Independencia

Mal van las cosas cuando el Gobierno en funciones tiene que emitir un vídeo en varios idiomas para explicar que España es un Estado democrático. El problema parece ser que en España y en Europa hay demasiada gente que no sabe que la democracia empieza por el cumplimiento de la ley –la Constitución- que la legitima. Y si no te gustan las leyes que hay, intenta cambiarlas. Pero no hace falta quemar contenedores para eso, ni agredir a la policía, ni insultar a nadie en las calles de Granada, donde no debe enseñarse bien la Geografía, pues hay gente que cree vivir en Cataluña. ¡Que vivís en España en el año 2019! Pero claro, en una sociedad donde impera el mito asambleario virtual –no hay mucha diferencia entre insultar en la calle o hacerlo en las redes sociales- esto es difícil de explicar. La peña confunde el derecho a decidir con decidir lo que le da la gana, interrumpir el tráfico, colapsar un aeropuerto, jorobar la vida de miles de personas. Los radicales condenan las sentencias de los mismos jueces que garantizan que ellos puedan manifestarse y convertir las calles en un campo de batalla. Los radicales son “las fuerzas de ocupación”, y la policía es la que tiene que aguantar pacientemente que le escupan, insulten y agredan. En Cataluña, una parte de la clase política está tan confundida que ha pasado de cobrarles un impuesto revolucionario del 3% a los empresarios a chantajear a la gran mayoría de la población, que está ahíta de independentismo. Lo curioso es que el clan Pujol y compañía no utilizaban esta recaudación ilegal para construir un nuevo país, sino para abrirse cuentas en Suiza o radicar la base operativa del catalanismo extorsionador en paraísos fiscales como la isla de San Cristóbal, que lo mismo sería también un buen lugar para radicar una Cataluña independiente, a unos cuantos miles de kilómetros de la península Ibérica. Eso sí que constituiría un Tsunami Democràtic en el mar Caribe. Pero se trata de una confusión contagiosa, como demostraban los manifestantes esta semana en plena Gran vía, con consignas como: “El pueblo trabajador andaluz por el derecho a decidir” o “Las calles siempre serán nuestras”. En vez de mandar a la policía, habría que haber enviado a la recaudación municipal para cobrarles una tasa por aprovechamiento particular del dominio público. Y acompañados por unos cuantos profesores de Geografía e Historia. La verdadera independencia empieza por la educación. Derecho y Constitución debería ser una asignatura obligatoria en las aulas de toda España.

IDEAL, 20/10/2019