Huida hacia delante

Mientras media España escapa estos días de vacaciones para volver a encontrarse consigo misma en la costa o en la montaña, la granadina Juana Rivas ha tenido que huir de la justicia para no entregar la custodia de sus hijos, de once y tres años. Juana denunció en el año 2009 por violencia de género a su marido, que fue condenado por un delito de lesiones a tres años de cárcel, que no tuvo que cumplir. Sin embargo, la pareja volvió a convivir en Italia, donde tuvo su segundo hijo, hasta que, en 2016, Juana abandonó este país con sus dos hijos y, al llegar a España, volvió a denunciar al padre por violencia machista, una denuncia que está pendiente de tramitarse entre España e Italia. Pero un juzgado de Granada sí ha actuado con celeridad para atender la reclamación del padre, aplicando un convenio internacional contra el traslado ilícito de menores, ya que éste se produjo sin su consentimiento. Es un caso que ha provocado alarma social, la solidaridad con Juana de todo el pueblo de Maracena e incluso la actuación del Defensor del Menor Andaluz y de la propia Junta de Andalucía, dispuesta a personarse en la causa. Pero Juana Rivas se ha equivocado al incumplir una orden judicial, por muy injusta que ésta sea. Porque si uno pretende que se le reconozca un derecho, lo primero que debe hacer es cumplir escrupulosamente la ley. Con más razón si se trata de una sentencia que no es firme y que va a ser recurrida, según explicaba su abogada, Marta Castillo. Sin duda la propia justicia puede causar injusticias, pero, viendo las cosas desde fuera y sin conocer realmente los hechos, todo se convierte en una cuestión de perspectiva, que puede resultar fácilmente errónea. De hecho, en los medios italianos es el padre quien es retratado como una víctima, y probablemente allí la opinión popular –que no decide en este caso- esté de acuerdo con la custodia paterna. Es lo que a su vez cuestiona su abogado, Adolfo Alonso, que habla de “agitación social” y de “presiones”, y que probablemente denunciará a Juana por secuestro para obligarla a cumplir la orden judicial. Alonso destaca que el padre, Francesco Arcuri –cuyo nombre no se cita en muchos medios y al que, por tanto, se deshumaniza-, aceptó la condena de 2009 para poder seguir viendo al mayor de sus hijos. ¿Quién tiene razón? Es precisamente lo que tienen que resolver los tribunales, cuya actuación deben respetar los ciudadanos y las Administraciones públicas.

IDEAL (La Cerradura), 30/07/2017

España chirona

Como si fuera una metáfora del país, la liga española de fútbol se desintegra: Cristiano Ronaldo está triste, Neymar se va al PSG, detienen al presidente de la Federación, Ángel María Villar, después de veintinueve años en el cargo. ¿A alguien puede extrañarle? El mundo del fútbol tiene su espejo en la política: nepotismo, tráfico de influencias, millonarios derechos de televisión, defraudación, compra de votos, comisiones ocultas en los fichajes, todo consentido por una población que acude a los estadios como a las urnas, alienados, medio autistas, drogados por las noticias del mercado, un bombardeo de balones opiáceos. ¿Y cómo limitar los mandatos en la Federación Española de Fútbol, una asociación privada pero de utilidad pública, si se permite lo contrario en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el gobierno de la nación? ¿Por qué iba a ser esta entidad deportiva un cortijo diferente? Si uno acude a los estatutos de la Federación, se encuentra con que es una asociación sin ánimo de lucro, lo cual te hace soltar una carcajada, si tenemos en cuenta el sueldo de su presidente, diez veces más alto que el de Mariano Rajoy. Porque Ángel María Villar gana más de 750.000 euros anuales, contando sólo lo que cobra de la propia Federación, la FIFA y la UEFA; más las dietas, claro, aunque según al UCO ha cobrado también comisiones por la celebración de encuentros amistosos de la Selección Española de Fútbol. Pero la presidencia de una asociación sin ánimo de lucro debería ser un cargo sin ninguna remuneración, como ocurre en la mayoría de las entidades que adoptan estas formas jurídicas, y cuyos fines suelen ser políticos, sociales y culturales. También deportivos, pero cuando lo que pretenden fomentar verdaderamente son valores como el esfuerzo, la superación y el compañerismo, sobre todo entre los más jóvenes. Pero ¿es esto lo que fomenta un deporte como el fútbol hoy día? Cuando un niño te dice que de mayor quiere ser Messi o Cristiano Ronaldo, probablemente esté pensando ya en los números de la cuenta corriente, además de en alguna pose estúpida o un nuevo corte de pelo. ¿Qué ocurrirá en el resto de federaciones regionales y en los demás deportes? ¿Podemos presumir que será lo mismo que en los partidos políticos, también entidades privadas que cumplen fines públicos? ¿Y lo mismo que en las Administraciones públicas, donde tantas personas demuestran el mismo apego al cargo que Villar? ¡Cuántas vocaciones de servicio público existen en esta España santa y chirona!

