Mientras
el Gobierno ha decidido acabar con la corrupción con el brillante método de
dejar de hablar del tema –costumbre bien aprendida en la Transición-, algunos
ciudadanos, en España y fuera de ella, toman conciencia de su responsabilidad,
pues, como dijo Unamuno, hay veces que el silencio equivale a aquiescencia. Varias
noticias nos lo han recordado esta semana, en la que WikiLeaks, con Julian
Assange a la cabeza, ha confirmado lo que ya sabíamos: que nos vigilan
constantemente. Y gracias a esos artilugios a los que les dedicamos tanto
tiempo y recursos: móviles, ordenadores, tabletas y televisores que la CIA y
otros servicios de inteligencia controlan a distancia para espiarnos. Aunque
tampoco es que haga mucha falta, ya que la mayoría de la gente cuenta todo lo
que hace en Facebook, donde uno puede ponerse al día de las costumbres y de la
vida profesional y sentimental de esas personas que ya no saben dónde están si
no se hacen un selfi antes para publicarlo después en una red social. Assange
sigue recluido en la embajada de Ecuador en Londres, pero probablemente sólo
haya cumplido con su responsabilidad al poner en manos de la opinión pública la
información de la que dispone. ¿Cuántas personas suelen denunciar los delitos
de los que tienen conocimiento? ¿Por qué a la CIA no le preocupan los delitos
cometidos, sino únicamente que se filtre la información? Lo increíble es que
los gobiernos hayan convertido la delincuencia en una práctica institucionalizada,
y que luego dediquen los impuestos de los ciudadanos a maquillarla con
comisiones de investigación. En España, ésa parece ser la esencia de los pactos
de gobierno, como hemos podido apreciar en el Congreso. Porque si el pacto
consiste en romper el acuerdo cuando haya imputados o investigados en una causa
judicial por corrupción política, hay que cumplirlo, caiga quien caiga, ya sea en
el Gobierno central, en la Comunidad Autónoma de Murcia o en el Ayuntamiento de
Granada. Y no es una cuestión de mera interpretación, ni de si se trata de un
problema penal o administrativo, algo que tendrá que resolver el juzgado competente.
Se trata de respetar tu palabra, y de recordar a los responsables públicos que,
si ejercen esa responsabilidad, es por una cuestión de confianza, que es un
contrato con los votantes. Y mientras se siga incumpliendo ese contrato,
seguiremos hablando de corrupción. Son los silencios los que están matando la
democracia, y la palabra de nuestros políticos es tan ligera que los partidos no
hacen más que levitar.
IDEAL (La
Cerradura), 12/03/2017
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