Plurinacionales

En España, a mucha gente le molesta que se hable de nación de naciones o de monarquía plurinacional, pero son términos más comunes en nuestra historia y en nuestra literatura de lo que pueda parecer a primera vista. Forman parte de ese conjunto de temas que actualmente no se abordan sin algún tipo de censura o autocensura, como Transición, monarquía, dictadura y Guerra Civil, y que demuestran la fragilidad de nuestra aún joven democracia. También es verdad que, en nombre de la democracia, se han utilizado y mezclado conceptos y pervertido su sentido por causas finalistas, como autogobierno, derecho a decidir, autodeterminación, respeto a las minorías, condiciones de la democracia, y que en muchos casos escapan a la idea de democracia misma. Y los términos nación o nacionalidad, claro, en según qué contextos vacíos de contenido. Al parecer, algunos de los problemas que ha tenido nuestro Estado siguen enquistados, y no somos capaces de reconocer y aceptar las diferencias del otro. Sin embargo, casi nadie duda ya de las bondades de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que tiene entre sus lemas fundamentales la unidad desde la diversidad, y que recoge en sus tratados fundacionales el reconocimiento de los hechos diferenciales y las singularidades políticas y fiscales de algunos territorios españoles que, por cierto, no se encuentran solamente en el continente europeo, caso de Canarias o de Ceuta y Melilla. Hay que recordar que dentro del marco constitucional vigente hay territorios con un estatus jurídico propio, tanto desde el punto de vista de sus instituciones como, fundamentalmente, desde el punto de vista fiscal. Así podríamos distinguir entre las comunidades autónomas de régimen común de los territorios forales, País Vasco y Navarra, con convenio y concierto propios pactados con el Estado. Es decir, dentro de la Constitución española de 1978 ya están reconocidas las singularidades territoriales de una manera específica. ¿Podría tener Cataluña un tratamiento especial, como País Vasco y Navarra? Yo creo que sí, pero también Andalucía, Galicia o Baleares. Porque, ¿les van a condonar parte de la deuda pública a todas las comunidades autónomas, como al parecer ha pactado para Cataluña el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, con Oriol Junqueras mientras esperan el sí de Puigdemont? ¿No será mejor aprobar un nuevo sistema de financiación del que se beneficien todas las autonomías? Nuestros políticos ganarían mucho si explicaran los problemas reales del país a los ciudadanos sin recurrir a la demagogia y los afrontasen más allá de la propia conveniencia. Ese es el peor nacionalismo.

IDEAL (La Cerradura), 5/11/2023

Intérpretes

Se ve que muchos columnistas y políticos españoles son magistrados del Tribunal Constitucional frustrados, pues todos parecen conocer los límites de la Constitución española de 1978, cuando no los conocían bien ni los mismos constituyentes. La Transición democrática y la evolución del Estado autonómico han sido, en buena medida, un proceso de ensayo y error, pero hay quien piensa que el poder constituyente no agota la voluntad del pueblo, que permanece vigilante. Tenemos más vigilantes en los medios que en el Banco de España, aunque no los hay por lo visto en el Ministerio de Asuntos Económicos, donde no se han olido que Arabia Saudí estaba dispuesta a comerse Telefónica. “Es una prueba de la confianza en las empresas y en la economía de España”, se ha apresurado a decir el ministro Félix Bolaños, pero más bien es otra prueba de la voracidad del país saudí, dispuesto a maquillar los crímenes de la dictadura comprando jugadores, equipos de fútbol o empresas de telecomunicaciones. Como Yolanda Díaz ha corrido a maquillar al prófugo de Waterloo, que sigue negando la Constitución. Se habla de una nueva ley de amnistía, pero nadie sabe el contenido. ¿Qué es, exactamente, lo que se está atacando o defendiendo? ¿El sistema democrático? ¿El derecho de gracia del artículo 62? En el Congreso de los Diputados se van a hablar todas las lenguas españolas, lo que quizá contribuya a que nos entendamos. Porque se ve que, en estos momentos, sólo Pedro Sánchez y Carles Puigdemont tienen las cosas claras, más el segundo que el primero, que suele cambiar de opinión sobre las cuestiones más importantes del Estado. “El Estado soy yo”, parece pensar, como pensó el propio Puigdemont. El problema de ser comprensivos con quienes se saltan la ley es que puedes llegar a creer que tienes derecho a saltártela, que no es lo mismo que interpretarla. La Constitución regula un procedimiento de reforma precisamente para frenar las insurrecciones permanentes o las interpretaciones discrecionales de quienes creen representar los verdaderos intereses del pueblo, sea el español o el catalán, que son parte de la misma nación constituyente, nos guste o no. Más importante sería preocuparnos de que no se rompa la confianza entre gobernados y gobernantes, y no tratar a los ciudadanos como el objeto de una continua manipulación retórica. Si la democracia se vacía de contenido, los ciudadanos no creerán en la democracia. Ahora dicen que los vikingos asaltaron el Capitolio por temor a una invasión de extraterrestres. Espero que no los haya en el Congreso. Aunque necesiten intérpretes.

