Epidemias

Anda media España metida en la cama a causa de la gripe A, mientras los científicos investigan un brote de peste porcina en Cataluña, cuyo virus podría haber escapado de un laboratorio, como se decía del covid, pues se ve que no se puede aislar a los bichos. Lo mismo ocurre con algunas informaciones y noticias, que se vuelven virales por la velocidad con la que se transmiten, pero que pueden tener también un carácter infeccioso. O con algunas prácticas políticas, que corrompen los partidos, las instituciones y el sistema democrático y para las que al parecer no existe vacuna posible, aunque haya quien se automedique con una amnesia sobre hechos, personas o decisiones de gobierno. El SAS sale en busca de los ciudadanos a los centros comerciales, y este sábado, mientras hace sus compras, la población de riesgo podrá vacunarse en el Nevada, en el Granaíta o en el mercado municipal de Guadix. Lo peor es que las mascarillas sean ya obligatorias en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y en otros centros sanitarios de Andalucía y de toda España. En las mochilas, maletas, abrigos y chaquetas del armario todavía aparecen fantasmas con forma de mascarilla que estaban guardadas desde la época de la pandemia. ¿Supuso aquella plaga un punto de inflexión para el ejercicio de la política? ¿Se ha invertido más en sanidad o en servicios sociales? Sólo en las residencias de la Comunidad de Madrid, que está desmontando los servicios públicos para venderlos al sector privado, fallecieron 8.000 ancianos, de cuyas muertes nadie se ha hecho responsable. Según las investigaciones de la UCO, durante la pandemia abundaron las corruptelas y hubo quien se aprovechó de los miedos y las enfermedades de los ciudadanos. Por desgracia, también hay quien se acostumbró al ordeno y mando. Decretar un estado de alarma y el encierro de los ciudadanos en sus casas le cambió a algunos políticos la perspectiva de la autoridad. ¿Qué gripe afecta a nuestra clase política? Las ayudas europeas no se han destinado a mejorar los servicios sociales, y hay partidas que nunca llegarán por la incapacidad del Gobierno para aprobar unos presupuestos. Se legisla a golpe de decretos-leyes, como si viviéramos en un estado de emergencia permanente. Quizá porque algunos de nuestros dirigentes se balancean sobre el precipicio aferrados a la soga del poder. Decía un famoso biólogo que un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. No sé si una buena política de vacunación equivale a una vacunación política.

IDEAL (La Cerradura), 14/12/2025

Singularidades

Reconocer la singularidad de Cataluña en la financiación autonómica y encarar el problema regional español, como lo llamaba Ortega y Gasset, no tendría que ser un problema político, pero lo es cuando no se siguen los cauces legales para abordarlo. Si se quiere reformar el sistema de financiación autonómica, deberá convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que estén presentes todas las comunidades autónomas, incluyendo a País Vasco y Navarra que, como Cataluña, deben participar en los mecanismos de solidaridad. El problema se plantea cuando se ponen parches y se hacen reformas parciales del sistema en función de las necesidades de gobernabilidad del Estado, sin abordar la cuestión en profundidad, sino por las urgencias del partido que quiere mantenerse en el Gobierno o que quiere ostentar el de la comunidad autónoma correspondiente. Pero España no se rompe por reconocer la singularidad de Cataluña, que es una realidad histórica, como las de País Vasco y Navarra. Otra cosa es que se quiera que en todas las comunidades autónomas se presten los mismos servicios públicos esenciales, independientemente de los sueños identitarios y del nivel de riqueza, algo que habrá que explicar a los ciudadanos sin recurrir a la demagogia. Crean más desigualdades los líderes obtusos que los que promueven la república de su casa. Reconocer la complejidad territorial de España es compatible con defender la unidad, siempre que se reconozca la singularidad territorial e individual. Porque quienes no reconocen las diferencias institucionales difícilmente respetarán los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, ya sean de credo o de género. Unidad en la diversidad y un derecho que acoja a todos son la base de la UE y de cualquier Estado democrático. Los que defienden con tanto ahínco la Transición y la Constitución española deberían recordar que fue el fruto del acuerdo entre contrarios y que, en su texto, recoge las singularidades territoriales e institucionales de una manera específica: País Vasco y Navarra, sí, pero también Canarias y Baleares, por no hablar de Ceuta y Melilla. Podrían ser asimismo Barbate o Granada, ciudad singular entre las singulares y que, siendo de las más turísticas, es de las peor comunicadas.  A ciudadanos y políticos se nos llena la boca con la palabra solidaridad, pero la realidad es que no somos solidarios, incluso con los bienes más básicos, como el agua. Baste de ejemplo las reacciones a la decisión de ceder el excedente de agua de riego del pantano del Negratín a la provincia de Almería. ¿Singulares? Parecemos más bien egoístas y simplones.

