Sátiros

Nuestra sociedad es mucho más frágil de lo que nos creemos. Si la esperanza de vida de un ser humano roza ya los cien años, quizá sea capaz de recordar la guerra de Marruecos, la guerra civil, el régimen de Franco, el bodrio catalán e incluso la dictadura de Facebook. El nacionalismo español siempre ha sido indulgente consigo mismo, pero no con el nacionalismo catalán, al que observa entre el miedo y el estupor. A eso contribuyen sin duda los independentistas catalanes, que son incapaces de encontrar un presidente-títere que no lea su discurso en el parlamento como si fuera una sentencia condenatoria, como ha hecho esta semana Jordi Turull, o que no huya como Marta Rovira. En España, ya no se distingue entre la mentira y la verdad, y la historia ya no la cuenta Galdós en los “Episodios nacionales”, sino revistas como “El Jueves” o “Mongolia”, que aún deben luchar por la libertad de expresión. Pero cuando la crónica política se ha convertido en sí misma en una sátira o un chascarrillo –según Cristina Cifuentes- hasta los jueces parecen tener dudas para interpretarla, pues todo tiene un tufillo mongoloide, maldita la gracia. Pero ¿qué es lo que ha pasado en España? Pues, por lo visto, sólo lo sabe Ciudadanos, que es el único partido que sube en las encuestas, aunque a Albert Rivera se le caracterice como la personificación del IBEX-35. Y quizá sea así. Las grandes multinacionales quieren países manejables, con ciudadanos que te digan lo que desean en Facebook. Los internautas compran, se quejan, votan lo que les gusta o lo que no, y luego se encuentran con Donald Trump en la Casa Blanca y a saber con quién en el Palacio de la Moncloa. Porque en las calles sólo se manifiestan los mayores de 65 años, que no han tenido tiempo de ser poseídos por las redes sociales. Ellos aún saben diferenciar entre lo privado y lo público, y por eso no contribuyen voluntariamente a ser controlados. ¿Quiere usted saber cuáles son sus gustos literarios? Pregúnteselo a Amazon. La sabiduría occidental se ha reducido a diez algoritmos que uno cumple cada vez que hace un clic en el ratón del ordenador. “Identifíquese”, nos piden tiendas y plataformas de todo tipo, y vamos construyendo con nuestros datos un avatar más real que nosotros mismos, pero menos responsable. ¿Tendrá la cara de Marc Zuckerberg? Nadie podrá decir que no le hemos entregado nuestros sueños gozosamente, para que su empresa los venda al mejor postor. Menudos sátiros.

IDEAL (La Cerradura), 25/03/2018

Demanda social

Resulta preocupante que los partidos políticos tomen decisiones o hagan propuestas según los resultados de las encuestas o los sondeos. El pueblo es soberano, pero ¿tiene siempre razón? La visceralidad parece haber contaminado no sólo las redes sociales y los medios de comunicación, sino la propia vida política, donde brillan actualmente por su ausencia las opiniones meditadas. Nuestros líderes políticos repiten machaconamente las mismas ideas como si fueran eslóganes electorales, aunque no se sostengan en datos y ni siquiera en convicciones políticas. Lo hemos comprobado esta semana con el debate en el Congreso sobre las pensiones, que no ha aportado nada nuevo al margen de la constatación del que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vive en el País de Nunca Jamás mientras los jubilados españoles lo hacen en la pobreza. Pero también lo hemos visto después del asesinato del niño Gabriel, que ha despertado los instintos más bajos de la audiencia, de los periodistas y de los políticos, claro, que han debatido sobre la derogación de la prisión permanente revisable, que probablemente atenta contra los valores constitucionales, como han defendido un centenar de profesores universitarios de toda España, y entre ellos ocho del Departamento de Derecho Penal y del Instituto de Criminología de la UGR, que  algo sabrán sobre el tema. Pero en la web de IDEAL los internautas los acusaban de “buenistas”, y había quien recordaba casos sangrantes y muy dolorosos, sí, ocurridos en la ciudad de Granada, como la violación y el asesinato en 1987 de la niña Aixa. "El asesino, José Fernández Pareja, fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a 85 años de prisión, pero apenas pasó 16 tras las rejas”, clamaba un internauta. Y la verdad es que es un hecho que provoca indignación, pero la Constitución Española reconoce la reinserción social y prohíbe las penas de duración indeterminada. ¿A qué debemos renunciar para asegurar el mantenimiento de una sociedad democrática? No queremos que este tipo de delincuentes estén en la calle, y la razón de esta ley, como señalaba la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, era “la demanda social”. Pero esto no debe justificar su aprobación ni su permanencia. La democracia no es sólo asegurar la voluntad de la mayoría, sino la existencia de un marco jurídico que proteja la dignidad de la persona, incluso la de los pederastas y asesinos. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, pedía después de la muerte de su hijo que no se extendiera la rabia. Eso es una lección de democracia.

