Populistas

Algunos políticos se empeñan en dejarnos frases memorables, sacadas del pasado, de películas de serie B o de su educación traumática, quién sabe. La de Xavier Albiol, candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, resume bien la política del PP respecto al problema regional español: “Se acabó la broma”. ¿Se la habrá oído a Charles Bronson? ¿A Clint Eastwood? ¿A Anacleto? Y eso, refiriéndose a la última propuesta legislativa del Gobierno español que, por su parte, pretende convertir al Tribunal Constitucional en una especie de Rambo mezclado con Terminator. ¿O serán Mortadelo y Filemón? Porque la idea de dotar al Tribunal Constitucional de potestad sancionadora para ejecutar sus sentencias parece un chiste, si no fuera porque revela que quienes gobiernan no creen vivir en un Estado de derecho, sino en un Estado policial, capaz de transformar también a Artur Mas (el penúltimo presunto corrupto) en Mariana Pineda. Este Gobierno crea problemas en vez de solucionarlos, y confiar en la demagogia en vez de en un buen programa para ganar las elecciones no es la mejor opción, como tampoco adoptar medidas populistas, ese concepto que denuestan. Convertir al máximo intérprete de la Constitución española en un órgano sancionador significa no respetar los principios democráticos ni los derechos fundamentales, quedándose en la literalidad de la expresión “el imperio de la ley”, pero desconociendo su significado: un parlamento donde se debaten y se aprueban las normas, un gobierno que las ejecuta y un poder judicial independiente que las interpreta en caso de conflicto. Ése es el sistema en un Estado de derecho. Y precisamente lo que se hace en los regímenes populistas es saltárselo, reformando la Constitución y las leyes para perpetuarse en el poder o las principales instituciones para que actúen a imagen y semejanza de quien gobierna. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Ante la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y ante la pasividad del Gobierno, las iniciativas para atender a los refugiados han partido de ciudades como Barcelona, Madrid y Cádiz, o de comunidades autónomas como la Valenciana, gobernadas por responsables públicos tildados de populistas. Una red de ciudades de acogida respaldada por ciudadanos que ofrecen sus propias casas. Pues eso es la política. Esta mañana he visto cómo una mujer de unos sesenta años, que iba con su carrito de la compra, ha robado el pan que habían dejado en la puerta aún cerrada de un comercio del barrio. Supongo que la mujer tenía hambre. Eso es lo que está ocurriendo en España.

IDEAL (La Cerradura), 6/09/2015