Si los estudiantes que se han examinado de selectividad estos días
se asoman a la actualidad política, comprobarán que nuestros responsables
públicos se mueven entre el apego al sillón y la impunidad, por no hablar del
falseamiento de currículos o el plagio de trabajos académicos, cuestiones por
las que a ellos les expulsarían fulminantemente del sistema educativo. Todo
parece valer para nuestra clase política, pero el acceso a la universidad de
nuestros jóvenes depende de unas notas de corte que determinan sus decisiones y
su vida como una espada de Damocles. Leen reportajes y estadísticas sobre las
carreras más demandadas (del ámbito de la salud y las tecnologías), pero se
quedan de piedra al comprobar que el currículum de su alcalde, concejal,
presidente del Gobierno o de partido, jefe de la oposición o aspirante a serlo
no les daría para trabajar en una pequeña empresa con un contrato de
aprendizaje, una beca o unas prácticas no remuneradas. Por no hablar de su
gestión, por la que serían despedidos si pudieran antes de cuatro años –¡ay, el
sistema representativo!- por los propios ciudadanos. Se ve que, en España, los
partidos políticos pueden funcionar como oficinas de empleo institucionalizadas
para colocar a personas sin formación en el poder. Y las honrosas excepciones
suelen ser apartadas o recluidas en puestos irrelevantes, porque el talento y
el esfuerzo no se valoran en estas organizaciones otrora políticas, sino la
capacidad de engañar al contrincante, de repetir eslóganes simplones y de decir
lo contrario de lo que se piensa, si es que se piensa. Una práctica también
común en algunas instituciones académicas y culturales, contaminadas por la misma
política de partidos, cuando no por el amiguismo y la corrupción. La Audiencia
Provincial de Madrid dio por probado que en la Universidad Rey Juan Carlos
(benditas y exiliadas casualidades) se falsificó un acta para conceder el título
de máster a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, esos títulos que les exigen a nuestros jóvenes y que a la postre no
les suelen servir para mucho, a no ser que te lo regalen y seas Pablo Casado. ¿Aspirarán
a ser políticos para vivir de la sopa boba? ¿Para cobrar un sueldo público y dedicarse
a las artes escénicas como hacen ostentosamente en el pleno los concejales del
Ayuntamiento de Granada? Acostumbrados a ser culpabilizados por contagios
varios, no creo que esos jóvenes pierdan el tiempo en avergonzarse de sus
mayores. Pero qué bueno sería que por una vez ellos pudieran poner las notas.
IDEAL (La Cerradura), 27/06/2021