IDEAL (La Cerradura), 23/06/2024

Solidaridad

Puede que lo que no ha unido la política logre hacerlo la naturaleza. Ya se sabe que a la fuerza ahorcan, y quizá la sequía fomente la necesaria solidaridad entre las comunidades autónomas, e incluso una idea de país, hasta ahora fragmentada o inexistente. Los presidentes de Andalucía y Cataluña hablan ya abiertamente de trasvases de agua, aunque sorprende que haya que llegar a una emergencia para que se tomen decisiones. Hace veinte años la comunidad catalana se opuso a compartir el agua del Ebro con Aragón, lo que hoy reclama con urgencia. Quizá durante este tiempo los dirigentes catalanes, como tantos de otras partes, se hayan preocupado de otras cosas. Y resulta lamentable oír cómo muchos se escudan ahora en el cambio climático (negado hasta que se ha convertido en un hecho irreversible, aunque algunos sigan hablando de “dogmatismo ambiental”) cuando han estado ocupados en promover políticas identitarias y no en resolver problemas prácticos, que es lo que deberían hacer los responsables institucionales: gestionar bien los recursos públicos. ¿Cómo no hay una coordinación entre todas las administraciones territoriales en un tema tan sensible para los ciudadanos? ¿Cómo no hay un nuevo plan hidrológico a nivel nacional? ¿Hay que salir a la calle y cortar las carreteras, como han hecho esta semana los trabajadores del campo en Granada? Los fenómenos climáticos extremos, la sequía y la subida de precios están arruinando al sector. Y, sin embargo, a pesar de las molestias causadas, hay mucha gente que ha mostrado comprensión por las protestas de los agricultores, que a fin de cuentas son quienes más conectados están con la tierra, y prestan un servicio público esencial. La mayoría son trabajadores autónomos, que hacen lo que pueden para que sus explotaciones sean eficientes desde el punto de vista medioambiental y económico, pero no pueden competir con los grandes grupos empresariales ni con la importación de productos de otros países que no cumplen con las exigencias normativas de la Unión Europea. Sin embargo, el miedo de nuestra clase política es que la extrema derecha capitalice el malestar popular y obtenga buenos resultados en las próximas elecciones. ¿No sería mejor trabajar para cambiar un modelo productivo obsoleto y hacer políticas ecológicas a largo plazo? La Unión Europea, que subvenciona el sector, no es el enemigo, sino un interlocutor necesario. La llamada agenda verde es ya una prioridad, pero debe suponer algo más que ayudas o restricciones al sector agrario. La solidaridad empieza por una política nacional y europea para una gestión óptima de la tierra y el agua.

