Se ve que nuestros
políticos descubren los problemas sociales y tratan de solucionarlos cuando la
noticia salta a las cabeceras de la prensa y las redes sociales. Así, ha hecho
falta que desahucien a la anciana Maricarmen Abascal y que los jóvenes vuelvan
a acampar en la Puerta del Sol para que el Gobierno decida aprobar deprisa y
corriendo dos decretos-leyes poco meditados y peor redactados para solucionar
de golpe el problema de la vivienda y que después de estar vigentes durante dos
días –con los problemas legales que acarreará esta transitoriedad- se los
tumben en el Congreso de los Diputados. Una serie de catastróficas desdichas
que resume bien la deriva populista y desnortada del PSOE y de su líder, Pedro
Sánchez. Si la gente sale a la calle legislamos a través de normas previstas
para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los ciudadanos deberían tomar
nota, pues el mayor temor de un político es la movilización popular. Algo bueno
puede traer la demagogia y el oportunismo. “Los grupos tendrán que elegir a
quién protegen, a quienes viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con
ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitres”, dijo Pedro Sánchez.
Pero las cosas no son tan sencillas. Las leyes no se redactan de un día para
otro, ni se aprueban poniendo a los grupos políticos entre la espada y la
pared. Ni vulnerando probablemente otros principios constitucionales como la
seguridad jurídica, el derecho de propiedad o la libertad de empresa, que habrá
que tener en cuenta para proteger el derecho a la vivienda. El abuso de
gobernar a golpe de decreto-ley se le ha ido de las manos al Gobierno, que no
cuenta ya con una mayoría parlamentaria para abordar reformas legislativas de
calado y que afectan a otras normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos y que
necesitan de una reflexión jurídica que valore los efectos de su aplicación.
Por ejemplo, ¿es bueno introducir una prórroga forzosa de los contratos de
alquiler? Pues depende del inquilino, pues hay quien tiene por norma –no sé si
un decreto-ley- no pagar el alquiler. Dentro de las 40.000 personas que se
calcula que se beneficiarían de esta medida en Granada habrá de todo, incluso
algún malafollá. El parque de viviendas se ha convertido en un parque de
atracciones y el ciclo político y parlamentario en un tiovivo. Si es verdad que
nos interesa lo que opinan los ciudadanos habría que convocar elecciones
generales. Eso sí que parece ya un caso de extraordinaria y urgente necesidad.
IDEAL (La
Cerradura), 4/10/2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario