Lo
que ocurre en España con la ocupación y concretamente en Granada con la Casa
del Aire parece el argumento de la película “Mad Max”, donde los supervivientes
al cataclismo nuclear en la tierra se pelean por los últimos recursos
disponibles: combustible, vehículos y viviendas. Asaltan casas, roban, trapichean
con drogas, organizan fiestas de madrugada y lo mismo luego las queman, como
temen en el barrio del Albaicín. Pero también hay quien busca chalés o pisos
vacíos para ahorrarse el alquiler, e incluso hay quien firma contratos que
luego no paga y deja tras de sí un rastro de deudas por muchas ciudades
españolas. Hay empresarios que vendieron urbanizaciones que no terminaron de
construir y que quedaron como esqueletos en las costas y una losa en la
economía de algunas familias. Y ocupas que siguen estrictamente el protocolo
para no ser expulsados: buscar inmuebles de entidades financieras, poner
suministros a su nombre o pedir comida a domicilio. Se trata de evitar la
intervención de la policía, que sólo efectúa el desalojo inmediato si hay
delito flagrante, pues si no hay que esperar al proceso de desahucio y a la
autorización judicial, que puede tardar hasta un año. Mientras tanto, si los
dueños cortan la electricidad para echar a los inquilinos no deseados, pueden
ser acusados de un delito de coacciones. La confusión es múltiple porque, aunque
se proteja el derecho constitucional a una vivienda digna, debería exigirse
siempre un título legítimo para ejercerlo, no necesariamente la propiedad,
puede ser un alquiler o una cesión por parte de las administraciones públicas,
que deberían promover la vivienda protegida para las personas vulnerables o en
riesgo de exclusión social, pero no trasladar esa responsabilidad ni esa carga
patrimonial a los ciudadanos. Al parecer, ése es el objetivo del proyecto de Ley
por el Derecho a la Vivienda, pero mientras se aprueba o no en el Congreso a los
ciudadanos afectados sólo les cabe acudir a la vía civil o a la vía penal.
Luego está la vía “Mad Max”, que es la que lamentablemente utilizan algunos
ocupas con la complicidad de fuerzas políticas que confunden el Estado democrático
con la desaparición de la propiedad privada. Hablar de los derechos sociales en
España produce una sensación de “déjà vu”, porque resulta imposible llegar a
acuerdos políticos en las cuestiones más básicas. Sin embargo, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, pide a los ciudadanos que se preparen “para cualquier
escenario”. Y, atrincherados en sus casas, los ciudadanos piensan: “Nosotros,
preparados. Ahora, prepárate tú”.
IDEAL (La Cerradura), 3/07/2022
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