 IDEAL (La Cerradura), 11/02/2024

Agua

En Andalucía no “hay riesgo de lluvias”, como suelen decir los meteorólogos, sino de sequías. Y pasado ya uno de los años más cálidos de la historia, no va a ser el cielo azul el símbolo de la alegría, sino el encapotado y, a ser posible, seguido de un chaparrón. Son las carencias colectivas las que nos recuerdan la necesidad de que exista solidaridad entre las comunidades autónomas, y recién estrenado el 2024 son Andalucía y Cataluña las que tienen que afrontar los problemas de la sequía. Nuevos cortes y buques cisterna son algunas de las soluciones que se oyen en Sevilla y en Barcelona. ¿Podrían recibir agua de otras comunidades autónomas? ¿De quiénes son los recursos naturales que hay en la península ibérica, de todos los españoles o de cada comunidad autónoma, con permiso de Portugal? Según el artículo 128 de la Constitución española, “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”; y el artículo 50 del Estatuto andaluz señala que le corresponde a la Junta la competencia exclusiva sobre los “recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran por Andalucía”, además de las aguas subterráneas. Pero, fuera de las leyes, quizá la respuesta no sea la misma en momentos de abundancia que en los de necesidad. Las urgencias políticas no suelen coincidir con las urgencias medioambientales, y hemos tenido que sufrir una pandemia para que haya existido una colaboración eficiente entre todas las administraciones territoriales españolas. Los embalses en peor situación son los de las cuencas del Guadalquivir (al 19,3% de su capacidad), Segura (18,9%), Cuencas Mediterráneas Andaluzas (18,8%), Cuencas Internas de Cataluña (16,8%) y Guadalete-Barbate (14,5%). En algunos municipios catalanes el consumo humano de agua está limitado a 210 litros por habitante y día, y se ha prohibido regar parques y jardines, lavar coches o llenar piscinas con agua potable. En Andalucía, en localidades como Vélez Málaga y Rincón de la Victoria se corta el agua entre las once de la noche y las siete de la mañana, y la Junta ya prevé utilizar buques cisterna para abastecer a la población de la Costa del Sol en Málaga o el Campo de Gibraltar en Cádiz. En Granada, se han celebrado las primeras nevadas en la sierra y no tanto la subida del recibo del agua. En 2024 ya no queremos buen tiempo, sino que las nubes empañen nuestro horizonte. “Amenaza” cielo azul, que no nublado. La lluvia será el símbolo de la alegría.

IDEAL (La Cerradura), 7/01/2024

Plurinacionales

En España, a mucha gente le molesta que se hable de nación de naciones o de monarquía plurinacional, pero son términos más comunes en nuestra historia y en nuestra literatura de lo que pueda parecer a primera vista. Forman parte de ese conjunto de temas que actualmente no se abordan sin algún tipo de censura o autocensura, como Transición, monarquía, dictadura y Guerra Civil, y que demuestran la fragilidad de nuestra aún joven democracia. También es verdad que, en nombre de la democracia, se han utilizado y mezclado conceptos y pervertido su sentido por causas finalistas, como autogobierno, derecho a decidir, autodeterminación, respeto a las minorías, condiciones de la democracia, y que en muchos casos escapan a la idea de democracia misma. Y los términos nación o nacionalidad, claro, en según qué contextos vacíos de contenido. Al parecer, algunos de los problemas que ha tenido nuestro Estado siguen enquistados, y no somos capaces de reconocer y aceptar las diferencias del otro. Sin embargo, casi nadie duda ya de las bondades de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que tiene entre sus lemas fundamentales la unidad desde la diversidad, y que recoge en sus tratados fundacionales el reconocimiento de los hechos diferenciales y las singularidades políticas y fiscales de algunos territorios españoles que, por cierto, no se encuentran solamente en el continente europeo, caso de Canarias o de Ceuta y Melilla. Hay que recordar que dentro del marco constitucional vigente hay territorios con un estatus jurídico propio, tanto desde el punto de vista de sus instituciones como, fundamentalmente, desde el punto de vista fiscal. Así podríamos distinguir entre las comunidades autónomas de régimen común de los territorios forales, País Vasco y Navarra, con convenio y concierto propios pactados con el Estado. Es decir, dentro de la Constitución española de 1978 ya están reconocidas las singularidades territoriales de una manera específica. ¿Podría tener Cataluña un tratamiento especial, como País Vasco y Navarra? Yo creo que sí, pero también Andalucía, Galicia o Baleares. Porque, ¿les van a condonar parte de la deuda pública a todas las comunidades autónomas, como al parecer ha pactado para Cataluña el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, con Oriol Junqueras mientras esperan el sí de Puigdemont? ¿No será mejor aprobar un nuevo sistema de financiación del que se beneficien todas las autonomías? Nuestros políticos ganarían mucho si explicaran los problemas reales del país a los ciudadanos sin recurrir a la demagogia y los afrontasen más allá de la propia conveniencia. Ese es el peor nacionalismo.

