La política debería ser una actividad ceñida a la realidad, pero
los discursos suelen construirse de acuerdo con los deseos de quienes los
pronuncian y no de los problemas de los ciudadanos. Deprime escuchar a los
portavoces de los partidos analizar los resultados electorales, maquillándolos,
no reconociendo la derrota, en el caso del PSOE, como si no fuera un partido de
Galicia o de España, sino de otro planeta quizá. Nuestros políticos comienzan
por no reconocer los errores y terminan enajenados, viviendo en otra realidad
que al parecer es distinta a la de sus votantes. “Es que no entiendes la
política”, te dicen. Pero con tantas contradicciones resulta imposible. Menos
mal que para aclararlas está la ley, ese mínimo común que permite la
convivencia. Y por eso en democracia existe la separación de poderes y la
judicatura. Sin embargo, llegados al punto de interpretar la realidad según los
propios deseos, nos estamos acostumbrando a negar los principios democráticos,
y ya es demasiado común escuchar a políticos, contertulios y columnistas con
poca formación la idea peregrina de que la soberanía popular está por encima de
todo, incluyendo las leyes. Porque la soberanía popular es un poder constituido
y las leyes se aprueban o se modifican en el Parlamento, y no es más
democrático un país en el que se permite que quien las vulnere, sea Donald
Trump o Carles Puigdemont, se presente a unas elecciones, como hemos escuchado
últimamente. Eso no demuestra que exista una democracia más madura o más
fuerte, sino sólo más anárquica y analfabeta. Quien no tiene respeto por el
ordenamiento jurídico, difícilmente lo va a tener por los derechos y libertades
de los ciudadanos. Las elecciones no lo solucionan todo, y las amnistías tampoco,
por bien intencionadas que sean, cuando se confunden las iniciativas políticas
con la prevaricación. Ninguna idea legitima la malversación de los recursos
públicos, que pertenecen a todos los ciudadanos, los que están contigo y los
que no. El fin no justifica los medios en un país democrático, pues el medio es
la democracia misma, que en esencia es un procedimiento de actuación. Y el
respeto de lo público debería estar por encima de otras consideraciones. Cuando
nuestros políticos transmiten la idea de que la impunidad es legítima y todo
vale, ¿por qué no van a hacer lo mismo el resto de los ciudadanos? ¿Porque no
ostentan un cargo público? Del abuso del decreto-ley a la dictadura hay un
pequeño paso. Sobre todo cuando no tenemos claro cuáles son los principios
democráticos.
IDEAL (La Cerradura), 25/02/2024