Resulta
admirable que en España hayan tenido que pasar más de treinta años desde que se
aprobó la constitución para que las administraciones hablen de transparencia y
tomen conciencia de lo que es el erario público. Porque, al parecer, no sólo
era algo normal la financiación ilegal de los partidos, sino también que hubiera
fondos reservados que eran utilizados según una dudosa concepción de lo que
debe ser el bien del Estado. Así, tampoco es de extrañar que esa práctica fuese
generalizada en las entidades bancarias donde representantes de partidos
políticos y sindicatos formaban parte de los consejos de administración, ni que
algunas grandes empresas o medios de comunicación sean gestionados como si
fuesen partidos políticos. Pero es ahora cuando en los programas electorales se
habla de transparencia. Es ahora cuando las Administraciones públicas pagan
espacios publicitarios para informar a los ciudadanos de los nuevos canales y
portales con los que tranquilizarlos y mitigar también su propio cargo de
conciencia. Al ministro de Hacienda le parece normal mezclar los intereses
privados con los públicos y que entre la Agencia Tributaria y la empresa que él
mismo ha creado haya una vía de doble sentido por la que circulan personal,
recursos y contratos. Y al alcalde de Granada le parece normal identificar a la
ciudad consigo mismo y dirigirse a sus vecinos como si fuera un nuevo caudillo.
La propia Susana Díaz orquestó una campaña en la que ella era Andalucía. Y lo
asombroso es que los ciudadanos acepten estas prácticas con total normalidad,
quizá porque después de vivir una dictadura la democracia nació viciada con
viejas costumbres que los partidos han afianzado en territorios que parecen
nuevos reinos de taifas, y donde los mismos políticos ejercen el poder de un
modo casi consuetudinario. Si contamos
esta legislatura que se inicia, el PSOE va a gobernar en Andalucía más de
cuarenta años. Ni siquiera el régimen franquista duró tanto. Pero también se
prolongan más de lo razonable los mandatos de muchos algunos alcaldes en las
ciudades españolas, empezando por Granada. Ante esta realidad, se multiplican
las iniciativas ciudadanas para participar en la vida pública. Según datos del
ministerio de Interior, cada semana se presentan noventa solicitudes de
registro de nuevos partidos políticos para participar en las elecciones
municipales. En nuestra ciudad, Vamos Granada, que aúna a Podemos, Equo y otras
plataformas, nace, según sus dirigentes, con el objetivo de echar al alcalde.
No sé si puede decirse que tengan las ideas claras.
IDEAL
(La Cerradura), 5/04/2015
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