Leyes

Confundir la ideología con el derecho conlleva riesgos, fundamentalmente para los ciudadanos, y que un gobierno legisle sin tener claros los efectos que esas normas surten en los derechos y libertades individuales es más que un error garrafal, el síntoma de que se carece de formación para el cargo. Pero es peor aún que en su descargo se insulte a quien sí tiene la formación y preparación necesarias, como ha hecho la ministra Irene Montero con los jueces, que a diferencia de ella han alcanzado sus puestos después de ganar unas oposiciones cualificadas en las que tienen que demostrar su conocimiento del ordenamiento jurídico. Es el problema de creer que las ideas están por encima de las leyes, pues las normas también implican valores éticos y morales, los que inspiran las declaraciones internacionales de derechos y las constituciones democráticas como la española. Precisamente lo que echamos en falta de parte de nuestros políticos es la formación que sí se les exige a los jueces y a cualquier profesional que tenga un puesto de especial responsabilidad porque sus actuaciones pueden afectar a derechos de los ciudadanos, caso de abogados y médicos, pero también de otras profesiones como el periodismo en las que se aplican códigos deontológicos. El caso es que el Gobierno de España pierde toda su credibilidad cuando como órgano colegiado aprueba normas poco meditadas como las llamadas ley del “sí es sí” o la “ley trans” si sólo nacen de buenos propósitos y se aprueban desoyendo a la opinión experta. Lo que ha ocurrido ya con la primera puede aún evitarse con la segunda, y ojalá se evite con una tercera, la prevista reforma del delito de malversación pública, pues ya no es que perdería la credibilidad el Gobierno, sino también los partidos que lo sustentan y la misma clase política, pues malversador no es sólo el que se mete el dinero público en el bolsillo, como se nos cuenta, sino el que lo destina a un fin no previsto en el ordenamiento jurídico, que no por eso hay que cambiar. Otra vez la confusión de la ideología con el derecho, que es el que sostiene el sistema democrático. El argumento de que las ideas o las opiniones de los ciudadanos están por encima de las leyes es una falacia. Las leyes se aprueban o se reforman por su procedimiento parlamentario, precisamente para que se discutan con la profundidad necesaria y sin más urgencias que las constitucionales. Las buenas intenciones no hacen buenos políticos ni buenas leyes, que son más importantes.

IDEAL (La Cerradura), 20/11/2022