Justicia

En un país donde las mayores preocupaciones de los ciudadanos son el paro y la corrupción, resulta más llamativa –por decirlo suavemente- la relación que los gobiernos y buena parte de la clase política tienen con la Justicia. Es una relación de “absoluto respeto”, si atendemos a las declaraciones de Mariano Rajoy, por ejemplo, pero que se revela sin embargo como de absoluta injerencia cuando leemos que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que depende jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado y, por tanto, del Gobierno, intenta paralizar los registros de la Operación Lezo, sobre la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid. O tal vez se trate de una indiferencia interesada, si observamos la pasividad de la Junta ante el desmantelamiento de la sede del TSJA en Granada, aunque la ciudad tenga la consideración de capital judicial en el Estatuto de Andalucía. La verdad es que el lenguaje del Estatuto, forzado por la corrección de género, resulta casi tan farragoso como el de Susana Díaz, pero no tanto como para que los jueces que han votado a favor de esta decisión en el pleno del TSJA ignoren ese mandato.  Quizá tenga algo que ver que la creación de las nuevas Salas de lo Penal sea una vieja demanda del Colegio de Abogados de Sevilla, y aunque nuestros políticos locales se apresuren a negar los enfrentamientos territoriales no sé a qué esperan para mostrar una actitud mucho más combativa. En realidad, se trata de un proceso que empezó hace tiempo, y si uno acude a la web del Consejo del Poder Judicial, puede leer que “las tres Salas de lo Contencioso-Administrativo y las tres de lo Social del TSJA tienen sede –atentos al orden de las ciudades- en Sevilla, Málaga y Granada”. Pues lo mismo va a pasar con las Salas de lo Penal. Si no fuera porque la capital judicial granadina está aislada ferroviariamente, acaso habría que desmontar la Chancillería piedra a piedra para enviarla a Sevilla. Aunque sólo fuera para ver desfilar por allí a José Torres Hurtado, Isabel Nieto y los demás miembros de la junta de gobierno –todos del Partido Popular- que ha regido el Consistorio en los últimos años. Aunque me temo que seguiremos viéndolos por los juzgados de La Caleta. La moción de censura se aleja del Ayuntamiento de Granada, mientras los diputados de Podemos, que caminaban esta semana por los pasillos como “Los hombres de Harrelson”, la preparan en el Congreso. Quizá porque, en España, la Justicia no sea ciega, sino bizca.

IDEAL (La Cerradura), 30/04/2017