No
es de extrañar que en un país donde para fomentar el empleo se ha promovido la
flexibilización de los contratos y el despido libre, donde para mejorar la
salud se ha obligado a los ancianos a pagar las recetas de la Seguridad Social,
o donde para mejorar la educación se han dejado de conceder becas para el
estudio y de contratar a profesores, se trate ahora de combatir la corrupción
política cambiado simplemente la denominación de los imputados en una causa
judicial. Y este hecho no sería digno de mención si algunos políticos no lo
utilizasen para practicar la demagogia. Así, la nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal (ojo al adjetivo de la norma), ha sustituido el término “imputado” por
“investigado” en una primera fase del proceso de instrucción –será “encausado”
si se mantiene la acusación-, con el argumento de que el imputado “ha quedado
vinculado de forma inevitable a la culpabilidad”, como dijo el ministro de
Justicia, Rafal Catalá, para justificar la reforma. ¿Y no será porque hay
demasiados “culpables” de casos de corrupción, sin salir de su propio partido?
Quizá la presunción de inocencia aconseje no estigmatizar a las personas ahora
investigadas por prevaricación, pero es que las personas que ejercen de manera
meridianamente clara sus cargos públicos no suelen se acusadas por la fiscalía.
Otra cosa son las querellas infundadas, para lo que basta que alguien no tenga
reparos en malgastar el dinero y los recursos públicos. En Granada, sin
embargo, bastó el cambio de denominación en la LEC para afirmar que la
concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, no estaba imputada, sino investigada, y
es verdad. ¿Pero el cambio de denominación cambia también el hecho de que,
según la fiscalía, su conducta en relación al “caso Serrallo” pueda ser
constitutiva “de los delitos de prevaricación común y prevaricación
urbanística” (sic)? ¡No! Me alegraría mucho que en el proceso judicial se
demostrase lo contrario, pero lo cierto es que cuando Ciudadanos y el PP firmaron
en Granada los pactos de gobierno y anticorrupción, a los investigados –sean el
futuro encausados o no- se los denominaba imputados. ¿Y eso lo despachamos
diciendo que la retirada del apoyo de este partido al PP en el ayuntamiento forma
parte simplemente de la estrategia electoral? El problema es que haya
responsables públicos investigados por posibles delitos de prevaricación, y que
haya personas y partidos que nos respeten la ley ni los acuerdos firmados. A los
votantes nos gustaría que los políticos llamasen a las cosas por su nombre. Ése
es el primer paso hacia la responsabilidad.
IDEAL
(La Cerradura), 13/12/2015
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