IDEAL (La Cerradura), 5/11/2023

Favores

En España, el nepotismo parece ser una práctica consuetudinaria que salta de la política a las instituciones o al deporte rey (no hablaremos de la Corona), donde también abundan las cadenas de favores. Esta semana están en vilo los aficionados del Barça por una posible sanción de la UEFA que excluiría al equipo de las competiciones europeas, algo que preocupa más que la investigación de la justicia española. ¿Cómo nos van a bajar a segunda? Si hemos sido capaces de lograr que se desvirtúen los delitos de sedición y prevaricación, lo de la ley del deporte debe resultar peccata minuta. Por si las moscas, se han denunciado los agravios comparativos y se ha mezclado el tocino con la velocidad o viceversa, algo así como que el tiqui-taca está inspirado en los deseos de independencia de una parte de la sociedad catalana. Pero claro, si también una parte de esa clase política estaba acostumbrada a adjudicar contratos públicos a cambio de un tanto por ciento, ¿cómo no iban a sentirse legitimados los directivos de un club de fútbol para comprar la voluntad de los árbitros? Las afinidades electivas todo lo complican, y en Granada las instituciones siguen denunciando la falta de transparencia en la adjudicación de la sede de la AESIA a La Coruña, pues el Gobierno firmó el informe desfavorable para la capital nazarí un mes y medio después de designar a la capital gallega. Supongo que todas las instituciones granadinas cumplen escrupulosamente la normativa y los criterios de meritocracia cuando toman decisiones que afectan a sus infraestructuras o a sus trabajadores, ajenas a razones políticas, personales o familiares, incluyendo las de su propio partido. De ahí la comprensible indignación por tener que trabajar en un teatro de marionetas. Y por eso despierta mucho más interés el "BarçaGate" que el "AESIAGate", ya que resulta más estimulante recorrer la geografía española detrás de un balón y once tipos en calzoncillos que perseguir por los pasillos a tu jefe o jefa. ¿Vendrá de ahí lo de los globos sonda? En la política, como en el arte o incluso el fútbol, tan importante es lo que se ve como lo que no se ve. La diferencia estriba en si lo que no se ve termina en los tribunales. ¿Podríamos introducir el VAR en las reuniones del Consejo de Ministros? ¿Reinará en nuestras instituciones e incluso en nuestro país por fin la transparencia? Los favores tienen el valor de las personas que te los hacen. Luego hay que devolverlos. Mejor que no sea a Vito Corleone.

IDEAL (La Cerradura), 26/03/2023

Árbitros

Vivimos en un país raro. Mientras los partidos independentistas trabajan para que Cataluña se separe de España, el Fútbol Club Barcelona, que ha apoyado este proceso digno de Kafka, ha pagado al parecer durante años al que fuera Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira, para que le favoreciera en los resultados de la Liga Española. “Esto explica la racha de 746 días sin que le pitaran un penalti en contra”, dicen los cronistas deportivos, que echan en falta un artículo 155 para poner orden en el ámbito futbolístico. “Algo normal”, sin embargo, para el expresidente del club azulgrana, Joan Gaspart, y para el actual presidente, Joan Laporta, que dice que todo se debe a que las cosas le van bien al equipo, primer clasificado del campeonato de fútbol, aunque al aficionado no se lo parezca. Como cualquier dirigente político, Laporta echa balones fuera. Pero ¿qué sería del Barca sin la Liga y sin el Real Madrid como gran rival? ¿Y qué sería de Cataluña sin un país del que independizarse? Para empezar, no podría financiar sus competencias, que crecen con cada nuevo acuerdo de legislatura. Los chantajes se producen en los estadios y en la arena política, y los equipos, contagiados por la dinámica informativa, están en una permanente campaña electoral, con entrenadores que ofrecen continuas ruedas de prensa para hablar del estado anímico de los jugadores, quejarse del arbitraje o despotricar de la política española, como suele hacer Pep Guardiola. Lo del clima del equipo se parece al clima electoral, y el asunto va siempre de quién puede influir en los resultados, ya sean del partido de fútbol o de los proyectos legislativos que ha presentado el partido político en el Parlamento. Esta semana se han aprobado en el Congreso la ley del aborto y la ley trans, e Irene Montero lo ha celebrado como si hubiera ganado la Champions Ligue, tal vez porque le ha metido un gol al PP y a Vox y otro a su socio de Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, no sabe qué hacer para quitársela de en medio. Ya se quitó a Carmen Calvo, capaz de mantener la dignidad y romper la disciplina de partido, de lo cual podrían tomar ejemplo todos los diputados, que se supone que están en el Congreso para ejercer su libertad ideológica y representar a los ciudadanos. Convertida la política en un juego de contrarios, la realidad se vuelve simple y maniquea, dividida en rojos y azules, en buenos y malos. Terminará gobernando un árbitro.