IDEAL (La Cerradura), 23/07/2017

Iceberg

Como ese iceberg diez veces más grande que la ciudad de Madrid que acaba de desgajarse de la Antártida, también la política granadina marcha a la deriva, aunque lamentablemente no creo que ésta se derrita, ni que alcance las Islas Malvinas. La política y los políticos granadinos funcionan por inercia, y si el PP había convertido el Ayuntamiento en un cortijo para especuladores durante años, ahora es incapaz de reconocer sus errores, como hace el propio partido en Madrid, por lo que no podrán desligarse del soniquete de la corrupción, que parece asimismo un problema continental. Pero el problema del Ayuntamiento de Granada es de desgobierno, porque aquí cada partido va a lo suyo pase lo que pase, y son incapaces de adaptarse a las circunstancias. Con ocho concejales, Paco Cuenca puede hacerse poco más que fotos aquí y allá, y si no hay un pacto entre los grupos municipales Granada se irá a la quiebra, aunque hace tiempo que quebró en el plano moral. Pero si uno atiende a las declaraciones de los portavoces de los otros partidos, más bien lo que esperan es que Cuenca se haga un harakiri, como se lo han practicado entre todos al Centro Lorca. ¿Cómo se explica la inoperancia de un consorcio donde están representadas todas las Administraciones públicas españolas? Una salida fácil sería decir que es un ejemplo más del esperpento de nuestra organización territorial, pero es que la actualidad informativa granadina pasa por un permanente día de la marmota. Como un mantra que hubiera que repetir, corrupción urbanística, cuentas municipales, AVE, metro y las facturas del Centro cambian de orden en los titulares informativos, aunque el resultado sea siempre el mismo: cero absoluto, como decía en el colegio un profesor de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Nadie es capaz de cambiar esta inercia alienante? ¿No pueden los partidos políticos de la capital llegar a un gran pacto por la ciudad? En este sentido, es de aplaudir la iniciativa del alcalde para consensuar con el resto de las fuerzas políticas “las propuestas que definirán el futuro de la ciudad”. ¿Y cuáles son esas propuestas? Significaría un punto de inflexión para Granada ver a los portavoces de los grupos municipales explicando juntos esos proyectos y comprometiéndose a ejecutarlos. En los últimos meses, los granadinos han demostrado en las manifestaciones contra la fusión hospitalaria o el desmantelamiento del TSJA que son capaces de cambiar las cosas. Y es hora de que también nuestros concejales rompan con la inercia de esta política iceberg.

IDEAL (La Cerradura, 16/07/2017)

