Huida hacia delante

Mientras media España escapa estos días de vacaciones para volver a encontrarse consigo misma en la costa o en la montaña, la granadina Juana Rivas ha tenido que huir de la justicia para no entregar la custodia de sus hijos, de once y tres años. Juana denunció en el año 2009 por violencia de género a su marido, que fue condenado por un delito de lesiones a tres años de cárcel, que no tuvo que cumplir. Sin embargo, la pareja volvió a convivir en Italia, donde tuvo su segundo hijo, hasta que, en 2016, Juana abandonó este país con sus dos hijos y, al llegar a España, volvió a denunciar al padre por violencia machista, una denuncia que está pendiente de tramitarse entre España e Italia. Pero un juzgado de Granada sí ha actuado con celeridad para atender la reclamación del padre, aplicando un convenio internacional contra el traslado ilícito de menores, ya que éste se produjo sin su consentimiento. Es un caso que ha provocado alarma social, la solidaridad con Juana de todo el pueblo de Maracena e incluso la actuación del Defensor del Menor Andaluz y de la propia Junta de Andalucía, dispuesta a personarse en la causa. Pero Juana Rivas se ha equivocado al incumplir una orden judicial, por muy injusta que ésta sea. Porque si uno pretende que se le reconozca un derecho, lo primero que debe hacer es cumplir escrupulosamente la ley. Con más razón si se trata de una sentencia que no es firme y que va a ser recurrida, según explicaba su abogada, Marta Castillo. Sin duda la propia justicia puede causar injusticias, pero, viendo las cosas desde fuera y sin conocer realmente los hechos, todo se convierte en una cuestión de perspectiva, que puede resultar fácilmente errónea. De hecho, en los medios italianos es el padre quien es retratado como una víctima, y probablemente allí la opinión popular –que no decide en este caso- esté de acuerdo con la custodia paterna. Es lo que a su vez cuestiona su abogado, Adolfo Alonso, que habla de “agitación social” y de “presiones”, y que probablemente denunciará a Juana por secuestro para obligarla a cumplir la orden judicial. Alonso destaca que el padre, Francesco Arcuri –cuyo nombre no se cita en muchos medios y al que, por tanto, se deshumaniza-, aceptó la condena de 2009 para poder seguir viendo al mayor de sus hijos. ¿Quién tiene razón? Es precisamente lo que tienen que resolver los tribunales, cuya actuación deben respetar los ciudadanos y las Administraciones públicas.

IDEAL (La Cerradura), 30/07/2017