Democráticos

Que el Gobierno vuelva a aprobar los decretos leyes rechazados por el Congreso de los Diputados para que los valide la Diputación Permanente es un fraude constitucional, por muy buenos propósitos que tenga el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que vuelve a demostrar poco respeto por los procedimientos democráticos, aunque se haya visto obligado a convocar elecciones generales. A los jóvenes que acampan en la calle en Granada y otras ciudades españolas debería preocuparles no sólo la vulneración del derecho constitucional a la vivienda, sino el respeto del ordenamiento jurídico, que es el que garantiza el Estado social. En democracia, el fin no justifica los medios. De hecho, los medios –las leyes y los procedimientos- son los que hacen posible que puedan defenderse los derechos y libertades públicas, en la calle y en los tribunales. Son cosas obvias que, sin embargo, hay que recordar y repetir, y que dan la razón a quienes alertan demagógicamente de una ruptura del sistema. No me cabe duda de que los ciudadanos acudirán a votar en masa en unas elecciones limpias, pero hay que predicar con el ejemplo, sobre todo cuando se ejerce el poder, pues quien lo ejerce suele caer en la tentación del autoritarismo. Se ve que respetamos el derecho sólo cuando nos conviene, y por eso Carles Puigdemont clama contra “el estado opresor” que acaba de amnistiarle los delitos cometidos, aunque otros con menor influencia, por menos, se encuentren en la cárcel. Somos democráticos también cuando nos conviene, y una vez que Vox está dentro de las administraciones públicas puede implantar políticas para expulsar al extranjero o al diferente. El discurso del odio, las líneas rojas, azules o verdes son el mal endémico de este país, y ahora que empieza la campaña electoral quizá haya quien presente por fin una propuesta política constructiva que defienda el Estado social y democrático de derecho y el respeto a las instituciones. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal niegan la validez de las elecciones si ellos no las ganan, algo que quizá compartirían Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a los que les gusta sacar las urnas a las calles como quien pulsa el botón del pánico. “Que viene, que viene”, te decían en el patio del colegio antes de rodearte y soltarte una colleja, como parece ocurrir en el arco parlamentario español. Pero se supone que el Congreso de los Diputados es la casa de todos los españoles. Qué bueno sería que, disolviendo las Cortes, aspirásemos a renovar de verdad la democracia.

IDEAL (La Cerradura), 11/10/2026

Vivienda

La relación de los jóvenes con la vivienda retrata de la peor manera el Estado social, que se supone que es la gran conquista de nuestras democracias. En una sociedad en la que a todas horas se nos bombardea con publicidad y se nos alienta a un consumo desaforado, la mayoría no sólo no puede plantearse la compra de un estudio o un apartamento, sino tampoco un alquiler, como no sea compartido. Nuestros jóvenes no entienden que el acceso a la vivienda constituya un derecho constitucional y que, al mismo tiempo, la cruda realidad les recuerde que no tienen ningún derecho. Consuela un poco que el Gobierno tome la iniciativa para blindar la vivienda pública con la colaboración de las comunidades autónomas, limitar el precio de los alquileres o promover un fondo europeo para la vivienda. De hecho, sería un acierto que la Unión Europea se implicara en facilitar la independencia de los jóvenes en todos los países miembros con ayudas al alquiler, lo que fomentaría una idea social y democrática de Europa, como la ha fomentado el programa Erasmus. Pero, mientras tanto, es también importante que tomen medidas las corporaciones locales, que son las más cercanas a los problemas del ciudadano, y en ese sentido hay que aplaudir el acuerdo del Ayuntamiento de Granada con la Caja Rural para facilitar la contratación de hipotecas. Que se financie el 95% del importe de la compra de una vivienda no debería ser una noticia. Debería eliminarse la limitación legal para poder financiar el 100%. Ya no estamos en los tiempos de las hipotecas basura, y a los fondos buitre, que acaparan la mayor parte del parque inmobiliario, no les afectan estas limitaciones. Más allá de la legitimidad jurídica, los Estados europeos tienen hoy un problema de legitimación social. Y si las políticas públicas no son efectivas, los ciudadanos, por mera impotencia, empiezan a prestar atención a los partidos políticos populistas y extremistas, como estamos comprobando en los resultados de las últimas elecciones, dentro y fuera de España. Y aquí juegan un papel muy importante las empresas. Sin la colaboración entre entidades públicas y privadas sería imposible que saliera adelante un proyecto como la capitalidad cultural de Granada, pero es también un camino a seguir para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. “Living Granada” es un buen lema. La vivienda es donde habitamos, y se refiere además a nuestro modo de vivir. Las ciudades y los países deben ser lugares donde todos, a pesar de nuestras diferencias, podamos habitar.

IDEAL (La Cerradura), 27/10/2024