IDEAL (La Cerradura), 19/02/2023

Barrancos

Vivimos en una época en la que el primer gesto cotidiano que hace la mayoría de las personas es asomarse a una pantalla, por lo que es normal que la realidad y la ficción lleguen a confundirse, y más en el caso de una generación política que parece encontrar sus modelos de actuación en series como “Juego de Tronos” o “El ala oeste de la Casa Blanca”. Y no es que no podamos confiar en la calidad de los guionistas de estas producciones televisivas, pero quizá habría que tener en cuenta que lo que les mueve es captar la atención de los espectadores casi a cualquier precio, y no las ideologías o la protección de los derechos y libertades que deberían guiar la acción política, aunque ya parecen cosas del pasado, cuando los principios que priman en la política española son los del marketing. “Un asesor se tira a un barranco por su presidente”, ha afirmado el secretario de Estado Iván Redondo, parafraseando un diálogo de la serie americana. No, hombre, no hace falta. Tranquilícese. Dé de baja la suscripción de Netflix, cambie a Maquiavelo por Marco Aurelio, cuando se levante a las 5 y media de la mañana no encienda el móvil, sino váyase a correr. Y luego transmítale el método al presidente Pedro Sánchez. Lo mismo podemos solucionar el problema catalán con una simple sesión de meditación zen. Y un mantra: “Lealtad y concordia”. Así no harían falta amnistías ni indultos ni tachar de venganzas y revanchas las decisiones judiciales, ni de paso deslegitimar al poder judicial y a la propia democracia. Podría aprovechar su capacidad de trabajo para elaborar una guía de uso, un nuevo protocolo espiritual dirigido a la clase política y a la gestión de todas las administraciones públicas, incluso el Ayuntamiento de Granada, para el que quizá habría que elaborar unos cuantos mandamientos específicos o acudir a la medicina tradicional para que recete tranquilizantes a algunos concejales. Porque hay quien tiene visiones, y quien sufre alucinaciones, y quien está ungido en iluminaciones. Nada que no hubiéramos apreciado en la campaña electoral, pero que se ha trasladado a las instituciones por el truco de un prestidigitador, ayudado por las direcciones de dos partidos, Ciudadanos y PP, preocupados únicamente por mantener sus cuotas de poder. Lo mismo le hacen caso a Iván Redondo y se tiran por el barranco municipal. Pero pongan antes un colchón en el fondo que no signifique tomarle el pelo a los ciudadanos. Un colchón-gobierno de leyes, y no de nombres.

IDEAL (La Cerradura), 30/05/2021

Espectáculos

Nuestra pobreza cultural se muestra en las simplezas del debate político: mayor polaridad y extremismo, ausencia de debates con propuestas e ideas concretas. En España, la situación de Cataluña y Madrid se revela paradigmática. Los otrora motores económicos y culturales del país viven, con elecciones o sin ellas, en una campaña permanente de descrédito del adversario y una confrontación que poco tienen que ver con los intereses de los ciudadanos. En Cataluña, el independentismo pretende la exclusión de quienes no comparten su ideario, ya se trate de los agentes de los cuerpos de seguridad el Estado, a los que no se quiere vacunar, o de los propios ciudadanos, en una especie de nuevo apartheid de los que llaman españoles, como si ellos no lo fueran, aunque se trate de personas que contribuyen al desarrollo de la sociedad catalana, como Javier Cercas, condenado públicamente por el aparato secesionista por el mero hecho de decir lo que piensa, primer requisito del Estado democrático. Y en Madrid, la campaña electoral ha mostrado ya demasiados esperpentos, como el de Rocío Monasterio haciendo de banderillera bajo la mirada aprobadora del hombre-puro (es lo que fumaba) Santiago Abascal; o el de Isabel Díaz Ayuso, permanente tonadillera; con Ángel Gabilondo liándose con la concentración y dispersión del centro izquierda y Pablo Iglesias confundiendo los intereses de la izquierda con los de su propio partido. Y Pedro Sánchez, claro, interviniendo en la campaña como si fuera el candidato del PSOE a la comunidad en vez del presidente del Gobierno de España. Lo de Vox y el cartel sobre los Menas es un tema aparte. Un partido que utiliza una campaña electoral para incitar al odio debería ser ilegal, como lo es la exaltación del nazismo en Alemania. Los derechos humanos obligan a los países a la protección de los menores, independientemente de su procedencia o nacionalidad. Y los partidos políticos que ignoran los derechos humanos no deberían existir, simplemente, porque son los derechos y libertades fundamentales de las personas los que legitiman la existencia de esos partidos y de las democracias. Mientras tanto, la gente se muere por la Covid-19 o por las consecuencias económicas de la gestión de la pandemia. Pero los principales medios de comunicación dedican sus editoriales a la Superliga, que es lo que parece inquietar más en un país donde la gente prefiere obviamente las contiendas futbolísticas a las políticas. Se ve que podemos prescindir de los cargos políticos, pero no de las estrellas del balón. Cerrada la cultura, estos son nuestros espectáculos públicos.