IDEAL (La Cerradura), 18/03/2018

Pelo

Si uno se fija en los peinados de Donald Trump y Kim Jong Un, se da cuenta que llevan como una aureola belicosa. Es como si el humillo que les sale de la cabeza hubiera contaminado su pelo, que tiende a alzarse hacia arriba. Medio planeta preocupándose por los prontos de los presidentes de USA y Corea del Norte cuando lo único que necesitan es un buen peluquero, que les peine bien las ideas sobre el cuero cabelludo. Quizá tengan demasiado pelo, cuya caída está relacionada en los hombres con los niveles de testosterona. Por eso andan Donald y Kim permanentemente enfurruñados. No como nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que, calvo y feliz por la recuperación económica, está dispuesto a equiparar el sueldo de los funcionarios públicos del Estado con los de las Comunidades Autónomas. Ha comenzado con los policías, pero a la cola se han puesto jueces y fiscales, médicos, enfermeros, profesores... La equiparación salarial entre todos los funcionarios del Estado –del que también forman parte las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales-, parece algo lógico. Se lo preguntas a nuestros políticos –con pelo y sin pelo- y te dicen que sí, que es lo sensato para reducir las desigualdades, que hay que legislar sobre el tema. Y, sin embargo, esta semana hemos visto a miles de mujeres manifestándose por la equiparación salarial con los hombres. ¿Aquí no es tan fácil legislar? Porque hay empresarios y políticos a los que les salen sarpullidos cuando escuchan hablar de la obligación de equiparar salarios entre los trabajadores, independientemente del sexo que tengan. Equiparar el sueldo entre los funcionarios de las Administraciones públicas les parece lógico, pero entre los hombres y las mujeres –que suelen cobrar de media un 13% menos- de la empresa privada no tanto, porque a fin de cuentas se trata de regular las condiciones del sacrosanto mercado. Y con el capitalismo hemos topado, que no se preocupa precisamente de preservar la igualdad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que todavía peina algo de pelo, a la pregunta sobre si habría que obligar a las empresas a equiparar el sueldo de hombres y mujeres, ha contestado: “No nos metamos en eso”. ¿En la Administración pública sí, pero en las empresas no? ¿Nos está tomando el pelo? A veces, nuestros políticos parecen también funcionarios que, sin embargo, no se caracterizan por su eficacia ni por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, sino sólo por su obediencia a las leyes de la oferta y la demanda. Pierden el pelo y la cabeza.

IDEAL (La Cerradura), 11/03/2018

Ahorro

A veces se nos olvida que las decisiones políticas tienen consecuencias concretas. Sin embargo, en España es relativamente normal escuchar a políticos sorprendidos (o quizá no tanto) cuando son procesados o juzgados por la opinión pública. Lo hemos visto en Cataluña, donde algunos independentistas han descubierto ahora que el Estado aplica las leyes, pero también en otras comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía y en ciudades como Granada, donde hay políticos que no sabían que la policía cuenta con una Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), creada para combatir la corrupción. “¿Qué coño es eso de la UDEF?”, dicen entonces. Pero es que algunos de nuestros políticos no parecen saber ni quiénes son, porque cuando les preguntas por algo en concreto sufren una amnesia repentina o te dicen sin sonrojarse que no saben nada de cuentas, aunque sean consejeros o incluso presidan una entidad financiera. Así, Narcís Serra, expresidente de Caixa Cataluña, ha defendido esta semana en el Congreso su gestión de esta entidad financiera que tuvo que ser rescatada con 12.600 millones de euros. Un tipo que, además de economista, ha sido alcalde, ministro y vicepresidente del Gobierno. Y que también ha explicado que los miembros del consejo de administración, elegidos por sorteo, empezaron a asistir a cursos de formación financiera que se impartían antes de la reunión de cada mes y donde se les explicaba las partidas claves del balance y de la cuenta de resultados. Si la misma gestión la hubiera realizado en Inglaterra, tendría que haberse exiliado, como Puigdemont. Y, si hubiera sido en Japón, para limpiar su honor se tendría que haber cortado unos cuantos dedos o practicado el harakiri. Pero, como vive en España, ha culpado del desastre a la anterior dirección de la caja, al Banco de España y al Gobierno actual, por malvenderla a Bankia. Lo peor es que así piensa buena parte de nuestra clase política, aunque malgaste el dinero público. Pero es que las cosas sólo nos preocupan cuando nos afectan personalmente. Y los políticos deberían responder de su gestión con su propio patrimonio. Lamentablemente, no es así, y la única contrapartida para los ciudadanos es el desmantelamiento de los servicios públicos (que es lo que representaban al principio las cajas de ahorro). Mientras, en Granada, el Ayuntamiento va a remodelar las líneas de autobús, y va a suprimir la LAC. La alternancia en la alcaldía se reduce a hacer y deshacer, pero ¿quién va a pagar todo esto? Lo mismo habría que ahorrarse a la clase política.

