Constitución

El miedo que existe hoy a la reforma de la Constitución de 1978 tiene más que ver con el miedo a Vox y a los partidos nacionalistas en un parlamento fragmentado que a una reflexión serena sobre las reformas políticas y económicas que requiere la sociedad española. Porque la propia Constitución prevé los mecanismos de reforma, y no es un artefacto jurídico hermético ni hierático presto a estallar si se pulsa la clave errónea, como tampoco lo es la sociedad. Con 41 años recién cumplidos, la Constitución ya contempla la edad madura, e incluso tiene que lidiar con los nuevos partidos que reniegan de ella, como adolescentes descarriados que han olvidado demasiado pronto a quien les dio la vida. Afrontar la cuestión territorial se plantea como una tarea ineludible para afianzar el Estado autonómico frente a las corrientes recentralizadoras, y también blindar el Estado social, que en España pende de un hilo cuando se acerca una nueva crisis económica. En ese sentido, ante las alertas conservadoras sobre un gobierno del PSOE y Podemos, representaría una normalidad democrática tener a un vicepresidente o un ministro de Administraciones públicas catalán, y empezar a integrar de una vez desde la acción de gobierno las distintas visiones de España. Nada terrible en una democracia que recoge en la propia Constitución los hechos diferenciales –¿se acuerda alguien de que ya hay una relación de bilateralidad con País Vasco y Navarra, plasmada en materia tan sensible como la tributaria en el Concierto y el Convenio, respectivamente?-, y donde se puede hablar de responsabilidades compartidas, algo más importante que compartir la soberanía. Como comentaba Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete “padres” de la Constitución y militante de partidos como UCD, AP y PP, “la plurinacionalidad no constituye amenaza alguna para la integridad de España, porque es parte esencial de su ser profundo. Pero sí es un grave riesgo para dicha integridad el desconocimiento de este rasgo constitutivo de su propia estructura”. Y es que, como también diría Herrero de Miñón, la realidad suele vengarse de quien la ignora, y los problemas no se solucionan ignorándolos, sino afrontándolos. Si se piensa un poco, Estado autonómico, federal o plurinacional no son más que conceptos, pues la realidad es que las comunidades autónomas constituyen ya la mayor de las Administraciones públicas españolas, y que tenemos dieciocho parlamentos donde se ejerce normalmente la autonomía política, que es esencialmente un “poder de autodeterminación”, tal como la definía Entrena Cuesta. Los que temen la diversidad política le hacen un flaco favor a la España constitucional.

IDEAL (La Cerradura), 8/12/2019