Cuentas

Mientras el Ministerio de Hacienda echa cuentas para ver cómo se cumple el pacto con ERC para la financiación singular de Cataluña y contentar al mismo tiempo al resto de Comunidades Autónomas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) retrasa las devoluciones y mira con lupa las declaraciones del IRPF de los ciudadanos, pues hay que rascar cada euro y ya se sabe que el grueso de los tributos del Estado lo soportan las clases medias. Si el principio de capacidad económica se aplicase efectivamente, otro gallo nos cantaría. Quizá se trate de un fallo de perspectiva, pues la mirada está puesta en las instituciones y los territorios, pero no en los ciudadanos, que son los que deben contribuir más o menos en función de su renta. Así ocurre en teoría, pero las grandes fortunas se esconden en sociedades anónimas que residen donde más les conviene, y en un mundo ya regido por la inteligencia artificial cuesta creer que no existan herramientas para que tributen efectivamente. Las normas internacionales y nacionales son demasiado permisivas, y siempre es más fácil para la administración observar con lupa la contabilidad de pymes y autónomos que evitar el blanqueo de capitales. ¿Quiénes tributan, las comunidades autónomas o los ciudadanos? Tributan los ciudadanos, y si hay comunidades más ricas es porque allí residen personas con mayor nivel de renta. Si pensásemos en las personas y no en los territorios, probablemente no se discutiría tanto la redistribución de la riqueza de acuerdo con el principio de solidaridad. A eso se refiere la Constitución española cuando exige un sistema tributario justo. Y el tan cacareado principio de ordinalidad es exactamente lo contrario, pues supone que a mayor renta per cápita de un territorio reciba asimismo mayor financiación. Si en vez de territorios, hablamos de personas, su aplicación significaría que cuanto mayor sea su renta mayores deberían ser también los recursos que reciban de las administraciones públicas. Algo que quizá tendría sentido en un país donde los servicios públicos estén privatizados, pero no en un Estado social y democrático de Derecho. Y es falso el debate sobre lo que aportan las comunidades autónomas más ricas, porque no aportan nada, en el sistema los recursos tributarios se les atribuyen según su renta y consumo. Quienes aportan son los ciudadanos. Los mismos a quienes investiga la AEAT mientras en los despachos ministeriales se hacen las cuentas de la vieja. En la financiación autonómica debe primar el interés general sobre los intereses de gobierno, de los partidos o de los territorios.

IDEAL (La Cerradura), 8/09/2024

Carreteras

Durante el mes de agosto la gente ha salido corriendo de las ciudades, vacías hasta la puesta de sol, cuando la poca que queda despierta como vampiros sedientos para buscar una terraza. Como si durante el día hubieran desaparecido el trabajo, las administraciones y los servicios públicos y viviéramos en un planeta árido donde, más que la política, nos queman los rayos ultravioletas. Los más osados, desafiando las altas temperaturas, habrán prescindido del avión, el tren o el autobús para viajar con su propio vehículo. Pero si algo caracteriza a las carreteras españolas en comparación con las de otros países europeos son sus paupérrimas zonas de descanso, apenas un arcén agrandado a un lado de la calzada, sin baños o bancos y poco espacio para estirar las piernas. Sin embargo, cuando uno cruza la frontera, empiezan a aparecer confortables áreas cada pocos kilómetros, y casi nos dan ganas de aparcar el destino temporalmente y recorrer la campiña francesa. Pero si viajas al oeste, también mejoran las carreteras en Portugal desde el Algarve hasta Oporto, aunque tengamos que pagar peajes. Y uno sabe que vuelve a España, además de por los avisos fronterizos, porque el firme está en mal estado y hay obras cada dos por tres que convierten las autovías en carreteras de un único carril desde Lugo hasta Granada. Y resulta aleccionador recorrer el país de norte a sur y de este a oeste para hacerse una idea del nivel de nuestros servicios públicos y las diferencias de renta que hay en España. ¿Saldrá nuevamente Pedro Sánchez a las carreteras antes de pactar un sistema de financiación a la carta con Cataluña y sin la participación del resto de autonomías? Según los expertos, si esta comunidad abandona el régimen común se reducirán en un 20% los ingresos totales del Estado. Unos 22.000 millones de euros menos para repartir entre todas las comunidades autónomas, que tendrán que obtenerse de otro lado, o bien de subir los impuestos o de recortar en la prestación de servicios públicos. Quizá sea Madrid la siguiente comunidad que exija un tratamiento fiscal diferente, en este federalismo mal entendido y que se desentiende de la solidaridad entre los territorios y los ciudadanos, que para viajar no usan solamente la A-2, entre Madrid y Barcelona. Aunque las principales autovías salgan de la Puerta del Sol, desde la A-1 a la A-6 recorreremos toda la geografía española. Quizá, para hacer política, pueda utilizarse un mapa de carreteras. Porque hay rutas que unen y otras que nos separan.