IDEAL (La Cerradura), 4/03/2018

Himnos

Pues ha tenido que venir Marta Sánchez a rescatar el orgullo español, poniéndole la letra al himno nacional, que es una marcha algo descafeinada, pero que puede convertirse en una declaración patriótica y al menos servirle a Sergio Ramos para pensar en algo concreto cuando se toca el corazón antes del comienzo de los partidos de la selección de fútbol. En Marta Sánchez, por ejemplo. Y es que la patria anda un poco desanimada con esto de no tener presupuestos, que quizá se aprueben en el mes de junio. ¿Serán unos presupuestos para seis meses? Lo mismo es un nuevo método para ajustar las cuentas públicas. Rajoy espera a que haya presidente en Cataluña, aunque allí no parecen tener mucha prisa. Siguiendo el ejemplo de Puigdemont, que ya no oculta a nadie su deseo de vivir del cuento de la independencia, la comunidad se ha tomado unas vacaciones de sí misma. Y es que los deseos de emancipación cansan, como saben la mitad de los adolescentes españoles, que no se levantan del sofá ni para ver actuar a Marta Sánchez. ¿Será prima de Pedro? A ese Sánchez no me lo imagino cantando esta marcha granadera: “Te amo España, a Dios le doy gracias por nacer aquí… amarte hasta el fin”. A Pedro le gusta demasiado guardar las apariencias. Cosa que no le importa a Marta Sánchez, que como toda la gente que ha vivido fuera de España no siente ninguna vergüenza por proclamar el amor a su país. Pero ya la han llamado oportunista esos españolitos que acostumbran a mirarse el ombligo y a los que les molesta todo lo que hacen los demás. Porque ellos no hacen nada. Y lamentablemente nuestras instituciones y partidos están llenas de parásitos que se dedican a poner zancadillas al contrario, aunque por ello paralicen la aprobación de los presupuestos del Estado o del presupuesto municipal, que como su nombre indica es el primer paso para poder gestionar una administración pública. A eso le llaman hacer política. En Granada no se aprueba un presupuesto desde el año 2015, pero los concejales no han dejado de cobrar su sueldo. ¿Le duele a alguien el dinero público? Parece que sólo le duele a Marta Sánchez: “Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir”. Y así viven nuestros políticos: se van, pero en realidad nunca terminan de irse. “Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón…” Pero es que en España nadie pide perdón.

