua, teléfono e internet, pero también servicios financieros y de seguros que deben garantizar que los ciudadanos cubran con trabajo sus necesidades básicas. Sin embargo, como ocurrió en la última crisis económica, las ayudas públicas que la UE y el gobierno español han anunciado a bombo y platillo no van a llegar al bolsillo de quienes las necesitan, sino a aliviar las cuentas de pérdidas y ganancias de las grandes empresas que hoy día son las que sostienen el poder político. Esas operaciones que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy define como “metafísicamente imposibles” (no estudió filosofía este hombre, ni tampoco sus herederos políticos, que han eliminado las humanidades de los planes de estudios para crear analfabetos a su imagen y semejanza). Esas cosas que, según el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tampoco ocurren, aunque sirvan para rescatar a dudosas compañías aéreas que pocos servicios prestan a los españoles, por no hablar del extravío asombroso de maletas e incluso del personal diplomático (es un decir) de otros países. (¿Habrá logrado salir Delcy Rodríguez por fin del aeropuerto de Barajas o pasará allí la Semana Santa?) Si se hace en el propio interés político, nada bueno hay en la creación de empresas públicas, y más en un tiempo en que nada parece sostener ese supuesto interés más allá de los egos personales, que hace tiempo olvidaron su ideología. Hasta un catedrático de Filosofía como Ángel Gabilondo se presenta efectivamente serio, soso y formal, sobre todo porque no tiene más remedio que seguir el juego de una persona que desconoce el sentido de la verdad, como Pedro Sánchez, aupado al poder por Pablo Iglesias, ese alter ego con el que nunca iba a pactar, como tampoco lo hará Gabilondo, según cuenta. Qué lástima ver en qué términos se fragua la campaña electoral de Madrid, nuevamente objeto de los frentes guerracivilistas. Pero es que ni siquiera debería haber elecciones, por mucho que las quieran Díaz Ayuso o Pablo Iglesias. Todo lo que no sea dedicar hoy la totalidad de los recursos públicos a vacunar a la población es una infamia. Y más lo es aprovecharse de esta situación dramática para enriquecerse, ya se trate de partidos políticos, farmacéuticas o entidades bancarias. Nos sobran los facinerosos públicos y privados, y también tantas encuestas. No hay política sin ciudadanos.

IDEAL (La Cerradura), 28/03/2021

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