IDEAL (La Cerradura), 11/08/2024

Singularidades

Reconocer la singularidad de Cataluña en la financiación autonómica y encarar el problema regional español, como lo llamaba Ortega y Gasset, no tendría que ser un problema político, pero lo es cuando no se siguen los cauces legales para abordarlo. Si se quiere reformar el sistema de financiación autonómica, deberá convocarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que estén presentes todas las comunidades autónomas, incluyendo a País Vasco y Navarra que, como Cataluña, deben participar en los mecanismos de solidaridad. El problema se plantea cuando se ponen parches y se hacen reformas parciales del sistema en función de las necesidades de gobernabilidad del Estado, sin abordar la cuestión en profundidad, sino por las urgencias del partido que quiere mantenerse en el Gobierno o que quiere ostentar el de la comunidad autónoma correspondiente. Pero España no se rompe por reconocer la singularidad de Cataluña, que es una realidad histórica, como las de País Vasco y Navarra. Otra cosa es que se quiera que en todas las comunidades autónomas se presten los mismos servicios públicos esenciales, independientemente de los sueños identitarios y del nivel de riqueza, algo que habrá que explicar a los ciudadanos sin recurrir a la demagogia. Crean más desigualdades los líderes obtusos que los que promueven la república de su casa. Reconocer la complejidad territorial de España es compatible con defender la unidad, siempre que se reconozca la singularidad territorial e individual. Porque quienes no reconocen las diferencias institucionales difícilmente respetarán los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, ya sean de credo o de género. Unidad en la diversidad y un derecho que acoja a todos son la base de la UE y de cualquier Estado democrático. Los que defienden con tanto ahínco la Transición y la Constitución española deberían recordar que fue el fruto del acuerdo entre contrarios y que, en su texto, recoge las singularidades territoriales e institucionales de una manera específica: País Vasco y Navarra, sí, pero también Canarias y Baleares, por no hablar de Ceuta y Melilla. Podrían ser asimismo Barbate o Granada, ciudad singular entre las singulares y que, siendo de las más turísticas, es de las peor comunicadas.  A ciudadanos y políticos se nos llena la boca con la palabra solidaridad, pero la realidad es que no somos solidarios, incluso con los bienes más básicos, como el agua. Baste de ejemplo las reacciones a la decisión de ceder el excedente de agua de riego del pantano del Negratín a la provincia de Almería. ¿Singulares? Parecemos más bien egoístas y simplones.

