A
veces se nos olvida que las decisiones políticas tienen consecuencias
concretas. Sin embargo, en España es relativamente normal escuchar a políticos
sorprendidos (o quizá no tanto) cuando son procesados o juzgados por la opinión
pública. Lo hemos visto en Cataluña, donde algunos independentistas han
descubierto ahora que el Estado aplica las leyes, pero también en otras
comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía y en ciudades como Granada, donde
hay políticos que no sabían que la policía cuenta con una Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada para combatir la corrupción.
“¿Qué coño es eso de la UDEF?”, dicen entonces. Pero es que algunos de nuestros
políticos no parecen saber ni quiénes son, porque cuando les preguntas por algo
en concreto sufren una amnesia repentina o te dicen sin sonrojarse que no saben
nada de cuentas, aunque sean consejeros o incluso presidan una entidad
financiera. Así, Narcís Serra, expresidente de Caixa Cataluña, ha defendido
esta semana en el Congreso su gestión de esta entidad financiera que tuvo que
ser rescatada con 12.600 millones de euros. Un tipo que, además de economista,
ha sido alcalde, ministro y vicepresidente del Gobierno. Y que también ha
explicado que los miembros del consejo de administración, elegidos por sorteo,
empezaron a asistir a cursos de formación financiera que se impartían antes de
la reunión de cada mes y donde se les explicaba las partidas claves del balance
y de la cuenta de resultados. Si la misma gestión la hubiera realizado en
Inglaterra, tendría que haberse exiliado, como Puigdemont. Y, si hubiera sido
en Japón, para limpiar su honor se tendría que haber cortado unos cuantos dedos
o practicado el harakiri. Pero, como vive en España, ha culpado del desastre a
la anterior dirección de la caja, al Banco de España y al Gobierno actual, por
malvenderla a Bankia. Lo peor es que así piensa buena parte de nuestra clase
política, aunque malgaste el dinero público. Pero es que las cosas sólo nos preocupan
cuando nos afectan personalmente. Y los políticos deberían responder de su
gestión con su propio patrimonio. Lamentablemente, no es así, y la única
contrapartida para los ciudadanos es el desmantelamiento de los servicios
públicos (que es lo que representaban al principio las cajas de ahorro). Mientras,
en Granada, el Ayuntamiento va a remodelar las líneas de autobús, y va a
suprimir la LAC. La alternancia en la alcaldía se reduce a hacer y deshacer,
pero ¿quién va a pagar todo esto? Lo mismo habría que ahorrarse a la clase
política.
IDEAL (La
Cerradura), 4/03/2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario