Cuentas

Mientras el Ministerio de Hacienda echa cuentas para ver cómo se cumple el pacto con ERC para la financiación singular de Cataluña y contentar al mismo tiempo al resto de Comunidades Autónomas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) retrasa las devoluciones y mira con lupa las declaraciones del IRPF de los ciudadanos, pues hay que rascar cada euro y ya se sabe que el grueso de los tributos del Estado lo soportan las clases medias. Si el principio de capacidad económica se aplicase efectivamente, otro gallo nos cantaría. Quizá se trate de un fallo de perspectiva, pues la mirada está puesta en las instituciones y los territorios, pero no en los ciudadanos, que son los que deben contribuir más o menos en función de su renta. Así ocurre en teoría, pero las grandes fortunas se esconden en sociedades anónimas que residen donde más les conviene, y en un mundo ya regido por la inteligencia artificial cuesta creer que no existan herramientas para que tributen efectivamente. Las normas internacionales y nacionales son demasiado permisivas, y siempre es más fácil para la administración observar con lupa la contabilidad de pymes y autónomos que evitar el blanqueo de capitales. ¿Quiénes tributan, las comunidades autónomas o los ciudadanos? Tributan los ciudadanos, y si hay comunidades más ricas es porque allí residen personas con mayor nivel de renta. Si pensásemos en las personas y no en los territorios, probablemente no se discutiría tanto la redistribución de la riqueza de acuerdo con el principio de solidaridad. A eso se refiere la Constitución española cuando exige un sistema tributario justo. Y el tan cacareado principio de ordinalidad es exactamente lo contrario, pues supone que a mayor renta per cápita de un territorio reciba asimismo mayor financiación. Si en vez de territorios, hablamos de personas, su aplicación significaría que cuanto mayor sea su renta mayores deberían ser también los recursos que reciban de las administraciones públicas. Algo que quizá tendría sentido en un país donde los servicios públicos estén privatizados, pero no en un Estado social y democrático de Derecho. Y es falso el debate sobre lo que aportan las comunidades autónomas más ricas, porque no aportan nada, en el sistema los recursos tributarios se les atribuyen según su renta y consumo. Quienes aportan son los ciudadanos. Los mismos a quienes investiga la AEAT mientras en los despachos ministeriales se hacen las cuentas de la vieja. En la financiación autonómica debe primar el interés general sobre los intereses de gobierno, de los partidos o de los territorios.

IDEAL (La Cerradura), 8/09/2024