Ciudadanos

Me asombra que entre tantas opiniones sobre el proceso independentista de Cataluña haya tan pocas que se preocupen por los ciudadanos. Por las personas que asisten atónitas al tira y afloja entre la Generalitat y el Estado central y que, sin embargo, no saben cómo será a partir del uno de octubre su vida, o las represalias que desde el Gobierno catalán –para el que el chantaje es algo ya habitual- pueden tomar según cuál sea su comportamiento. La sensación generalizada es que nuestros políticos viven en la Ínsula de Barataria, y lo único que cambia es la bandera que ondea en ese país idílico, que cada cual reviste de unos atributos mayúsculos. Porque demasiados políticos sólo respetan la ley si a ellos les conviene y, en ese sentido, hay poca diferencia entre la corrupción que ha socavado la credibilidad de los partidos y del propio sistema democrático y el proceso independentista de Cataluña, donde la prevaricación es práctica institucionalizada, pero cuyo poder político –desde el clan Pujol- ha sido cimentado por el Gobierno central en sucesivos pactos de legislatura. Y es que al PP y al PSOE les ha faltado sentido de Estado, por su incapacidad para ponerse de acuerdo en cuestiones fundamentales como es la organización territorial. Y no está de más recordar que, aunque resulta indudable la ilegalidad de las leyes aprobadas por el parlamento catalán esta semana, también fue indudable la legalidad en la aprobación del Estatut por el mismo parlamento autonómico y por el parlamento español –como cualquier ley orgánica- y que luego tumbó parcialmente el Tribunal Constitucional previo recurso discutible y electoralista del PP, actualmente en el Gobierno. Sin duda, si hubiera existido mayor voluntad política, no estaríamos hablando hoy de la independencia de Cataluña. Y en este contexto, la única tranquilidad nos la proporcionan los funcionarios, los letrados que advierten de la irregularidad de los procedimientos a la presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, los secretarios de los ayuntamientos catalanes que paran los pies a los alcaldes y los miembros de las fuerzas de orden público que han recibido –por fin- instrucciones concretas de la Fiscalía sobre el referéndum. Funcionarios que sí suelen respetar las leyes, entre otras cosas porque han tenido que estudiárselas antes, cosa que no podemos decir de todos nuestros políticos. Mientras tanto, a la costa de Motril siguen llegando pateras cargadas de subsaharianos. Personas a las que sólo les importa tener una oportunidad para trabajar y vivir en paz. Como a la mayoría de los ciudadanos.

IDEAL (La Cerradura), 10/09/2017