IDEAL (La Cerradura), 23/06/2024

Plurinacionales

En España, a mucha gente le molesta que se hable de nación de naciones o de monarquía plurinacional, pero son términos más comunes en nuestra historia y en nuestra literatura de lo que pueda parecer a primera vista. Forman parte de ese conjunto de temas que actualmente no se abordan sin algún tipo de censura o autocensura, como Transición, monarquía, dictadura y Guerra Civil, y que demuestran la fragilidad de nuestra aún joven democracia. También es verdad que, en nombre de la democracia, se han utilizado y mezclado conceptos y pervertido su sentido por causas finalistas, como autogobierno, derecho a decidir, autodeterminación, respeto a las minorías, condiciones de la democracia, y que en muchos casos escapan a la idea de democracia misma. Y los términos nación o nacionalidad, claro, en según qué contextos vacíos de contenido. Al parecer, algunos de los problemas que ha tenido nuestro Estado siguen enquistados, y no somos capaces de reconocer y aceptar las diferencias del otro. Sin embargo, casi nadie duda ya de las bondades de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que tiene entre sus lemas fundamentales la unidad desde la diversidad, y que recoge en sus tratados fundacionales el reconocimiento de los hechos diferenciales y las singularidades políticas y fiscales de algunos territorios españoles que, por cierto, no se encuentran solamente en el continente europeo, caso de Canarias o de Ceuta y Melilla. Hay que recordar que dentro del marco constitucional vigente hay territorios con un estatus jurídico propio, tanto desde el punto de vista de sus instituciones como, fundamentalmente, desde el punto de vista fiscal. Así podríamos distinguir entre las comunidades autónomas de régimen común de los territorios forales, País Vasco y Navarra, con convenio y concierto propios pactados con el Estado. Es decir, dentro de la Constitución española de 1978 ya están reconocidas las singularidades territoriales de una manera específica. ¿Podría tener Cataluña un tratamiento especial, como País Vasco y Navarra? Yo creo que sí, pero también Andalucía, Galicia o Baleares. Porque, ¿les van a condonar parte de la deuda pública a todas las comunidades autónomas, como al parecer ha pactado para Cataluña el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, con Oriol Junqueras mientras esperan el sí de Puigdemont? ¿No será mejor aprobar un nuevo sistema de financiación del que se beneficien todas las autonomías? Nuestros políticos ganarían mucho si explicaran los problemas reales del país a los ciudadanos sin recurrir a la demagogia y los afrontasen más allá de la propia conveniencia. Ese es el peor nacionalismo.

IDEAL (La Cerradura), 5/11/2023

Equipaje de mano

Mientras en España se discuten las posibilidades que tienen PP y PSOE de formar gobierno, el presidente Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones a Marruecos. Se dice que algo importante debe de saber Mohamed VI para que nuestro país haya cambiado su política sobre el Sáhara. ¿Apoyamos ahora las reivindicaciones marroquíes? Según algunos servicios secretos, un programa informático para hackear teléfonos móviles que proporcionó Israel a varios países, entre ellos a nuestro vecino del sur,  se utilizó para pinchar las conversaciones de Emmanuel Macron o Pedro Sánchez. ¿Lo pillarían hablando en la intimidad en catalán sobre la convocatoria de un referéndum de independencia? Quizá por eso el presidente aparece con gorra y gafas de sol en las fotos que de su viaje se han facilitado a la prensa, como si fuera de incógnito. Curiosamente, en la misma sección leo que los espías de otro país europeo, Gran Bretaña, están pidiendo autorización a su gobierno para utilizar los datos personales de los ciudadanos en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto son independientes los servicios secretos? ¿Velan por la seguridad del país a pesar de los ciudadanos y sus presidentes? ¿Crearán un Skynet que, como en la película “Terminator”, decida acabar con la humanidad? Afirman los expertos que un robot es un ente capaz de recopilar información del entorno para tomar decisiones y actuar en el mundo, definición que ojalá nos sirviera para calificar a nuestros políticos, incapaces de ponerse de acuerdo en las cuestiones básicas de las que depende el futuro de nuestro país. Entre ellas se encuentra la financiación autonómica, sobre la que Pedro Sánchez imagino que llevará apuntadas algunas ideas, espero que en una libreta y no en el móvil, para sentar las bases de un pacto de gobierno entre el PSOE, Sumar, los partidos nacionalistas y todo un rosario de pequeñas fuerzas parlamentarias. ¿Saldrá algo bueno de todo esto? Si el nacionalismo catalán actuara con sensatez, podría contribuir a mejorar el Estado autonómico con un modelo que establezca un reparto equitativo de los ingresos tributarios entre el Estado y las comunidades autónomas y una territorialización proporcional del gasto público, haciendo que País Vasco y Navarra participen en los mecanismos de solidaridad. Para ello habría que acabar con la idea de que determinadas autonomías quieren robar a papá Estado, entre otras cosas porque todas forman parte del Estado. Y que fuera un acuerdo multilateral. Pero no sé si todo el país le cabrá a Pedro Sánchez en el equipaje de mano.