IDEAL (La Cerradura), 10/09/2023

Constitución

El miedo que existe hoy a la reforma de la Constitución de 1978 tiene más que ver con el miedo a Vox y a los partidos nacionalistas en un parlamento fragmentado que a una reflexión serena sobre las reformas políticas y económicas que requiere la sociedad española. Porque la propia Constitución prevé los mecanismos de reforma, y no es un artefacto jurídico hermético ni hierático presto a estallar si se pulsa la clave errónea, como tampoco lo es la sociedad. Con 41 años recién cumplidos, la Constitución ya contempla la edad madura, e incluso tiene que lidiar con los nuevos partidos que reniegan de ella, como adolescentes descarriados que han olvidado demasiado pronto a quien les dio la vida. Afrontar la cuestión territorial se plantea como una tarea ineludible para afianzar el Estado autonómico frente a las corrientes recentralizadoras, y también blindar el Estado social, que en España pende de un hilo cuando se acerca una nueva crisis económica. En ese sentido, ante las alertas conservadoras sobre un gobierno del PSOE y Podemos, representaría una normalidad democrática tener a un vicepresidente o un ministro de Administraciones públicas catalán, y empezar a integrar de una vez desde la acción de gobierno las distintas visiones de España. Nada terrible en una democracia que recoge en la propia Constitución los hechos diferenciales –¿se acuerda alguien de que ya hay una relación de bilateralidad con País Vasco y Navarra, plasmada en materia tan sensible como la tributaria en el Concierto y el Convenio, respectivamente?-, y donde se puede hablar de responsabilidades compartidas, algo más importante que compartir la soberanía. Como comentaba Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete “padres” de la Constitución y militante de partidos como UCD, AP y PP, “la plurinacionalidad no constituye amenaza alguna para la integridad de España, porque es parte esencial de su ser profundo. Pero sí es un grave riesgo para dicha integridad el desconocimiento de este rasgo constitutivo de su propia estructura”. Y es que, como también diría Herrero de Miñón, la realidad suele vengarse de quien la ignora, y los problemas no se solucionan ignorándolos, sino afrontándolos. Si se piensa un poco, Estado autonómico, federal o plurinacional no son más que conceptos, pues la realidad es que las comunidades autónomas constituyen ya la mayor de las Administraciones públicas españolas, y que tenemos dieciocho parlamentos donde se ejerce normalmente la autonomía política, que es esencialmente un “poder de autodeterminación”, tal como la definía Entrena Cuesta. Los que temen la diversidad política le hacen un flaco favor a la España constitucional.

