lunes, 26 de octubre de 2026

Alarmas

Vivimos en la sociedad de las alertas, que nos recuerdan periódicamente nuestras incertidumbres. Con unas elecciones a la vista y a falta de otros argumentos, nuestra clase política alienta los miedos colectivos y las respuestas emocionales mientras el desagradable pitido del sistema “Es-Alert” persigue a los ciudadanos, avisándoles de inundaciones y terremotos. Las Administraciones públicas, curadas de espanto, se han acostumbrado a pulsar el botón rojo, y los administrados creen que es normal lo que debería ser excepcional desde que desayunaban viendo cómo los portavoces gubernamentales flanqueados por militares daban el parte sobre la evolución del covid. Vivimos en un estado de emergencia permanente, y la sociedad de la información ha perdido el sentido común. El momento político se parece también a una gota fría, con dos bloques enfrentados, o así nos lo hacen creer. Si el PSOE pretende liderar una izquierda desangrada por la vanidad e incoherencia de sus líderes, PP y Vox –heredero del franquismo amnésico- aguardan para ocupar los espacios de poder. En los países vecinos los indignados queman barricadas y aquí las barricadas las ponen nuestros políticos, incapaces de aportar nada más que argumentos de telenovelas, testosterona y opereta sentimental. Puestos a elegir, uno prefiere el teatro de verdad, y quizá se encuentren los candidatos con que la respuesta mayoritaria que reclaman a los votantes sea la de la indiferencia. Porque no parece haber ninguna opción política no de centro, sino centrada. Un programa muy sencillo sería plantear la aplicación efectiva de la Constitución española. Tanto de los artículos que garantizan los derechos fundamentales y las libertades públicas como los que regulan el funcionamiento de las Cortes Generales, la elaboración de las leyes o el Gobierno y la Administración. Tan sencillo como eso. Pero las mayorías constitucionales sólo interesan si dan para controlar el Senado o el Tribunal Constitucional. Y el recordatorio también vale para los tribunales. Los reproches vía resoluciones judiciales entre Cándido Conde-Pumpido, por parte del Constitucional, y Manuel Marchena, del Supremo, son otra muestra de cómo el enfrentamiento político está contaminando todas las instituciones. Cuando los portavoces de los partidos hablan de “decisiones históricas” los ciudadanos deberían preocuparse de verdad. Histórico sería que a partidos y políticos les interesara hacer política y no asegurarse el puesto y el sueldo de una lista y el ejercicio del poder. Si las únicas opciones son el rojo y el azul, quizá haya que optar por el blanco. Porque lo que resulta más alarmante es que la mayoría de los ciudadanos no se sientan representados.

IDEAL (La Cerradura), 25/10/2026

martes, 13 de octubre de 2026

Democráticos

Que el Gobierno vuelva a aprobar los decretos leyes rechazados por el Congreso de los Diputados para que los valide la Diputación Permanente es un fraude constitucional, por muy buenos propósitos que tenga el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que vuelve a demostrar poco respeto por los procedimientos democráticos, aunque se haya visto obligado a convocar elecciones generales. A los jóvenes que acampan en la calle en Granada y otras ciudades españolas debería preocuparles no sólo la vulneración del derecho constitucional a la vivienda, sino el respeto del ordenamiento jurídico, que es el que garantiza el Estado social. En democracia, el fin no justifica los medios. De hecho, los medios –las leyes y los procedimientos- son los que hacen posible que puedan defenderse los derechos y libertades públicas, en la calle y en los tribunales. Son cosas obvias que, sin embargo, hay que recordar y repetir, y que dan la razón a quienes alertan demagógicamente de una ruptura del sistema. No me cabe duda de que los ciudadanos acudirán a votar en masa en unas elecciones limpias, pero hay que predicar con el ejemplo, sobre todo cuando se ejerce el poder, pues quien lo ejerce suele caer en la tentación del autoritarismo. Se ve que respetamos el derecho sólo cuando nos conviene, y por eso Carles Puigdemont clama contra “el estado opresor” que acaba de amnistiarle los delitos cometidos, aunque otros con menor influencia, por menos, se encuentren en la cárcel. Somos democráticos también cuando nos conviene, y una vez que Vox está dentro de las administraciones públicas puede implantar políticas para expulsar al extranjero o al diferente. El discurso del odio, las líneas rojas, azules o verdes son el mal endémico de este país, y ahora que empieza la campaña electoral quizá haya quien presente por fin una propuesta política constructiva que defienda el Estado social y democrático de derecho y el respeto a las instituciones. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal niegan la validez de las elecciones si ellos no las ganan, algo que quizá compartirían Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a los que les gusta sacar las urnas a las calles como quien pulsa el botón del pánico. “Que viene, que viene”, te decían en el patio del colegio antes de rodearte y soltarte una colleja, como parece ocurrir en el arco parlamentario español. Pero se supone que el Congreso de los Diputados es la casa de todos los españoles. Qué bueno sería que, disolviendo las Cortes, aspirásemos a renovar de verdad la democracia.

IDEAL (La Cerradura), 11/10/2026

lunes, 5 de octubre de 2026

Necesidades

Se ve que nuestros políticos descubren los problemas sociales y tratan de solucionarlos cuando la noticia salta a las cabeceras de la prensa y las redes sociales. Así, ha hecho falta que desahucien a la anciana Maricarmen Abascal y que los jóvenes vuelvan a acampar en la Puerta del Sol para que el Gobierno decida aprobar deprisa y corriendo dos decretos-leyes poco meditados y peor redactados para solucionar de golpe el problema de la vivienda y que después de estar vigentes durante dos días –con los problemas legales que acarreará esta transitoriedad- se los tumben en el Congreso de los Diputados. Una serie de catastróficas desdichas que resume bien la deriva populista y desnortada del PSOE y de su líder, Pedro Sánchez. Si la gente sale a la calle legislamos a través de normas previstas para casos de extraordinaria y urgente necesidad. Los ciudadanos deberían tomar nota, pues el mayor temor de un político es la movilización popular. Algo bueno puede traer la demagogia y el oportunismo. “Los grupos tendrán que elegir a quién protegen, a quienes viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitres”, dijo Pedro Sánchez. Pero las cosas no son tan sencillas. Las leyes no se redactan de un día para otro, ni se aprueban poniendo a los grupos políticos entre la espada y la pared. Ni vulnerando probablemente otros principios constitucionales como la seguridad jurídica, el derecho de propiedad o la libertad de empresa, que habrá que tener en cuenta para proteger el derecho a la vivienda. El abuso de gobernar a golpe de decreto-ley se le ha ido de las manos al Gobierno, que no cuenta ya con una mayoría parlamentaria para abordar reformas legislativas de calado y que afectan a otras normas como la Ley de Arrendamientos Urbanos y que necesitan de una reflexión jurídica que valore los efectos de su aplicación. Por ejemplo, ¿es bueno introducir una prórroga forzosa de los contratos de alquiler? Pues depende del inquilino, pues hay quien tiene por norma –no sé si un decreto-ley- no pagar el alquiler. Dentro de las 40.000 personas que se calcula que se beneficiarían de esta medida en Granada habrá de todo, incluso algún malafollá. El parque de viviendas se ha convertido en un parque de atracciones y el ciclo político y parlamentario en un tiovivo. Si es verdad que nos interesa lo que opinan los ciudadanos habría que convocar elecciones generales. Eso sí que parece ya un caso de extraordinaria y urgente necesidad.

IDEAL (La Cerradura), 4/10/2026