IDEAL (La Cerradura), 6/08/2023

Sanidad

Hasta hace poco, si había algo de lo que estábamos orgullosos en España –más allá de la imagen del rey pidiéndole a los jugadores de la selección de fútbol que “sigan cantando”- era de la sanidad pública. Frente a otros países presuntamente desarrollados como Estados Unidos, donde si no puedes pagarte un seguro privado te mueres en la calle, aquí ha sido el servicio público más importante. De hecho, no son pocos los ciudadanos europeos que venían a residir en España sólo por ese motivo. Sin embargo, las competencias en salud, junto al otro servicio público por excelencia, la educación, son actualmente de las comunidades autónomas, lo que podría explicar su declive. ¿Veremos a ciudadanos cambiar de residencia por cuestiones sanitarias? ¿Asistiremos (o asistimos ya) a una competición entre las comunidades en este ámbito, como ya ocurre en materia fiscal? ¿Huirán de Madrid para poder ir al médico los que se fueron allí para pagar menos impuestos? Privatizar el sistema público de salud es cambiar el modelo de Estado, que deja de ser social para convertirse en otra cosa, quizá en una caricatura norteamericana. Lo peor es que sean los propios profesionales sanitarios los que tengan que salir a manifestarse, acompañados de los ciudadanos, claro, que ven cómo se alargan las listas de espera de los especialistas o la mera atención primaria. Ocurre en Madrid, pero también en Sevilla o en Granada, donde se han convocado manifestaciones esta semana. La defensa de la sanidad pública es de las pocas cosas en las que la población está de acuerdo, y la mayor manifestación que se recuerda en esta ciudad, apática por excelencia, fue por sus hospitales. Así que haría bien Juanma Moreno en tomar buena nota, porque Andalucía empieza a manifestar los síntomas de un servicio público deficiente, con demasiados enfermos crónicos esperando a que los atiendan. Eso sí que es un “terror político y sindical”. Hay quien se muere de risa escuchando las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y hay quien simplemente se muere. Si la gente saliera a manifestarse también por unas comunicaciones dignas, no tendríamos dudas de que Granada acogerá la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial ni nos arruinaríamos para salir de viaje o regresar a la ciudad. “Entonces volví a la ciudad a la que no volveré”, diremos como Justo Navarro al comienzo de la novela “El alma del controlador aéreo”. El colmo de vivir en Granada sería tener que coger un avión o un tren para ir al médico.

IDEAL (La Cerradura), 27/11/2022

Patrimonio

La Junta de Andalucía ha decidido bonificar en un cien por cien el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que además de hacer saltar de alegría a los andaluces ha puesto de uñas a otras comunidades autónomas y concretamente a Cataluña, pues el presidente Juanma Moreno ha animado a los empresarios catalanes a que se vengan a vivir al sur. Lo que me llama la atención es que en el PP y en medios afines se hayan apresurado a aplaudir la medida, cuando se trata de un partido que tradicionalmente ha estado en contra de una descentralización excesiva y de que los ciudadanos españoles no tengan los mismos derechos y obligaciones independientemente de la parte del territorio donde vivan. Ese principio de igualdad tan cacareado y mal entendido, sobre todo en materia fiscal. Pues igualdad no es uniformidad, y si a los entes territoriales se les reconoce la capacidad normativa para crear sus propios tributos o regular elementos esenciales de los impuestos estatales cedidos hay que ser consecuente, aunque se desate una batalla fiscal entre las autonomías. Algo que ocurre también entre los países si no se le pone remedio en el marco de organizaciones internacionales como la Unión Europea o la OCDE. En España, reconocemos la autoridad estatal o la autonómica según el día, dependiendo de si tenemos que defender el Estado centralizado o el federal, pero al parecer ni siquiera se deciden los partidos políticos, que no pueden propugnar una única idea de España porque dependen del poder de sus barones territoriales, que acuden a las elecciones como a un refrendo personal que les otorga independencia orgánica. ¿Qué puede hacer Alberto Núñez Feijóo ante tanto verso suelto? No mucho en realidad, porque lo que conviene a España a nivel general puede no convenir particularmente a Madrid o a Andalucía. Ay, la solidaridad. Pero una cosa es lo que le conviene a la persona, como presidente o presidenta, y otra lo que conviene al país o a la comunidad autónoma. Y se echa de menos claridad en las propuestas políticas. Juanma Moreno, que nació en Barcelona, sí lo tiene claro: “Le digo a los empresarios catalanes: aquí está su tierra. En Cataluña hay Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Aquí no. Allí hay Impuesto sobre el Patrimonio. Aquí no. Y aquí no nos vamos a independizar nunca, somos orgullosa parte de España”. Es un buen discurso. Cómo nos gustaría que nuestra clase política se pusiera de acuerdo en los argumentos y los mantuviera a largo plazo. Como si se tratara del patrimonio español.

