Puede que lo que no ha
unido la política logre hacerlo la naturaleza. Ya se sabe que a la fuerza
ahorcan, y quizá la sequía fomente la necesaria solidaridad entre las
comunidades autónomas, e incluso una idea de país, hasta ahora fragmentada o
inexistente. Los presidentes de Andalucía y Cataluña hablan ya abiertamente de
trasvases de agua, aunque sorprende que haya que llegar a una emergencia para
que se tomen decisiones. Hace veinte años la comunidad catalana se opuso a compartir
el agua del Ebro con Aragón, lo que hoy reclama con urgencia. Quizá durante
este tiempo los dirigentes catalanes, como tantos de otras partes, se hayan
preocupado de otras cosas. Y resulta lamentable oír cómo muchos se escudan
ahora en el cambio climático (negado hasta que se ha convertido en un hecho
irreversible, aunque algunos sigan hablando de “dogmatismo ambiental”) cuando
han estado ocupados en promover políticas identitarias y no en resolver
problemas prácticos, que es lo que deberían hacer los responsables
institucionales: gestionar bien los recursos públicos. ¿Cómo no hay una
coordinación entre todas las administraciones territoriales en un tema tan
sensible para los ciudadanos? ¿Cómo no hay un nuevo plan hidrológico a nivel
nacional? ¿Hay que salir a la calle y cortar las carreteras, como han hecho esta
semana los trabajadores del campo en Granada? Los fenómenos climáticos
extremos, la sequía y la subida de precios están arruinando al sector. Y, sin
embargo, a pesar de las molestias causadas, hay mucha gente que ha mostrado
comprensión por las protestas de los agricultores, que a fin de cuentas son
quienes más conectados están con la tierra, y prestan un servicio público
esencial. La mayoría son trabajadores autónomos, que hacen lo que pueden para
que sus explotaciones sean eficientes desde el punto de vista medioambiental y
económico, pero no pueden competir con los grandes grupos empresariales ni con
la importación de productos de otros países que no cumplen con las exigencias
normativas de la Unión Europea. Sin embargo, el miedo de nuestra clase política
es que la extrema derecha capitalice el malestar popular y obtenga buenos
resultados en las próximas elecciones. ¿No sería mejor trabajar para cambiar un
modelo productivo obsoleto y hacer políticas ecológicas a largo plazo? La Unión
Europea, que subvenciona el sector, no es el enemigo, sino un interlocutor
necesario. La llamada agenda verde es ya una prioridad, pero debe suponer algo
más que ayudas o restricciones al sector agrario. La solidaridad empieza por
una política nacional y europea para una gestión óptima de la tierra y el agua.
IDEAL (La Cerradura), 11/02/2024
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