Lo
que más me gusta del nuevo gobierno de Pedro Sánchez es la defensa que la
mayoría de las ministras y ministros han hecho de la Constitución española,
aunque haya que cambiarla. Porque, para reformarla, hay que seguir el
procedimiento contemplado en el propio texto constitucional, algo tan natural
desde el punto de vista jurídico como olvidado en el plano político. Demasiados
diputados confunden la soberanía popular con sus propios deseos, y piensan que
ganar unas elecciones les da derecho a hacer lo que les dé la gana. Pero, en
España, la soberanía popular reside en el parlamento ya constituido, no en la
voluntad de los votantes. La voluntad popular se convierte en órgano del
ordenamiento jurídico cuando es poder constituido, y no antes. El matiz es
importante, pues implica que lo primero que debe respetar el representante
público es el ordenamiento jurídico. Esto vale para el presidente de la
comunidad autónoma de Cataluña, Quim Torra, como para el exalcalde de Granada,
Torres Hurtado, un político que gobernaba el Ayuntamiento como un cortijo
porque creía estar legitimado por el voto ciego de una mayoría de ciudadanos.
De hecho, aún lo cree, y esta semana ha presentado en el juzgado una póliza de
seguro pagada por el Ayuntamiento en vez aportar de su bolsillo dos millones de
euros. Un seguro contratado “para cubrir fianzas judiciales en procesos
criminales”. ¡Y es que los hay previsores! En la nueva política-pose,
dirigentes como Pablo Iglesias justifican su inconsecuencia con la
inconsecuencia de las bases de su partido, como si la decisión de una mayoría
convirtiese en ético lo que no lo es, aunque se trate de cuestiones tan domésticas
como la compra de una casa. Hitler llegó al poder con el apoyo de la mayoría de
los ciudadanos alemanes, pero el pueblo no puede legitimar las opciones
políticas que atentan contra la legalidad. Porque no son los votos de los
ciudadanos los que otorgan la legitimidad, sino una votación en el Congreso de
los Diputados. Por eso sonroja escuchar que la elección de Pedro Sánchez como
presidente del Gobierno es “un golpe de Estado”. La gracia de los parlamentos
es precisamente el poder evitar los golpes de Estado, como pudimos comprobar en
España no hace tanto tiempo. España parece un país de otro planeta, y quizá por
eso haya venido un astronauta al ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades. Debe tenerse otra perspectiva de las cosas cuando se ha
contemplado la tierra desde el espacio. Aunque una cosa es estar en órbita y
otra ser desorbitado.
IDEAL (La
Cerradura), 10/06/2018
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