IDEAL (La Cerradura), 25/09/2022

Educación y economía

En una época en la que existe en la sociedad una patente desafección política, la colaboración entre las Administraciones públicas y los ciudadanos para la prestación de los servicios púbicos debería ser algo prioritario. Una prueba de que puede construirse un futuro común, más allá de los intereses personales o de partido. En el sector de la educación, la labor de las AMPAS en colegios e institutos es fundamental para ello, pues si los padres y las madres colaboran con el profesorado y la administración, nuestros hijos –que serán los artífices de ese futuro- resultarán los primeros beneficiados. Colaboración en la organización de actividades escolares y extraescolares, pero también en la prestación de los servicios públicos asociados a la educación, como son los comedores escolares. La AMPA “Amigos de una escuela mejor” del CEIP Gómez Moreno, en el Albaicín, constituye un buen ejemplo, pues ha recibido un premio de la Junta de Andalucía por la gestión del comedor escolar, en el que se utilizaban productos locales y ecológicos. Sin embargo, después del concurso público puesto en marcha por la propia Junta en unas condiciones inasumibles para una AMPA, el comedor será gestionado por una empresa de catering, continuando así con la lamentable política de privatización de los servicios públicos fundamentales que no sólo se sigue en Andalucía, sino en toda España. ¿Qué diferencia hay entonces entre un gobierno del PP en el Estado y otro del PSOE en la comunidad autónoma? ¿Qué justifica que se cedan las competencias a las administraciones territoriales en los servicios fundamentales si las decisiones no obedecen al parecer a cuestiones ideológicas sino de mera financiación? ¿Para qué queremos duplicidad de Administraciones públicas si las segundas están empobrecidas? ¿De qué sirve que se tramite en el parlamento andaluz actualmente una ley para “promover una vida saludable y una alimentación equilibrada” si luego la gestión los servicios públicos que deben promoverlas se entrega a grandes empresas? La Junta de Andalucía ha llevado a cabo valiosas iniciativas como la educación universitaria gratuita, pero no lo es la privatización del comedor de este colegio granadino, aunque se cumplan todos los requisitos legales. Susana Díaz reclamaba esta semana que se apruebe de una vez el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero lo primero que necesitan las comunidades autónomas es ser mucho más eficientes en la gestión de los recursos públicos, y eso no tiene nada que ver con la privatización de los servicios fundamentales. Lo mismo les vendría bien escuchar a los padres. Somos expertos en economía doméstica.

IDEAL (La Cerradura), 22/04/2018

Juegos

A medida que la sociedad se empobrece, proliferan en las ciudades españolas las casas de apuestas, los casinos y los locales destinados al juego. En Granada, seis meses después de que la Junta de Andalucía aprobara el Reglamento de Apuestas Deportivas, hay 37 salones de juego y 8 nuevas licencias en tramitación, según informaba Jorge Pastor en IDEAL. Y también esperamos un casino en esta ciudad, que aspira a convertirse en un paraíso de ludópatas. Pero si ya tenemos a los políticos locales, que acostumbran a jugarse el patrimonio municipal… ¿Hacemos una porra sobre la posible intervención del Ayuntamiento por Cristóbal Montoro? El ministro de Hacienda ha tejido pacientemente la tela de las cuentas públicas, y su figura de araña responsable y monstruosa se va acercando poco a poco a la figura de polilla del alcalde Francisco Cuenca, enredado en un capullo por los hilos que fabricaron en la pasada legislatura Torres Hurtado y su equipo económico, experto en tequemanejes. Los que están hundidos en la miseria se lo juegan todo a la suerte, y hay quien dedica el día entero a pensar en la quiniela o en la combinación ganadora –ojalá- de la Lotería Primitiva, ese impuesto encubierto que la gente paga con esperanza y alegría. He aquí un círculo vicioso: los pensionistas soñando con engordar su pensión y pagándola con los boletos de la bonoloto, y los jóvenes confiando su futuro a las apuestas deportivas. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. (que opera nueve juegos de azar, entre ellos la Lotería Nacional, la Quiniela o Euromillones) está adscrita al Ministerio de Hacienda, lo que convierte al ministro Montoro en una especie de Señor de la Suerte, que eliminó la exención que hasta 2013 había en el IRPF por estas ganancias patrimoniales para que tributen con un gravamen especial de loterías. Porque aquí no se desperdicia nada. Pero es que la fiscalidad sobre el juego es un tema interesante, y por eso los tributos que lo gravan se cedieron a las comunidades autónomas. ¿Financiarán mejor así la sanidad o la educación? En Granada, los jefes de Urgencias del PTS y de Traumatología han dimitido al parecer por falta de personal. Y según informaba Ángeles Peñalver esta semana, la USAE (sindicato de técnicos de enfermería) denuncia que la desfusión hospitalaria ha sido un ERE encubierto. Así que acudir a urgencias se ha convertido asimismo en una lotería, pues con suerte te atenderá uno de los seis médicos que hacen guardia durante 24 horas en el PTS. ¿Admiten apuestas?