Indígenas

Cuando se celebran veinticinco años de la aparición del fantasma del Ave en Granada, uno puede sin embargo subirse en un avión y soñar con una ciudad diferente de la discutida una vez más en el salón de plenos del Ayuntamiento. Hasta que vuelves a aterrizar en el aeropuerto Federico García Lorca, claro, y sufres de nuevo el puñetazo de la malafollá. Empezando por el control de entrada. Si en un aeropuerto diez veces mayor de una ciudad veinte veces mayor uno apenas tarda diez minutos en mostrar su pasaporte, aquí puede pasarse media hora haciendo cola en un recinto minúsculo, pues sólo hay un policía en el puesto, que además habla únicamente en español a los viajeros, sean estos españoles, ingleses o polacos. “Sólo spanish”, afirma simpático cuando a una estupefacta viajera se le ocurre hacerle una pregunta. Y como si algún hado maléfico quisiera que te olvidaras de lo que era la civilización, la posesión por el espíritu de la malafollá se produce cuando entras en uno de los taxis que opera de manera monopolística en el aeropuerto. Un vehículo sin taxímetro conducido por una especie de indígena granadensis que te explica entre gruñidos que sólo hay dos tarifas: la uno, que cuesta 28 euros, si te lleva a Granada capital; y la dos, que cuesta 30 euros, y que se aplica “de noche” (sic). Y como hasta para el indígena el argumento resulta algo rocambolesco, añade a continuación que lo mismo ocurre en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, donde “aunque los taxis lleven taxímetro en realidad te aplican una tarifa única” (sic). En ese momento ya estás gritando interiormente: “¿Por qué? ¿Por qué has tenido que volver? ¡¿Por qué?!” Pero tampoco tienes tiempo de exteriorizarlo, pues ahora el indígena atiende alegremente una llamada telefónica, con el manos libres, eso sí, para que los pasajeros podamos participar del entretenimiento local. Y aquí empiezan los gritos y exabruptos reales. Porque se ve que el cuñado del indígena –que es el interlocutor- no ha podido hacer una gestión relacionada con ¡la licencia del taxi! “¡Si es que en el ayuntamiento de Santa Fe son unos inútiles!”, grita el indígena. Y después se caga en todo el santoral. En ese punto, los pasajeros –y quizá el cuñado- estamos al borde del infarto del que nos habíamos librado al aterrizar. Pero el taxista sigue a los suyo, gritando, hasta que al final llegamos a nuestro destino y concluye: “¡Lo que hay allí metío!”, que es precisamente lo que tú piensas. En dónde nos habremos metido.

IDEAL (La Cerradura), 9/07/2017

Plurinacional

Resulta inquietante la ignorancia olímpica de algunos de nuestros políticos, que utilizan conceptos sin saber lo que significan, proponiéndolos incluso como modelo constitucional. Ocurre con el término que da título a esta columna, del que se sigue hablando esta semana. Porque se trata de un concepto acuñado en España, aunque la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, haya ido a buscarlo a América Latina, donde países como Bolivia, Ecuador o Perú lo importaron con un sentido muy diferente, pues allí sí puede hablarse con propiedad de procesos de emancipación de los pueblos indígenas, que aún deben superar los resabios coloniales. Pueblos aborígenes que han sufrido la segregación racial y económica, la exclusión y la marginación, algo que no puede decirse de “las nacionalidades y regiones” que integran la nación española, por utilizar los términos de la Constitución, y que se han desarrollado democráticamente. De hecho, aunque las propias constituciones de Ecuador o Bolivia utilicen el término plurinacional para referirse a la organización territorial del Estado, en estos países no existe una verdadera parcelación del poder político, porque los gobiernos autónomos descentralizados ecuatorianos o los departamentos bolivianos carecen de parlamentos, y se parecen mucho más a nuestras corporaciones locales, que tienen una autonomía administrativa, pero no política. Algo que saben bien nuestros ayuntamientos, que no crean leyes, sino que aplican las estatales, como también ocurre en estos países de América Latina. Sí es verdad que en Bolivia y Ecuador se ha dotado de personalidad jurídica y por tanto de derechos a los pueblos indígenas y hasta a la propia naturaleza (algo que sí merecería la pena copiar aquí para la protección efectiva del medioambiente), pero, fuera de algunos políticos, no veo yo en España a los indígenas por ninguna parte. De hecho, quizá habría que recordarle al PSOE que fue un político conservador, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el que allá por la denostada Transición, habló de una “nación de naciones”. Y fue Gregorio Peces Barba quien, en el mismo proceso constituyente, destacó tres aspectos del artículo dos de la Constitución española: “Primer aspecto: España-Nación, cuya unidad se afirma vigorosamente; segundo aspecto: España compuesta por comunidades que se califican como nacionalidades y regiones y respecto de las cuales se predica y se garantiza el derecho a la autonomía; tercer aspecto: la necesaria solidaridad entre todas estas nacionalidades y regiones”. Y afirmó que “la nación de naciones puede ser un solo Estado”. Quizá les resultara ilustrativo a nuestros actuales políticos leerse los diarios de aquellas modélicas sesiones.

IDEAL (La Cerradura), 2/07/2017