IDEAL (La Cerradura), 25/04/2021

Independencia

Mal van las cosas cuando el Gobierno en funciones tiene que emitir un vídeo en varios idiomas para explicar que España es un Estado democrático. El problema parece ser que en España y en Europa hay demasiada gente que no sabe que la democracia empieza por el cumplimiento de la ley –la Constitución- que la legitima. Y si no te gustan las leyes que hay, intenta cambiarlas. Pero no hace falta quemar contenedores para eso, ni agredir a la policía, ni insultar a nadie en las calles de Granada, donde no debe enseñarse bien la Geografía, pues hay gente que cree vivir en Cataluña. ¡Que vivís en España en el año 2019! Pero claro, en una sociedad donde impera el mito asambleario virtual –no hay mucha diferencia entre insultar en la calle o hacerlo en las redes sociales- esto es difícil de explicar. La peña confunde el derecho a decidir con decidir lo que le da la gana, interrumpir el tráfico, colapsar un aeropuerto, jorobar la vida de miles de personas. Los radicales condenan las sentencias de los mismos jueces que garantizan que ellos puedan manifestarse y convertir las calles en un campo de batalla. Los radicales son “las fuerzas de ocupación”, y la policía es la que tiene que aguantar pacientemente que le escupan, insulten y agredan. En Cataluña, una parte de la clase política está tan confundida que ha pasado de cobrarles un impuesto revolucionario del 3% a los empresarios a chantajear a la gran mayoría de la población, que está ahíta de independentismo. Lo curioso es que el clan Pujol y compañía no utilizaban esta recaudación ilegal para construir un nuevo país, sino para abrirse cuentas en Suiza o radicar la base operativa del catalanismo extorsionador en paraísos fiscales como la isla de San Cristóbal, que lo mismo sería también un buen lugar para radicar una Cataluña independiente, a unos cuantos miles de kilómetros de la península Ibérica. Eso sí que constituiría un Tsunami Democràtic en el mar Caribe. Pero se trata de una confusión contagiosa, como demostraban los manifestantes esta semana en plena Gran vía, con consignas como: “El pueblo trabajador andaluz por el derecho a decidir” o “Las calles siempre serán nuestras”. En vez de mandar a la policía, habría que haber enviado a la recaudación municipal para cobrarles una tasa por aprovechamiento particular del dominio público. Y acompañados por unos cuantos profesores de Geografía e Historia. La verdadera independencia empieza por la educación. Derecho y Constitución debería ser una asignatura obligatoria en las aulas de toda España.