IDEAL (La Cerradura), 15/04/2018

Incompetencias

La Administración pública española es como una hidra de tres cabezas que no paran de pelear entre sí. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales consumen una cantidad inaudita de recursos económicos cuya conversión en servicios públicos no siempre ve el ciudadano. Muy al contrario, los ciudadanos comprueban cómo pagan tributos a tres entes territoriales (en una clara doble e incluso triple imposición en algunos casos) que no se caracterizan precisamente por su eficiencia. Si tenemos en cuenta además que dichas administraciones están gobernadas por partidos políticos distintos, no es difícil comprender que cualquier desacuerdo entre ellas termine convirtiéndose en un lío mayúsculo. Con ese frágil equilibrio de fuerzas yuxtapuestas, ¿cómo aprobar unos simples presupuestos del Estado? Cuando el Gobierno central ya creía haber aplacado la rebelión catalana, el Partido Nacionalista Vasco –el principal apoyo a dichos presupuestos- sale con que quiere incluir el derecho de autodeterminación en el nuevo Estatuto. ¿No tienen suficiente con un régimen fiscal privilegiado y un cupo de difícil justificación? A España hace tiempo que el problema territorial se le ha ido de las manos, y es urgente reformar no sólo la Ley Electoral, como pretenden Ciudadanos y Podemos, sino también que volvamos a un Estado más centralizado en lo que se refiere a los servicios públicos fundamentales, que son la educación y la sanidad, que se han convertido en un foco de conflictos permanente entre las Comunidades Autónomas y el Estado, dando lugar a la creación de sucesivos fondos dentro de un sistema de financiación excesivamente complejo y opaco para la mayoría de los ciudadanos. Porque la pregunta importante es: ¿son mejores la educación y la sanidad que hace veinte años? Deberían serlo, si uno atiende al progreso económico de un país que presume de ser uno de los motores de la Unión Europea. Pero no lo son. Respecto a la educación, las Comunidades Autónomas se han preocupado más de adoctrinar a los ciudadanos en las cuestiones identitarias y nacionalistas –ya hemos visto el resultado en Cataluña- que de que tengan una formación básica, de la que se han eliminado el conocimiento, los cánones y la cultura clásica. Por eso ahora tenemos un montón de neoanalfabetos. Y qué decir de la sanidad, privatizada en mayor o menor medida según la comunidad en la que nos fijemos. ¿Alguien se acuerda ya de las manifestaciones en Granada? Más que un modelo federalista, haría falta que un partido político valiente planteara que dichas competencias volvieran al Estado. Lo mismo hasta ganaría las próximas elecciones.