IDEAL (La Cerradura), 8/12/2019

Desigualdad autonómica y reforma constitucional

La Constitución española no consagra la desigualdad ni los privilegios fiscales en la financiación autonómica. Si actualmente existen desigualdades y privilegios se debe solamente a la negociación (y a una mala gestión) política,  no  a cuestiones de técnica jurídica. De hecho, la evolución del sistema de financiación autonómica ha dado al traste con el Estado de las Autonomías tal y como estaba concebido en la Constitución de 1978, y los responsables de ello han sido, en última instancia, los sucesivos presidentes del Gobierno central desde la Transición hasta ahora. Y los presidentes autonómicos, claro, que han pecado de un egoísmo digno de estudio, empezando por el País Vasco, siguiendo por Cataluña y terminando en Andalucía, comunidades que han enarbolado siempre el “yo más”, el “yo también” o, simplemente, el socorrido “¿y yo qué?” Porque el Estado autonómico estaba previsto para las nacionalidades históricas –País Vasco, Cataluña y Galicia-, pero no para todas las regiones españolas, empeñadas desde entonces en convertirse en nacionalidades o naciones a secas, lo que han recogido en sus estatutos (Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Islas Baleares), por eso del “y yo también”.

Y con ese punto de partida, necesariamente limitado en sus posibilidades, y esa deriva, el Estado autonómico es inestable, pues no estaba pensado para un Estado de diecisiete Comunidades Autónomas (más dos ciudades autónomas) que, en la práctica, funciona ya como un Estado federal. En ese sentido, no está de más recordar que la autonomía política que se ejerce normalmente en estos parlamentos es esencialmente un “poder de autodeterminación”, tal como lo definía Entrena Cuesta.

 Sin embargo, la Constitución española no recoge de manera concreta los recursos de las Comunidades Autónomas, y la remisión que hace el artículo 157 a una ley orgánica (la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) para establecer su sistema de financiación sólo ha propiciado negociaciones y tensiones políticas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un organismo que no es el más adecuado para tomar decisiones que afectan a la financiación de las Administraciones públicas y a la postre a la propia organización territorial del Estado; y donde, dado su régimen jurídico, el Gobierno central suele imponer sus criterios. El lugar para definir el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el Senado, que debe convertirse primero en una verdadera cámara de representación territorial.  

Pero ¿tan difícil es hacer un sistema de financiación estable? Pues sí, si tenemos en cuenta que los partidos políticos y sus líderes suelen preferir la demagogia a la pedagogía con la población y a la sincera negociación política. ¿Y qué hacer? Pues dejar las ambiciones políticas y las cuestiones identitarias al margen y afrontar una reforma serena de la Constitución de 1978, que, más que una reforma de calado, quizá necesite tan sólo unos cuantos remiendos.

Así, en lo que a la financiación autonómica se refiere, el propio texto constitucional debería efectuar un reparto adecuado de las fuentes de financiación disponibles entre todos los entes territoriales, garantizando no sólo la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sino también la suficiencia financiera de la Hacienda local, tal como apuntó en su día Zorzona Pérez. Esto es, atendiendo a los niveles de competencias, proceder a un adecuado reparto de las fuentes de riqueza sobre las que recaen los diferentes tributos, de modo que quede garantizada su capacidad de obtención de recursos suficientes en todo tipo de coyunturas económicas y evitando dobles imposiciones.

Porque, en puridad, hoy no podemos hablar de titularidad de las Comunidades Autónomas (al menos las de régimen común) sobre los recursos tributarios recaudados en su territorio o de sus residentes, pues, fundamentalmente, estos recursos provienen de los impuestos estatales cedidos y, en menor medida, de los tributos propios. Sí podemos decirlo respecto al País Vasco y Navarra, por los regímenes del concierto y el convenio económico con el Estado, que es una de las primeras fuentes de inestabilidad del actual sistema, al generar malestar en aquellas comunidades que, con similares niveles de renta que las citadas, no tienen la misma capacidad de decisión respecto a sus políticas fiscales. Sin embargo, pienso que también sería posible decirlo de todas las Comunidades Autónomas si estos recursos están establecidos de una manera más concreta en la propia Constitución, especificando los tributos y las competencias en materia tributaria de cada administración territorial.

Más que a la conversión de España en un Estado federal, que no es más que una cuestión terminológica en relación con el Estado autonómico (lo apuntaban hace poco en su propuesta una decena de catedráticos de Derecho Constitucional coordinados por Santiago Muñoz Machado, entre los que se encuentra el catedrático de la UGR José Antonio Montilla Martos), a ese fin pienso que debería ir encaminada una futura reforma constitucional.

IDEAL, 14/12/2017