Títeres

No sé cuántos de los periodistas, tertulianos, políticos y demás ciudadanos que se han pronunciado sobre el encarcelamiento de los dos titiriteros granadinos se han preocupado por investigar antes cuál es el régimen jurídico del derecho a la información en España, pero deben de ser pocos, a tenor de sus ideas sobre el tema, que responden en su mayoría a nociones intuidas sobre los derechos constitucionales cuando no a sus propias ideas políticas. Aunque en este caso se ha producido sin duda una aplicación excesivamente rigurosa de las normas penales, pues no creo que los titiriteros merecieran la imposición de una medida cautelar como la prisión incondicional, ni tampoco la retirada de los pasaportes y la obligación de presentarse diariamente en el juzgado. Desde luego, nadie les había explicado a Alfonso Lázaro de la Torre y a Raúl García Pérez que el derecho a la libertad de expresión y a la creación artística no ampara las expresiones injuriosas ni las que promuevan el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, ni siquiera en un contexto satírico, y que incluso pueden considerarse como un delito contra las libertades públicas y de enaltecimiento del terrorismo. Su mayor delito ha sido la ignorancia, como también la ha demostrado la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, o la de cualquiera que ejerce el derecho a la información y a la libertad de expresión como si se tratase de un derecho individual y exclusivo, cuando la realidad es que pertenece a la sociedad en su conjunto. En España no existe una ley orgánica que desarrolle el régimen jurídico de este derecho fundamental, por lo que es el Tribunal Constitucional quien lo explica como una delegación tácita de la propia sociedad en medios, profesionales y ciudadanos. Pero cómo simplificamos las cosas, desde que si se trata de un ataque a Podemos hasta que en España no hay libertad de expresión, cuando lo cierto es que en este país la gente dice diariamente todas las estupideces que le da la gana. El problema es cuando la estupidez se transforma en insulto, regulado como delito de injuria, o cuando pones en un cartel una proclama terrorista, regulado como delito de enaltecimiento del terrorismo aquí, en Francia, en Estados Unidos o en Bolivia. Otra cosa distinta es que tengamos a políticos corruptos y aforados en ejercicio de sus funciones delictivas, que no políticas, y que nadie los meta en la cárcel. Pues eso es lo que cabrea a la gente. Que la Justicia no sea ciega, sino bizca.

IDEAL (La Cerradura), 14/02/2016