Mientras
escuchamos a Pedro Sánchez o a Carles Puigdemont afirmar que van “en serio” -el
uno para formar gobierno en España, y el otro para independizarse de ella-, la
realidad de nuestras ciudades es la del barrio norte de Granada, donde los
vecinos deben soportar las caídas de tensión en la red eléctrica por las
plantaciones domésticas de los traficantes de marihuana o los cortes de luz de
la propia compañía, que los achaca a los enganches ilegales, según informaba
José Ramón Villalba en IDEAL esta semana. La noticia me recuerda a una comedia
que vi hace poco, “El jardín de la alegría”, donde una viuda arruinada por un
difunto marido corrupto decide plantar cannabis sativa en un invernadero para
escapar de la pobreza. Y la cosa tendría su gracia si no fuera porque es lo que
tienen que hacer para sobrevivir algunas familias en Almanjáyar, un barrio
donde no se atreve a entrar la policía si no es para proteger a los
trabajadores de Endesa que van a retirar los cables. De esa gente suelen
decirse frases como: “Son unos chorizos”; “harían lo mismo si tuvieran dinero”;
“no tienen educación”; o “no saben vivir de otra forma”. Es algo impresionante.
Como que el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y la Junta de Andalucía hablen
de medidas económicas para luchar contra el paro cuando consienten que exista
un gueto en Granada. Esa ciudad cultural, patrimonial y turística que
promocionan conjuntamente en Fitur, donde podrían haber llevado una nueva
campaña: “Almanjáyar, para que vivas una aventura marginal”. Incluso TG7 sería
capaz de poner en marcha un programa del tipo Supervivientes, en el que podrían
participar ilustres concursantes del PP granadino o valenciano, por eso de la
afinidad cultural y política. Y si a ellos les sumas una Pantoja y otros
personajes de la farándula con experiencia como investigados o directamente
como internos en instituciones penitenciarias, el éxito está asegurado. Porque de
ellos también se dice que “son unos chorizos”; “no saben vivir de otra forma”,
etc.; como si fueran personas que viven marginadas en muchas ciudades de
España. Pero menos mal que nuestros políticos van “en serio”. Ahora que la
Diputación ha creado la figura del Defensor del Parado, podríamos aprovechar
para modificar los estatutos de los defensores del pueblo que hay multiplicados
en todos los niveles de la Administración pública para que nos protejan de las
iniciativas de esos mismos políticos convencidos de que su profesión es un
enganche legal al dinero. En serio se lo digo.
IDEAL (La
Cerradura), 7/02/2016
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