Una
de las consecuencias insospechadas de la pandemia es la reducción del tiempo de
los semáforos. Para los peatones, claro, que si tienen cierta edad se las ven y
se las desean para cruzar la calle antes de que se pongan en rojo. Algunos, si
no se dan prisa, pueden morir atropellados por un coche en vez de por el
coronavirus. Ése es el futuro: ciudades en las que sólo circularán los coches
si sus conductores están debidamente autorizados o han sido sustituidos por robots,
que va a ser la única solución para muchas empresas: sustituir a los
trabajadores por máquinas inmunes a los patógenos. Lo malo es que, a este paso,
habrá que sustituir también a los empresarios, por lo que acaso se cumpla por
fin el sueño de Pedro Sánchez: teledirigir un país en vez de gobernarlo. ¿O era
el sueño de Pablo Iglesias? España se parece cada vez más al mundo orwelliano
de 1984, y a falta de un Ministerio de la Verdad, el Gobierno ha creado una
Comisión Permanente para velar “por la pluralidad informativa”. ¿Desde cuándo
hay que velar por el ejercicio del derecho a la información, más allá de los
límites que impone el Código Penal? ¿Hay una carrera gubernamental para limitar
derechos fundamentales? Suprimida la libertad de circulación del artículo 19 de
la Constitución española con la declaración ilegal del estado de alarma,
seguimos por el artículo 20, que según el Tribunal Constitucional es la base de
la existencia de una opinión pública libre y del propio sistema democrático. Si
valorásemos las últimas actuaciones del Gobierno según el semáforo creado por
el Ministerio de Sanidad para evaluar los riesgos del coronavirus, el ejecutivo
genera ya un peligro extremo para la democracia. Porque puestos a vulnerar
preceptos constitucionales, tampoco presenta al parecer ningún problema el
artículo 3, que señala que “el castellano es la lengua oficial del Estado”, que
“todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”, y
que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas
Comunidades Autónomas”. ¿Cómo puede pactar entonces el Gobierno con ERC que
deje de utilizarse el castellano en las escuelas de Cataluña? Si fuera por
algunos nacionalistas, se distinguiría hasta entre aerosoles españoles y
catalanes. Los presupuestos generales del Estado son otro semáforo de este
país, pero para su aprobación el Gobierno se está saltando demasiadas señales
en rojo. Y no tiene para ello la autorización de los ciudadanos. Las elecciones
no otorgan en democracia una carta en blanco.
IDEAL (La Cerradura), 8/11/2020
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