No es una casualidad que España
lidere el crecimiento económico y demográfico en la Unión Europea, aunque el
incremento de la población no se debe al número de nacimientos, sino a la
llegada de inmigrantes de otros países, fundamentalmente de América Latina, de
Colombia, Perú o Venezuela, que tienen más facilidades legales para tramitar la
nacionalidad española. Personas que no llegan en patera, como les gusta afirmar
a algunos partidos políticos, sino por los aeropuertos y las fronteras de Irún
y La Junquera. Según Eurostat, España ha sumado más de 1,2 millones de personas
en lo que va de año, de los que 45.000 han llegado de forma irregular y, de
ellos, más de 30.000 a Canarias. Entre 2021 y 2023 se han nacionalizado 190.000
personas, lo que debería alegrarnos, pues quizá esto permita cuadrar las
cuentas de la Seguridad Social. Nadie se acuerda ya de la crisis económica, ni
de que entre 2012 y 2017 tuvieron que emigrar de nuestro país más de 600.000
jóvenes. Si sigue esta tendencia, dentro de poco llegaremos a los 50 millones
de habitantes que, sin embargo, no se distribuyen de manera uniforme por la
geografía peninsular. La mayoría de los inmigrantes latinoamericanos se
concentran en Madrid, mientras que los magrebíes trabajan en la agricultura en
las provincias de Huelva, Almería o Murcia. ¿Se podría incentivar la repoblación
de las zonas rurales y la “España vacía”? Podría ser un camino para
convertirnos en un país más pleno y donde estén también mejor distribuidos los
centros de poder. La polaridad Madrid-Barcelona y Norte-Sur ha hecho mucho daño
en el ámbito político, y es uno de los motivos por los que no ha sido efectiva
la solidaridad territorial. Las políticas en los ámbitos más importantes deberían
ser nacionales y no autonómicas, al menos en los aspectos esenciales, para
fomentar una idea de país, y no depender de las necesidades de gobierno. Madrid
es la comunidad autónoma más rica, pero también la que menos invierte en
sanidad. ¿No debería ser lo contrario? Las comunidades con mayor capacidad
económica quieren que esta se refleje en el sistema de financiación común, y
quizá eso tendría sentido si dedicasen esos mayores ingresos a mejorar los
servicios públicos esenciales. Pero no es el caso. Mientras la comunidad de
Madrid está privatizando esos servicios, Cataluña ha dedicado demasiados
recursos a embajadas en el extranjero y a las cuentas de la independencia, que
no terminan de cuadrar. Para independencia, la de los inmigrantes. Ellos sí que
saben lo que cuesta.
IDEAL (La Cerradura), 15/12/2024
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