IDEAL (La Cerradura), 11/02/2018

Desigualdad autonómica y reforma constitucional

La Constitución española no consagra la desigualdad ni los privilegios fiscales en la financiación autonómica. Si actualmente existen desigualdades y privilegios se debe solamente a la negociación (y a una mala gestión) política,  no  a cuestiones de técnica jurídica. De hecho, la evolución del sistema de financiación autonómica ha dado al traste con el Estado de las Autonomías tal y como estaba concebido en la Constitución de 1978, y los responsables de ello han sido, en última instancia, los sucesivos presidentes del Gobierno central desde la Transición hasta ahora. Y los presidentes autonómicos, claro, que han pecado de un egoísmo digno de estudio, empezando por el País Vasco, siguiendo por Cataluña y terminando en Andalucía, comunidades que han enarbolado siempre el “yo más”, el “yo también” o, simplemente, el socorrido “¿y yo qué?” Porque el Estado autonómico estaba previsto para las nacionalidades históricas –País Vasco, Cataluña y Galicia-, pero no para todas las regiones españolas, empeñadas desde entonces en convertirse en nacionalidades o naciones a secas, lo que han recogido en sus estatutos (Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Islas Baleares), por eso del “y yo también”.

Y con ese punto de partida, necesariamente limitado en sus posibilidades, y esa deriva, el Estado autonómico es inestable, pues no estaba pensado para un Estado de diecisiete Comunidades Autónomas (más dos ciudades autónomas) que, en la práctica, funciona ya como un Estado federal. En ese sentido, no está de más recordar que la autonomía política que se ejerce normalmente en estos parlamentos es esencialmente un “poder de autodeterminación”, tal como lo definía Entrena Cuesta.

 Sin embargo, la Constitución española no recoge de manera concreta los recursos de las Comunidades Autónomas, y la remisión que hace el artículo 157 a una ley orgánica (la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) para establecer su sistema de financiación sólo ha propiciado negociaciones y tensiones políticas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un organismo que no es el más adecuado para tomar decisiones que afectan a la financiación de las Administraciones públicas y a la postre a la propia organización territorial del Estado; y donde, dado su régimen jurídico, el Gobierno central suele imponer sus criterios. El lugar para definir el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el Senado, que debe convertirse primero en una verdadera cámara de representación territorial.  

Pero ¿tan difícil es hacer un sistema de financiación estable? Pues sí, si tenemos en cuenta que los partidos políticos y sus líderes suelen preferir la demagogia a la pedagogía con la población y a la sincera negociación política. ¿Y qué hacer? Pues dejar las ambiciones políticas y las cuestiones identitarias al margen y afrontar una reforma serena de la Constitución de 1978, que, más que una reforma de calado, quizá necesite tan sólo unos cuantos remiendos.

Así, en lo que a la financiación autonómica se refiere, el propio texto constitucional debería efectuar un reparto adecuado de las fuentes de financiación disponibles entre todos los entes territoriales, garantizando no sólo la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, sino también la suficiencia financiera de la Hacienda local, tal como apuntó en su día Zorzona Pérez. Esto es, atendiendo a los niveles de competencias, proceder a un adecuado reparto de las fuentes de riqueza sobre las que recaen los diferentes tributos, de modo que quede garantizada su capacidad de obtención de recursos suficientes en todo tipo de coyunturas económicas y evitando dobles imposiciones.

Porque, en puridad, hoy no podemos hablar de titularidad de las Comunidades Autónomas (al menos las de régimen común) sobre los recursos tributarios recaudados en su territorio o de sus residentes, pues, fundamentalmente, estos recursos provienen de los impuestos estatales cedidos y, en menor medida, de los tributos propios. Sí podemos decirlo respecto al País Vasco y Navarra, por los regímenes del concierto y el convenio económico con el Estado, que es una de las primeras fuentes de inestabilidad del actual sistema, al generar malestar en aquellas comunidades que, con similares niveles de renta que las citadas, no tienen la misma capacidad de decisión respecto a sus políticas fiscales. Sin embargo, pienso que también sería posible decirlo de todas las Comunidades Autónomas si estos recursos están establecidos de una manera más concreta en la propia Constitución, especificando los tributos y las competencias en materia tributaria de cada administración territorial.

Más que a la conversión de España en un Estado federal, que no es más que una cuestión terminológica en relación con el Estado autonómico (lo apuntaban hace poco en su propuesta una decena de catedráticos de Derecho Constitucional coordinados por Santiago Muñoz Machado, entre los que se encuentra el catedrático de la UGR José Antonio Montilla Martos), a ese fin pienso que debería ir encaminada una futura reforma constitucional.

IDEAL, 14/12/2017