IDEAL, 20/10/2019

Prófugos

Se ve que ni el propio expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha creído lo de la república catalana, pues ha salido corriendo a Bélgica para ver si lo acoge algún flamenco entre sus alas. Si al final este hombre nos va a dar pena, aunque antes de irse haya quebrado a toda una comunidad autónoma y a buena parte de las personas que siguen viviendo en ella. Menudo fill de la chingada, que es como se llaman unos a otros algunos políticos en esta Cataluña sin cabeza. Por lo menos, no se ha ido corriendo con el botín como el clan Pujol, que ni siquiera se ha molestado en exiliarse. “Total”, pensaban, “si este país soy yo”. Y todavía lo piensa demasiada gente, que no entiende de otras leyes que las propias, a pesar de que no puedan denominarse así, al no ser aprobadas por un procedimiento democrático. Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del expresidente fantasma han ingresado esta semana en la cárcel, y hay quien se sorprende, quizá porque en España estamos acostumbrados a que la legalidad se cuestione por parte del poder político. De hecho, los argumentos con los que se ha criticado el auto de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela han sido políticos y no jurídicos. Que si no ha sido la decisión más prudente. Que si ha sido demasiado severa. Que si se le están dando más razones al independentismo. Que si se van a judicializar las elecciones. Pablo Iglesias y Ada Colau hablan de presos políticos y piden la amnistía, cuando la realidad es que todavía no se ha condenado a nadie y sólo se está aplicando una medida cautelar, dado que existe un riesgo real de fuga, como ha ilustrado el presidente Puigdemont, que está sin embargo dispuesto a entregarse a la justicia belga, acaso para ser inmortalizado como un revolucionario y no como un caganer. Pero si uno lee el auto de la magistrada Lamela, lo que le sorprende es que estos señores y señoras no hayan entrado en la cárcel antes, porque sólo el relato de los hechos es una crónica criminal que evidencia un plan perfectamente meditado para fracturar un país por encima de cualquier otra consideración política, jurídica, económica o personal. En un mitin celebrado el 8 de septiembre, Puigdemont les pedía a los ciudadanos que se enfrentaran a los alcaldes para que los dejasen votar: “Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas”. Pero los ciudadanos no pueden huir. Ésa es la diferencia.

IDEAL (La Cerradura), 5/11/2017

España no somos todos

La desfachatez del Gobierno ha llegado a la Agencia Tributaria. Ya nos había enseñado que hay unos contribuyentes mejores que otros, y que los mejores son los defraudadores, las infantas o esos tesoreros que llevan y al mismo tiempo no llevan la contabilidad del Partido Popular, como con la claridad mental que le caracteriza ha explicado el presidente Mariano Rajoy. A este Gobierno no le gusta que se reforme la Constitución española, pero obvia el mandato que la norma fundamental establece de que todos contribuyamos al sostenimiento de los gastos públicos según nuestra capacidad económica. Si esto es así, ¿por qué se necesitan cargos de confianza en la AEAT? ¿Por qué no son siempre los altos cargos de la Administración funcionarios de carrera? No hay que ser inspector de Hacienda para imaginar por qué se considera necesario elegir a estos cargos. El ministro Cristóbal Montoro dice que los medios que le critican luego van a verle para solucionar sus deudas. ¿Les está amenazando el señor ministro? ¿Se le ha olvidado la protección de datos de los contribuyentes? La voluntad política se demuestra en los detalles, en el modo de gestionar la Administración pública y en otras afirmaciones grandilocuentes: “La suspensión de la autonomía está prevista en la Constitución”, ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Tal como ha manejado el Gobierno “el problema regional”, Artur Mas ha visto el cielo abierto para plantear la consulta a los ciudadanos. Pues ¿quién quiere formar parte de España con un gobierno como éste? ¿Quién va a hablar de solidaridad entre todos los españoles cuando estamos bajo un Gobierno que cree en las diferencias de clase? Salta a la vista que para Mariano Rajoy y sus ministros hay unos españoles mejores que otros, y desde las filas populares nos tienen acostumbrados a oír tonterías sobre los andaluces, los catalanes o quien se tercie. Cierto es que Artur Mas es un dirigente tan incompetente como Mariano Rajoy, pero al menos sabe aprovecharse de la nula iniciativa de éste. Obviamente, en Cataluña van a votar a favor de la independencia, que es en realidad una consulta sobre la propia dignidad. Muchas personas que la tienen hace tiempo que hicieron sus maletas. Para que luego los veamos acudir hipócritamente a los funerales de Nelson Mandela, quien, sin embargo, sí sabía muy bien quién era. Porque la identidad no tiene nada que ver con la piel, el territorio, la lengua o el reparto de los recursos públicos. La estupidez no tributa a Hacienda.

IDEAL (La Cerradura), 15/12/2013