IDEAL (La Cerradura), 25/02/2018

Lenguajes

Mientras a Almería y Motril llegan nuevas pateras con los inmigrantes que han sobrevivido a la travesía, el Gobierno quiere que la Unión Europea pague a Marruecos para que controle mejor sus fronteras. La UE ya paga a Turquía con la misma finalidad, y España hace lo propio con Mauritania y Senegal, países a los que ha destinado 135 millones de euros de los fondos de seguridad del Estado. Además, España gasta anualmente muchos recursos para devolver a los inmigrantes a sus países de origen, que es uno de los principales elementos disuasorios que utilizan los gobiernos: frustrar una aventura que ha podido durar años, jugándote la vida. Pero cualquiera que conozca a un emigrante sabe que lo volverá a intentar, pues se trata de una cuestión de supervivencia. Éste es un problema real y tangible, en el que también están implicadas muchas ONG, cuya reputación ha caído en picado al conocerse las orgías organizadas en Puerto Príncipe (Haití) por cooperantes de Oxfam Gran Bretaña. Pero que la desgracia ajena sea un negocio no es nada nuevo, y sólo hay que pensar en la prostitución, tolerada en casi todos los países presuntamente civilizados. ¿No se sabe dónde están los puticlubs donde se explota sexualmente a muchas mujeres? ¿No se hace publicidad de esos locales? ¿Cuántos políticos o empresarios a los que se les llena la boca con la igualdad y el progreso habrán alternado en Don José? Sería curioso conocer a la pandilla de hipócritas que habrá pasado por ese local tan conocido en Granada, y que no por casualidad está junto a otros centros comerciales donde todo se compra y se vende, como a las mujeres. Tal vez habría que hablar más claro y decir la verdad, sin tener que recurrir a las simplezas de Irene Montero o Adriana Lastra. Lo que termina con la desigualdad es la cultura y la educación, lo que incluye las normas de las RAE, que no es una institución retrógrada, sino la que logra que nos entendamos. Un lenguaje común, comprensible por todos, los oriundos y los que llegan, que pueden acudir a un diccionario –el de la RAE sin ir más lejos- en caso de duda. ¿Podrá explicarle algún filólogo a un estudiante de español el lenguaje que utilizan nuestros políticos? ¿Tendrán que buscar a un traductor de esa pseudolengua poniendo de ejemplo los boletines oficiales de algunas Comunidades Autónomas? La política de verdad no entiende de géneros, ni siquiera de ideologías. Inclusión, sí. E igualdad, sí. Pero sin tanta palabrería.

IDEAL (La Cerradura), 18/02/2018

Incompetencias

La Administración pública española es como una hidra de tres cabezas que no paran de pelear entre sí. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales consumen una cantidad inaudita de recursos económicos cuya conversión en servicios públicos no siempre ve el ciudadano. Muy al contrario, los ciudadanos comprueban cómo pagan tributos a tres entes territoriales (en una clara doble e incluso triple imposición en algunos casos) que no se caracterizan precisamente por su eficiencia. Si tenemos en cuenta además que dichas administraciones están gobernadas por partidos políticos distintos, no es difícil comprender que cualquier desacuerdo entre ellas termine convirtiéndose en un lío mayúsculo. Con ese frágil equilibrio de fuerzas yuxtapuestas, ¿cómo aprobar unos simples presupuestos del Estado? Cuando el Gobierno central ya creía haber aplacado la rebelión catalana, el Partido Nacionalista Vasco –el principal apoyo a dichos presupuestos- sale con que quiere incluir el derecho de autodeterminación en el nuevo Estatuto. ¿No tienen suficiente con un régimen fiscal privilegiado y un cupo de difícil justificación? A España hace tiempo que el problema territorial se le ha ido de las manos, y es urgente reformar no sólo la Ley Electoral, como pretenden Ciudadanos y Podemos, sino también que volvamos a un Estado más centralizado en lo que se refiere a los servicios públicos fundamentales, que son la educación y la sanidad, que se han convertido en un foco de conflictos permanente entre las Comunidades Autónomas y el Estado, dando lugar a la creación de sucesivos fondos dentro de un sistema de financiación excesivamente complejo y opaco para la mayoría de los ciudadanos. Porque la pregunta importante es: ¿son mejores la educación y la sanidad que hace veinte años? Deberían serlo, si uno atiende al progreso económico de un país que presume de ser uno de los motores de la Unión Europea. Pero no lo son. Respecto a la educación, las Comunidades Autónomas se han preocupado más de adoctrinar a los ciudadanos en las cuestiones identitarias y nacionalistas –ya hemos visto el resultado en Cataluña- que de que tengan una formación básica, de la que se han eliminado el conocimiento, los cánones y la cultura clásica. Por eso ahora tenemos un montón de neoanalfabetos. Y qué decir de la sanidad, privatizada en mayor o menor medida según la comunidad en la que nos fijemos. ¿Alguien se acuerda ya de las manifestaciones en Granada? Más que un modelo federalista, haría falta que un partido político valiente planteara que dichas competencias volvieran al Estado. Lo mismo hasta ganaría las próximas elecciones.

IDEAL (La Cerradura), 11/02/2018