Diversidad

En un contexto europeo, en el que uno de los lemas de la UE es la unidad desde la diversidad, el tratamiento de los problemas nacionales como el de la financiación autonómica debería afrontarse desde una óptica diferente a la que nos tienen acostumbrados los barones y baronesas autonómicos. Primero, por los condicionantes de la propia política presupuestaria europea derivados del pacto de estabilidad; segundo, porque no pasa nada por reconocer las diferencias geográficas, sociales y políticas de las distintas regiones españolas. Pues no es lo mismo vivir en Castilla la Mancha que en Canarias, en Madrid que en Cataluña, en Andalucía que en Melilla. La dispersión territorial y la insularidad, la renta per cápita y la coexistencia de las lenguas oficiales, la población o la presión migratoria, por ejemplo, todos son criterios válidos dentro del sistema de financiación autonómica. A los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, les preocupa lo mismo: que los servicios públicos esenciales, sanidad, educación y servicios sociales sean iguales en cualquier parte del territorio español. A partir de ahí, pueden reconocerse los hechos diferenciales, como ya preveía la Constitución, que distingue entre comunidades de régimen común, y las singularidades de los territorios forales, País Vasco y Navarra (donde podría incluirse a Cataluña), de las Islas Canarias y las Baleares y de las tan olvidadas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y a las que pueden sumarse el resto de las comunidades autónomas españolas, que aspiran legítimamente a recibir un tratamiento singular pero igualitario. Algo posible si hubiera más pedagogía y menos demagogia, que es precisamente lo que ocurre en el ámbito de la Unión Europea, a cuyas instituciones nuestros políticos suelen acudir sin embargo más tranquilos y civilizados, más solidarios e incluso más políticos, si es que puede decirse esto, por las cuentas que les trae. Porque se trata de eso, de hacer cuentas, de repartir los recursos europeos y nacionales de la manera más eficiente y atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, no de las baronías de determinados partidos, acostumbrados a jugar al Monopoly español, también llamado Reinos de Taifas. Si cuando se habla de Europa, nadie duda de las ventajas de una integración económica, fiscal, presupuestaria, jurídica, civil, ciudadana y democrática, que es lo que convierte a la UE en una potencia mundial y en un oasis social, resulta ridículo que ese mismo planteamiento no sea también la directriz de España. Un país autonómico, federal o plurinacional en sentido material, porque la denominación es lo menos importante. Lo importante es adónde va.

IDEAL (La Cerradura), 17/10/2021