Fuegos

Mientras arde media España, el Gobierno y las comunidades autónomas se dedican a quemar al personal con acusaciones y reproches, como si quisieran demostrar una vez más que es un error descentralizar competencias y duplicar las administraciones cuando quienes las gobiernan son incapaces de asumir la responsabilidad. Acusamos al otro de incompetente, pero no ejercemos nuestras funciones, como si quisiéramos que ardiese también el Estado de las autonomías. Pero el problema no es que existan muchas administraciones territoriales, sino que los partidos y las personas que las gobiernan no piensen en el interés público. La descentralización tiene sentido si contribuye a mejorar los servicios de los ciudadanos, pero la mayoría de los ayuntamientos de España no tienen planes de prevención de incendios, como tampoco las comunidades autónomas, y el Gobierno central no ha fijado los objetivos comunes que se deben desarrollar según competencias. Esta semana, sólo en Granada se han sofocado incendios en Benamaurel, en el barrio de San Miguel y en la Sierra de Parapanda, este último provocado por la negligencia de dos hombres a los que no se les ocurrió otra cosa que encender una fogata. Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura se han llevado la peor parte. El abandono del medio rural es la principal causa de que se hayan quemado en lo que va de verano 350.000 hectáreas en España. Que vayan desapareciendo las actividades agrícolas y ganaderas que antes mantenían nuestros bosques. El cambio climático ha aumentado sin duda el riesgo de incendios, pero me gustaría ver a nuestros dirigentes reunirse para resolver problemas concretos, no anunciando grandilocuentes pactos de Estado que sólo sirven para dar un titular de prensa. Si las comunidades autónomas han asumido las competencias, deben ser ellas las que lideren y coordinen las actuaciones de diputaciones y ayuntamientos. No puede ser que cada vez que haya una catástrofe lo que se revele sea la deslealtad institucional y el partidismo. A este paso, me imagino que en un futuro próximo los únicos que votarán serán los militantes de esos partidos. Me acuerdo de Eduardo Galeano. “No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”. Qué bueno sería que nos encendiese la política sin que nos queme.

IDEAL (La Cerradura), 24/08/2025

Con la Iglesia hemos topado

Me alegra que la Conferencia Episcopal Española defienda los derechos humanos. Es lo mínimo exigible a cualquier institución con un papel social en el Estado democrático. “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”, ha dicho el arzobispo de Tarragona Joan Planellas. Eso por añadidura. Pero son los ciudadanos los que no deberían ser xenófobos, algo incompatible con la civilización y el sentido común, o con los seres humanos a secas. Que la Iglesia católica y otras organizaciones sociales estén exentas de pagar impuestos o reciban ayudas del Estado (entre otras cosas, porque muchos católicos rellenan la correspondiente casilla en la declaración del IRPF) tiene todo el sentido, precisamente por realizar labores sociales o de ayuda a los necesitados. Lo que no lo tiene es que las reciba un partido político como Vox, que no sé si merece esa denominación, pues sus planteamientos son contrarios a los valores democráticos. En la democracia no cabe todo. A pesar de lo que se dice, eso no hace una democracia más grande, sino más pequeña. Lo estamos viendo en USA, con un “terminator” dispuesto a asaltar el Capitolio si no es él quien gobierna. Podemos verlo en España, donde también abundan los desengañados de la política. Y aquí entra la responsabilidad de los grandes partidos, que con su destrucción sistemática de la educación y los servicios sociales están abonando el camino para los antisistema. Hay muchas formas de entender el cristianismo –y ahí tenemos a Santiago Abascal, luciendo crucifijos y medallas de la Virgen, que en contacto con su piel deben echar humillo-, pero sólo una básica de entender el Estado social y democrático. O se defienden los derechos humanos y las libertades públicas o no. Es lo que hace posible la convivencia, independientemente de las creencias o la ideología de cada uno. Y resulta curioso que haya sido la Iglesia católica la que lo haya dicho tan claro. ¿Dónde están nuestros políticos? ¿Qué hace el PP apoyando mociones xenófobas en Jumilla o en los parlamentos autonómicos? ¿Y dónde está el PSOE que no siga a pie juntillas las decisiones del líder carismático? No veo respuestas contundentes de los demócratas contra las propuestas radicales. Quizá porque los partidos sólo están pendientes de la intención de voto. “A los temporeros se les pagan las horas extras y se les da de alta en la Seguridad Social”, ha dicho en su homilía el cura de Valdepeñas. Pues va a resultar que la política ya no se hace en el Parlamento, sino en las iglesias.

IDEAL (La Cerradura), 17/08/2025

Integración

Si hay un tema que revela nuestras contradicciones es la inmigración. En un mismo día, puedes leer en el periódico la noticia del apaleamiento de un ciudadano de origen senegalés, otra sobre el desembarco de una patera en una playa de Castell de Ferro o de la reapertura de una tienda en Sorvilán gracias a la iniciativa de una joven ecuatoriana. Aquí se revela lo mejor y lo peor del ser humano. Lo peor, ver a un Geyperman dedicándose a placar a personas medio ahogadas en la playa y a retenerlas hasta que llegue la Guardia Civil. O los que se aprovechan de los sin papeles que viven en la calle y tratan de buscarse la vida. Le pagamos poco o nada para que limpien la casa y como se queja le damos una paliza con una barra de hierro y le azuzamos al perro para que lo aterrorice, le muerda o las dos cosas. La localidad alpujarreña de Sorvilán, sin embargo, vuelve a tener una tienda de comestibles gracias a Anggy, una ecuatoriana de 35 años, y a las subvenciones del Ayuntamiento de Sorvilán y de la Diputación de Granada para darle vida a la España vacía. Es un buen ejemplo de cómo las administraciones públicas pueden actuar coordinadamente para fomentar una idea de país. Y para que exista una inmigración ordenada. No es el caso de Anggy, que lleva ya muchos años en España y está casada con un sorvilanero, pero a muchos inmigrantes les encantaría poder repoblar algunas de las aldeas y pueblos que han sido abandonados. Gracias a la inmigración, España ha alcanzado este año los 49,3 millones de habitantes, 650.000 de los cuales son extranjeros recién llegados. Dos de cada diez personas empadronadas en España han nacido en otro país, y como el resto aspiran a trabajar, cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos y beneficiarse de los servicios públicos. Y las administraciones deben facilitar la integración. Lo contrario que ha hecho el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, que ha prohibido el uso de las instalaciones municipales para la celebración del final del Ramadán a una parte importante de la población, que es musulmana. Aunque en España exista la libertad religiosa y de culto. La integración pasa por la solidaridad y la educación. Al tipo que retuvo a un inmigrante en Castell de Ferro clavándole una rodilla en la espalda para inmovilizarlo sobre el suelo, le vendría bien pasar unos días encerrado en el CATE de Motril. Quizá, rodeado de inmigrantes, aprendiera a valorar los derechos humanos.

IDEAL (La Cerradura), 10/08/2025