Mientras
el Ministerio de Hacienda echa cuentas para ver cómo se cumple el pacto con ERC
para la financiación singular de Cataluña y contentar al mismo tiempo al resto
de Comunidades Autónomas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) retrasa las devoluciones y mira con lupa las declaraciones del IRPF de
los ciudadanos, pues hay que rascar cada euro y ya se sabe que el grueso de los
tributos del Estado lo soportan las clases medias. Si el principio de capacidad
económica se aplicase efectivamente, otro gallo nos cantaría. Quizá se trate de
un fallo de perspectiva, pues la mirada está puesta en las instituciones y los
territorios, pero no en los ciudadanos, que son los que deben contribuir más o
menos en función de su renta. Así ocurre en teoría, pero las grandes fortunas
se esconden en sociedades anónimas que residen donde más les conviene, y en un
mundo ya regido por la inteligencia artificial cuesta creer que no existan
herramientas para que tributen efectivamente. Las normas internacionales y
nacionales son demasiado permisivas, y siempre es más fácil para la
administración observar con lupa la contabilidad de pymes y autónomos que
evitar el blanqueo de capitales. ¿Quiénes tributan, las comunidades autónomas o
los ciudadanos? Tributan los ciudadanos, y si hay comunidades más ricas es
porque allí residen personas con mayor nivel de renta. Si pensásemos en las
personas y no en los territorios, probablemente no se discutiría tanto la
redistribución de la riqueza de acuerdo con el principio de solidaridad. A eso
se refiere la Constitución española cuando exige un sistema tributario justo. Y
el tan cacareado principio de ordinalidad es exactamente lo contrario, pues
supone que a mayor renta per cápita de un territorio reciba asimismo mayor
financiación. Si en vez de territorios, hablamos de personas, su aplicación
significaría que cuanto mayor sea su renta mayores deberían ser también los
recursos que reciban de las administraciones públicas. Algo que quizá tendría
sentido en un país donde los servicios públicos estén privatizados, pero no en
un Estado social y democrático de Derecho. Y es falso el debate sobre lo que
aportan las comunidades autónomas más ricas, porque no aportan nada, en el
sistema los recursos tributarios se les atribuyen según su renta y consumo. Quienes
aportan son los ciudadanos. Los mismos a quienes investiga la AEAT mientras en
los despachos ministeriales se hacen las cuentas de la vieja. En la
financiación autonómica debe primar el interés general sobre los intereses de
gobierno, de los partidos o de los territorios.
IDEAL (La Cerradura), 8/09/2024
